En el marco de la compleja realidad económica que atraviesa el entramado empresarial, la Cámara de Diputados evalúa una iniciativa orientada a mitigar la presión tributaria sobre los sectores más vulnerables.
En un momento crítico para las pequeñas y medianas empresas, avanza un proyecto de ley que suspende embargos de ARCA y establece planes de pago de hasta 60 cuotas para MiPyMEs.
La propuesta legislativa va en línea con lo que reclaman la UIA y la Cámara de Comercio al Gobierno desde hace semanas y es impulsada por Roxana Monzón, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires.
Los ejes del Régimen de Desendeudamiento y Alivio Fiscal
El proyecto Régimen de Desendeudamiento y Alivio Fiscal para MiPyMEs, presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y girado a la Comisión de Industria, plantea medidas concretas para aliviar la situación:
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Contempla la suspensión automática de embargos y ejecuciones fiscales de ARCA sobre cuentas y bienes de las empresas adherentes.
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Brinda planes de pago de hasta 60 cuotas mensuales con condonación del 100% de los intereses punitorios.
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Da acceso a líneas de crédito del Banco Nación con tasas subsidiadas para capital de trabajo y reconversión productiva.
Al respecto, la diputada Monzón justificó la intervención del Poder Legislativo ante la falta de medidas por parte del Palacio de Hacienda:
«La UIA, la Cámara de Comercio, los contadores y los empresarios de todos los sectores le piden al Ejecutivo que frene los embargos y habilite planes de pago. El Gobierno no responde. Entonces el Congreso actúa. Ese es nuestro rol: darle al sector productivo lo que el Ejecutivo les niega”.
Diagnóstico de situación: Cierre de empresas y caída del empleo
Para respaldar el proyecto, la legisladora remarcó los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que muestra un sector en crisis: desde diciembre de 2023 cerraron más de 25.000 empresas en todo el país, con un pico de 70 cierres por día hábil en enero de 2026.
«Una empresa con las cuentas embargadas no puede cobrar ni pagar. No puede abonar salarios ni comprarle a sus proveedores. ARCA no recupera el crédito: pierde al contribuyente para siempre y destruye empleo. Esto no es presión fiscal, es un tiro de gracia al tejido productivo», señaló la legisladora. Asimismo, el informe advierte sobre el impacto territorial, detallando que en la Provincia de Buenos Aires se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en ese período, equivalente a un tercio del total nacional.
El reclamo del sector empresarial y la respuesta oficial
En las últimas semanas, la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por su presidente Martín Rappallini, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) reclamaron la suspensión de embargos y la habilitación de planes de pago para PyMEs, tanto a ARCA como al ministro de Economía, Luis Caputo.
Sin embargo, hasta el momento la única respuesta fue un régimen especial de hasta 60 cuotas habilitado exclusivamente para clínicas y hospitales privados, sin extender la medida al universo PyME.
«Argentina no puede crecer sobre las ruinas de sus PyMEs. Hay miles de pequeñas y medianas empresas que no cerraron por ineficientes ni por mal administradas: cerraron porque acumularon deudas con el Estado durante la crisis y nadie les dio una salida”, aseguró Monzón. “Embargarle la cuenta a una PyME en crisis no es recaudar: es ejecutar una sentencia de muerte. La oposición tiene propuestas concretas. Este Gobierno solo tiene el ajuste”, concluyó.