Una feroz batalla institucional y civil estalló en las entrañas de la Cordillera de los Andes, amenazando con quebrar el desarrollo productivo regional y desatar un escándalo político de proporciones nacionales.
Municipios andinos, comunidades locales y grandes yacimientos metalíferos competidores se declararon en pie de guerra frente a una sigilosa maniobra corporativa que busca privatizar, de hecho, el estratégico transporte eléctrico de alta tensión. La polémica escaló de forma dramática al confirmarse la directa intervención de la Casa Rosada para favorecer a un gigante holding transnacional, desatando una ola de indignación por lo que se denuncia como una entrega unilateral de recursos energéticos públicos en este invierno de 2026.
La rebelión minera y comunitaria expone una grieta profunda en la planificación de los recursos estratégicos del país. Según los reportes oficiales recabados en las últimas horas, Municipios andinos y mineras locales resisten el intento de monopolio energético de BHP para defender de forma irrestricta el acceso abierto a las redes de interconexión. La puja por el control de la potencia eléctrica mantiene totalmente paralizadas las proyecciones de inversión de los operadores medianos y locales en toda la región cuyana.
La polémica orden de Adorni para blindar el negocio del Consorcio Vicuña
El epicentro del conflicto radica en las condiciones operativas que el consorcio Vicuña —constituido por la poderosa multinacional BHP en alianza con Lundin Mining— pretende imponer sobre la nueva línea de muy alta tensión de 500 kV que interconectará a las provincias de San Juan y La Rioja. Amparados en ser los principales aportantes financieros de la infraestructura, los capitales extranjeros exigen el derecho de exclusividad absoluta sobre la potencia incremental del tendido. La tensión estalló por completo tras la filtración de un documento reservado emitido por la Jefatura de Gabinete de la Nación: el funcionario Manuel Adorni convalidó por escrito ante el Congreso el otorgamiento prioritario de un bloque de 260 MW a favor del pulpo corporativo, avasallando las potestades de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan y violando las leyes de competencia equitativa.
Esta intromisión de los despachos porteños unificó un bloque de resistencia civil e institucional sin precedentes, integrado por los departamentos sanjuaninos de Iglesia y Jáchal junto a los equipos técnicos y legales de megaproyectos mineros de la talla de Veladero, Hualilán y Los Azules. Las autoridades cuyanas manifestaron sus más duros reparos en la última audiencia pública, advirtiendo que la resolución final del organismo regulador federal se dictará bajo sospecha de parcialidad debido a las presiones políticas de la Casa Rosada. Los damnificados denuncian que subordinar un insumo público crítico al arbitraje exclusivo de una sola corporación transnacional sentará un antecedente sumamente peligroso que podría replicarse en toda la Patagonia, destruyendo la seguridad jurídica básica y rigiendo la asignación energética por mero «peso financiero» en lugar de criterios de desarrollo estratégico.
La insólita paradoja chilena: apertura allá y monopolio salvaje en Argentina
La agresiva estrategia de presión desplegada por BHP en suelo argentino expone una paradoja corporativa que roza el cinismo internacional. Mientras en la Argentina exige privilegios monopólicos sobre las líneas públicas, la misma firma ejecuta un agresivo plan de reestructuración y desinversión logística en el mercado de Chile. En el vecino país transandino, la minera inició la liquidación total de sus redes de transmisión de energía —un paquete técnico de aproximadamente 1.000 kilómetros de líneas de alta tensión valorado en unos US$ 1.500 millones— con el propósito explícito de desprenderse de activos no esenciales, acumular liquidez inmediata y concentrar sus inversiones únicamente en la extracción pura de mineral de cobre en yacimientos globales del desierto del norte como Escondida, Spence y Cerro Colorado.
Este diseño financiero, copiado de un modelo que el grupo ya implementó con éxito en Australia para capitalizar el boommundial de la transición energética y la electrificación urbana, despierta el apetito de grandes fondos de pensión internacionales porque los cables chilenos cuentan con consumo asegurado a largo plazo. La contradicción es total: en Chile promueven la desmonopolización y la apertura de los sistemas eléctricos, pero cruzando la cordillera pretenden adueñarse de la red. Las firmas locales que operan en los yacimientos secundarios advierten que si el dictamen de este invierno convalida el beneficio a BHP, el crecimiento industrial de la región cuyana quedará severamente condicionado por las próximas décadas, dejando el futuro de las economías regionales bajo el control unilateral de los directorios extranjeros.