La desregulación inmobiliaria y el profundo plan de ajuste implementado en Argentina han empujado a un nuevo perfil social a la intemperie
Familias con empleo formal y jubilados se ven marginados del mercado de alquileres, transformando la fisonomía de la vulnerabilidad en las principales urbes del país.
El nuevo mapa de la vulnerabilidad urbana
La crisis habitacional en la Argentina ha quebrado un límite histórico y estructural. Disponer de un empleo registrado o percibir una jubilación ya no representa un reaseguro para sostener un techo propio bajo las actuales directrices de desregulación económica y ajuste fiscal. Aquella problemática históricamente ligada a los sectores en extrema marginalidad social se ha transformado en un fenómeno generalizado que los especialistas tipifican como «desalojo económico». Se trata de un proceso de exclusión masiva donde familias de clase trabajadora son empujadas a la vía pública al resultarles inviables los nuevos cánones de alquiler.
Los indicadores oficiales de la administración pública nacional comienzan a reflejar formalmente la magnitud del impacto habitacional. El Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situation de Calle, ejecutado por el Ministerio de Capital Humano bajo el marco regulatorio de la Ley N° 27.654, contabilizó un universo de 9.421 personas desamparadas en 19 jurisdicciones del territorio nacional. El dato más concluyente sobre la inmediatez del fenómeno arroja que el 60% de los censados cayó en dicha condición en el transcurso de los últimos dos años, coincidiendo con la aceleración inflacionaria y el deterioro del salario real. Asimismo, el muestreo estadístico evidenció que el 83% del total está compuesto por varones.
Historias detrás del colapso inmobiliario
La fisonomía de esta transformación social se distribuye de manera transversal en el plano federal. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el caso de un jubilado con movilidad reducida desalojado en el barrio de Recoleta por la imposibilidad de afrontar expensas y alquileres expone la desprotección del sector previsional. En el conurbano bonaerense, situaciones homólogas afectaron a pequeños cuentapropistas desalojados de sus propios espacios de producción y vivienda en la localidad de Temperley.
El panorama replica sus dinámicas en los principales centros urbanos del interior del país. En Rosario, grupos familiares integrados por menores y adultos mayores llegaron a pernoctar en espacios públicos céntricos tras quedar excluidos del circuito formal de viviendas. En paralelo, en la capital de Neuquén, efectores periodísticos locales constataron recientemente situaciones de marginalidad extrema en las periferias de la ciudad, localizando a adultos jóvenes habitando de manera precaria dentro de infraestructuras pluviales urbanas.
Organizaciones sociales desbordadas por la demanda
Ante la retracción de los dispositivos de asistencia estatal, el tejido de contención comunitaria y las organizaciones civiles enfrentan un escenario crítico. Referentes de la Asociación Civil Amigos en el Camino, entidad dedicada al acompañamiento y asistencia alimentaria de personas en situación de calle, advierten un incremento de consultas sin precedentes que mantiene saturadas sus capacidades logísticas.
Desde la conducción de la organización explicaron que operan de forma autogestiva, prescindiendo de subsidios gubernamentales, estructuras partidarias o financiamiento eclesiástico. La demanda actual de asistencia telefónica y digital es ininterrumpida. Según describen los coordinadores de las recorridas urbanas, el perfil de los solicitantes denota un severo estado de vulnerabilidad psicológica derivado de la incertidumbre económica. El dilema cotidiano de amplios sectores se debate entre la adquisición de alimentos básicos o el pago de los compromisos habitacionales, un escenario de extrema gravedad que afecta de manera prioritaria a la población de adultos mayores.
El endeudamiento forzoso de los inquilinos
De acuerdo con los relevamientos sectoriales de la Encuesta Nacional Inquilina, las actuales condiciones de libre contratación han consolidado una marcada transferencia de ingresos. Actualmente, uno de cada tres locatarios se ve obligado a destinar entre el 60% y el 100% de sus ingresos netos mensuales exclusivamente para dar cobertura al costo de la vivienda, quedando desprotegidos ante eventualidades de salud o incrementos en las tarifas de transporte.
Este ahogo financiero repercute de forma directa en las pautas de consumo básico: el 70.9% de los inquilinos registra pasivos financieros acumulados, el 53.2% recurre al financiamiento para la compra de alimentos esenciales y el 38.9% utiliza esquemas de endeudamiento para pagar los cánones locativos. Como consecuencia, el 65.1% debió implementar restricciones en su alimentación. Casi el 30% de los inquilinos efectúa únicamente una o dos comidas diarias, un indicador de vulnerabilidad alimentaria que se eleva drásticamente al 41.7% cuando se analiza el segmento de los jubilados.
Asimetrías geográficas del desalojo económico
El impacto del denominado desalojo económico exhibe asimetrías marcadas según la región geográfica analizada. En el indicador de inquilinos que debieron rescindir o abandonar su hogar por la inviabilidad de los nuevos valores contractuales, la provincia de Neuquén lidera la estadística nacional con un 33.3%, seguida por Córdoba con un 23.1%, la Provincia de Buenos Aires con un 20.2%, Santa Fe con un 11.9% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 9.4%.
La situación neuquina representa el punto más crítico del panorama federal, donde uno de cada tres inquilinos se vio obligado a modificar su situación habitacional, duplicando el promedio del territorio nacional. Ante la falta de redes de contención familiar que permitan la absorción de estas estructuras desclasadas, la falta de alternativas habitacionales viables termina consolidando el ingreso directo de familias de sectores asalariados a la situación de calle, reconfigurando la matriz histórica de la exclusión social en el país.