En una sorpresiva y profunda medida orientada a desarmar el entramado burocrático del Estado y dinamizar los sectores de la biotecnología y el agro, el Poder Ejecutivo Nacional eliminó de raíz las pautas rígidas que regían para el patentamiento en áreas científicas extremadamente sensibles.
A través de la Resolución Conjunta 1/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la administración libertaria borró de un plumazo la obligatoriedad de la doble validación técnica por parte de múltiples organismos descentralizados para autorizar la propiedad intelectual sobre descubrimientos biológicos. La decisión busca unificar criterios, agilizar los engorrosos trámites registrales y ganar eficiencia técnica en un mercado que mueve millones de dólares.
La drástica flexibilización normativa promete reconfigurar las inversiones en investigación y desarrollo en todo el territorio nacional. La nueva medida deja formalmente sin efecto las históricas resoluciones conjuntas N° 99/01 y N° 810/01.
Aquellas viejas ordenanzas del año 2001 obligaban al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a conformar y sostener mesas y grupos de trabajo permanentes con diversas entidades del Estado antes de emitir un dictamen final sobre la viabilidad comercial de un invento.
Fin a las trabas del INTA y SENASA: Chau a la burocracia científica
Bajo el régimen derogado, el INPI no podía actuar con autonomía y se veía forzado a coordinar y consensuar sus criterios técnicos con el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para definir los límites de patentabilidad de la materia viva y las sustancias naturales. En los considerandos de la nueva normativa, el Gobierno de Javier Milei argumentó que aquel esquema de control cruzado «introdujo rigideces en el mecanismo de actualización de las Directrices sobre Patentamiento, dificultando la modificación de los criterios técnicos en función de los avances científicos, tecnológicos y jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional».
Desde la óptica oficial, la introducción de una instancia adicional de validación administrativa, completamente ajena al organismo técnico competente (el INPI), contribuyó únicamente a tornar mucho más complejo, costoso y burocrático el proceso de definición y actualización de las reglas de juego. El Estado argumentó que sostener esa pesada estructura nacida en el año 2001 era innecesario, dado que el objetivo original de elaborar las directrices técnicas ya se había cumplido acabadamente en el año 2003. Además, recordaron que la propia Ley de Patentes vigente le otorga al INPI todas las facultades legales necesarias para emitir, elaborar y actualizar sus propias directivas de funcionamiento sin consultar a terceros.
Alianza internacional: Buscan que Argentina lidere la previsibilidad global
Con esta profunda reforma regulatoria, las autoridades buscan fortalecer de manera directa la capacidad institucional del INPI. El plan del Palacio de Hacienda es establecer directrices técnicas de examen que sean flexibles, fácilmente actualizables frente a los constantes descubrimientos de laboratorio y que queden estrictamente alineadas con las mejores prácticas internacionales vigentes. Esto favorecerá un entorno normativo sustancialmente más eficiente, previsible y transparente tanto para las corporaciones multinacionales como para los científicos locales solicitantes y titulares de patentes.
La resolución, que de acuerdo a las directivas del Boletín Oficial entró en vigencia inmediata a partir de su publicación este jueves, lleva las firmas del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Con este blindaje normativo, la administración nacional apuesta a que laboratorios internacionales de biotecnología pongan sus ojos y sus capitales en la Argentina, acelerando los registros de semillas modificadas, desarrollos farmacéuticos y compuestos naturales que antes pasaban años congelados en los escritorios de la administración pública.