Un teléfono con acceso a redes sociales dentro de una cárcel dejó de ser, para la política chubutense, un problema de disciplina interna y pasó a ser una amenaza directa para la vida afuera de los muros.
Con esa lectura de fondo, la Legislatura aprobó la ley que prohíbe el ingreso y la tenencia de celulares y otros dispositivos con conexión a internet en unidades de detención de la provincia. El argumento central que sostuvo el oficialismo fue que desde esos lugares se siguieron organizando extorsiones, amedrentamientos y otros delitos que ya impactaron sobre víctimas concretas.
La diputada Andrea Aguilera, una de las voces que defendió la norma, ubicó el problema en un punto preciso: la continuidad del delito desde el encierro. Explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. En su planteo, la provincia decidió intervenir sobre una herramienta que, lejos de cumplir una función inocua, terminó sirviendo para conservar mando, contactos y capacidad de daño desde adentro de los establecimientos penitenciarios.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La gravedad del fenómeno fue una de las razones que, según Aguilera, empujó el amplio respaldo legislativo. Durante la entrevista recordó que en Chubut hubo extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y mencionó también casos en los que personas hostigadas terminaron suicidándose por la presión sufrida. Ese señalamiento le dio a la ley una base política distinta a la de una mera reforma administrativa: la norma se presentó como una respuesta a un daño concreto que ya desbordó el universo penitenciario y golpeó de lleno sobre la sociedad.
No es una prohibición total: la comunicación seguirá existiendo bajo protocolos
El texto aprobado, de todos modos, no quedó planteado como una interrupción absoluta del contacto con el exterior. Aguilera insistió varias veces en que la comunicación seguirá existiendo, aunque bajo protocolos y con herramientas limitadas a usos compatibles con la situación de encierro. Lo resumió así: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación” .
Esa definición fue uno de los puntos más sensibles del debate porque el argumento de la comunicación había sido, durante años, la base de los reclamos para sostener celulares en contextos de detención. Aguilera recordó que durante la pandemia hubo una flexibilización de la regla general y que esa excepción terminó naturalizándose con el tiempo. La legisladora sostuvo que el derecho a comunicarse sigue resguardado para vínculos familiares, defensa, tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero marcó una frontera tajante frente a los smartphones liberados, las redes abiertas y la mensajería sin control.
“Las cárceles se han transformado en call center del delito”
Durante la entrevista, la legisladora fue incluso más lejos al describir el lugar que esos equipos ocupan dentro de las cárceles. Señaló que un celular conectado a redes constituye un elemento de poder para personas privadas de libertad que conservan mando sobre terceros o forman parte de bandas. Con ese tono, reprodujo una idea que también circuló en el debate parlamentario: “Las cárceles se han transformado en call center del delito” .
180 días para reglamentar: el desafío de la implementación
La efectividad de la ley, de todos modos, recién empezará a medirse fuera del recinto. El Ministerio de Seguridad tendrá 180 días para reglamentarla y adaptar cada unidad de detención de la provincia, una tarea que incluye definir protocolos, equipamiento permitido y modalidades de comunicación legal. Ese plazo abre ahora una etapa menos discursiva y mucho más concreta, porque la diferencia entre una ley con impacto real y una consigna política va a jugarse en la capacidad del Estado para hacerla cumplir dentro de cada establecimiento.
Un límite que la provincia no puede resolver sola
Aguilera también dejó planteado un límite que la propia provincia no puede resolver por sí sola. La norma alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita chubutense, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones, en un terreno donde el problema excede a Chubut y se repite con distinta intensidad en buena parte del país.
El debate, entonces, ya salió del plano técnico y se instaló sobre una pregunta más áspera: hasta dónde puede extenderse el poder de una persona detenida cuando el Estado le deja abiertas vías de conexión sin control. La respuesta que dio la Legislatura fue cerrar ese margen en nombre de la seguridad pública, de la protección de las víctimas y del orden dentro de los lugares de encierro.
