Una provincia vecina de la Patagonia presentó un amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares.
La disputa por la protección de las reservas hídricas en Argentina se trasladó al plano judicial. El Gobierno de La Pampa, provincia limítrofe con la región patagónica y parte de la cuenca del río Colorado, anunció la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la reciente reforma de la Ley de Glaciares aprobada en la madrugada de este jueves por el Congreso de la Nación.
El planteo de inconstitucionalidad de La Pampa
El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, encabezó una rueda de prensa donde fundamentó la medida judicial basada en la defensa del medio ambiente y los recursos hídricos compartidos. Según el mandatario, la norma impulsada por el Ejecutivo nacional lesiona derechos consagrados tanto en la Constitución Nacional como en convenciones internacionales.
«Esta ley va a afectar muchísimo a todos los habitantes de La Pampa. Nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente», advirtió Ziliotto. Aunque la provincia no posee glaciares en su propio territorio, el gobernador enfatizó la dependencia del río Colorado, cuyo nacimiento se encuentra en áreas glaciares de la Cordillera de los Andes. El amparo fue acompañado por la Universidad Nacional de La Pampa y diversas organizaciones civiles como la Fundación Chadileuvú.
Los puntos críticos de la reforma legislativa
La nueva ley modifica el marco normativo pionero de 2010. El eje de la controversia reside en la potestad que ahora tendrán las provincias cordilleranas para determinar qué zonas periglaciales pueden ser habilitadas para la actividad minera. El Gobierno de Javier Milei sostiene que la medida es indispensable para fomentar inversiones en litio, cobre y oro, sectores que el Ejecutivo considera estratégicos para la recuperación económica del país.
Desde el sector minero, el argumento es que no todos los ambientes cercanos a los hielos constituyen reservas hídricas esenciales. Por ello, la reforma permite que cada provincia evalúe si un área periglacial posee o no una «función hídrica relevante» antes de autorizar proyectos productivos.
Antecedentes y jurisprudencia de la Corte Suprema
La presentación de La Pampa busca retomar la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2019. En aquel entonces, el máximo tribunal ratificó la constitucionalidad de la ley original, estableciendo que los glaciares son bienes de carácter público y que el acceso al agua, como derecho colectivo, debe prevalecer sobre intereses económicos individuales.
Organizaciones ambientalistas en todo el país se han sumado al rechazo, advirtiendo que la flexibilización de los controles pone en riesgo la seguridad hídrica de futuras generaciones en favor de beneficios corporativos temporales. La presentación de este amparo marca el inicio de una batalla judicial que podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema.