El juicio oral por la causa «Sueños Compartidos» ingresó en su etapa de definiciones en los tribunales de Comodoro Py.
Durante una extensa jornada de alegatos que se prolongó por más de diez horas, el fiscal federal Diego Velasco solicitó condenas para la totalidad de los imputados tras dar por probada la existencia de una estructura destinada al desvío de partidas presupuestarias del Estado nacional.
Pedidos de condena y roles en la estructura
La fiscalía encuadró los hechos bajo la figura de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y requirió las siguientes penas:
-
Pena de seis años de prisión: Solicitada para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario del área, Abel Fatala; y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
-
Pena de cuatro años de prisión: Requerida para los restantes imputados en el expediente, entre los que figuran los exfuncionarios y empresarios Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
De acuerdo con el dictamen acusatorio, De Vido, López y Fatala intervinieron en calidad de coautores del delito. Por su parte, los hermanos Schoklender fueron señalados como partícipes necesarios, mientras que el grupo de empresarios y financistas fue tipificado bajo el rol de partícipes secundarios.
El mecanismo de desvío y la urgencia del tribunal
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que entre los años 2008 y 2011 se montó un esquema delictivo que permitió canalizar de forma irregular más de 206 millones de pesos, de un total de 900 millones asignados originalmente por el Poder Ejecutivo para la edificación de soluciones habitacionales. Al describir el funcionamiento del programa, el fiscal Velasco fue categórico ante los jueces: “Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”.
Según la reconstrucción judicial, los acusados utilizaron la estructura institucional de la Fundación Madres de Plaza de Mayo con el objetivo de eludir los mecanismos habituales de control estatal. El alegato fiscal detalló que el proceso incluyó la asignación de beneficios económicos indebidos a los administradores, modificaciones arbitrarias en las carpetas técnicas de las obras públicas, sobreprecios, adjudicaciones directas sin el debido proceso de licitación y extensiones injustificadas en los plazos de ejecución.
El proceso oral se sustancia ante el Tribunal Oral Federal N° 5, tribunal colegiado que integran los magistrados Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Las audiencias avanzan bajo un cronograma acelerado debido a que la acción penal de la causa enfrenta un plazo de prescripción fijado para el próximo mes de septiembre. Tras concluir la intervención de la fiscalía, el cronograma judicial continuará con las exposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante, para luego dar paso a los alegatos de las defensas técnicas.