En una resolución judicial clave, la Justicia de Comodoro Rivadavia determinó este viernes que M. J. Ch. continuará bajo prisión preventiva
El imputado, quien ya cuenta con una condena en primera y segunda instancia por delitos de abuso sexual agravado, no logró modificar su situación procesal tras la última revisión de la medida de coerción.
Revisión judicial y postura de las partes
La audiencia, que por ley debe realizarse cada seis meses para supervisar el estado de las detenciones preventivas, tuvo un desarrollo particular. En esta oportunidad, la defensa del condenado, ejercida por el abogado Mauro Fonteñez, presentó un escrito anticipado desistiendo de solicitar cambios, al reconocer la falta de elementos nuevos que permitieran una morigeración de la pena.
Por su parte, la funcionaria de fiscalía, Azul Romero, solicitó formalmente la prórroga de la medida. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que la detención debe mantenerse por un plazo de seis meses adicionales o, en su defecto, hasta que el Superior Tribunal de Justicia provincial resuelva el recurso de queja interpuesto por la defensa.
El fallo de los jueces y el peligro de fuga
Tras analizar los antecedentes y la situación actual de la causa, los magistrados Lilian Borquez y Ariel Tedesco dictaminaron la continuidad de la prisión preventiva. Los jueces fundamentaron su decisión en la vigencia del peligro de fuga, especialmente considerando que la sentencia ya cuenta con el principio de «doble conforme».
M. J. Ch. fue hallado culpable mediante un juicio por jurados y condenado a 10 años de prisión. Los delitos que se le atribuyen incluyen abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la situación de convivencia preexistente con una víctima menor de 18 años.
Condena ratificada por la Cámara
Cabe destacar que la Cámara en lo Penal ya había rechazado previamente los intentos de la defensa por anular el juicio o reducir la pena a 8 años. Al confirmar la sentencia de primera instancia, la justicia ratificó la gravedad de los hechos, que involucran múltiples episodios de abuso en un entorno intrafamiliar.
Como es norma en casos de delitos contra la integridad sexual de menores dentro del núcleo familiar, la identidad del agresor se preserva mediante iniciales. Esta medida busca estrictamente evitar la identificación indirecta de la víctima y proteger su derecho a la intimidad, evitando una posible revictimización en su entorno social.