Lo que comenzó como una demora administrativa de más de 90 días se transformó formalmente en la crisis política más profunda del Gobierno nacional
La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lejos de disipar las dudas, desató un escándalo de proporciones mayúsculas que amenaza seriamente su continuidad en el cargo. Acorralado en el plano judicial y aislado políticamente por el arco opositor y sus propios aliados, el funcionario libertario enfrenta sus horas más críticas.
El frente judicial avanzó con celeridad este viernes. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó de manera «urgente» a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Oficina Anticorrupción el envío de la declaración jurada del funcionario y sus posteriores rectificaciones. La Justicia busca cotejar los documentos con las polémicas declaraciones públicas de Adorni, quien admitió haber «ahorrado en negro» y poseer una ganancia de 300.000 dólares en Bitcoins que omitió declarar con anterioridad. Al respecto, especialistas como el exjuez Guillermo Tiscornia advirtieron que la estrategia de defensa del funcionario agrava su situación, puesto que al reconocer la evasión para justificar su patrimonio «quedó atrapado entre dos delitos», configurando una telaraña jurídica de difícil salida.
Pedido de destitución y duro revés de las provincias
La presión institucional sumó un peso determinante desde el interior del país. El bloque legislativo de Provincias Unidas emitió un durísimo documento público afirmando de manera taxativa que «Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros». El escrito, que lleva las firmas de la senadora Alejandra Vigo y de los diputados Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, señala que el funcionario «le mintió al pueblo argentino y ante el Congreso», exigiendo que el Gobierno deje de «encubrir y avalar mentiras».
En paralelo, en la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque de Unión por la Patria y otros espacios opositores presentaron formalmente el pedido para llevar adelante una sesión especial el próximo martes 23 de junio. El objetivo de la convocatoria es aplicar el artículo 101 de la Constitución Nacional e impulsar una moción de censura con el fin de ejecutar la destitución del funcionario, bajo la premisa de que «le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados».
Fuego amigo: Villarruel, Bullrich y los bloques aliados le sueltan la mano
El dato político más demoledor para el jefe de Gabinete es el total aislamiento institucional provocado por el denominado «fuego amigo». La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue categórica y sepultó cualquier defensa al ser consultada en redes sociales sobre si creía en el descargo de Adorni: «No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones», disparó sin filtros. Además, la titular del Senado ejerció una fuerte presión interna para que el funcionario adelante su informe de gestión a la Cámara Alta para este mes de junio, rechazando de plano la intención de Adorni de postergarlo hasta julio.
Por su parte, los bloques aliados terminaron de vaciar de respaldo al funcionario. El PRO emitió un fuerte comunicado tildando la situación de «falta grave» y manifestando que «un funcionario no puede decir que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible». En esa misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, catalogó el episodio como una «omisión ética», mientras que desde la Unión Cívica Radical (UCR) sentenciaron con dureza que «quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado».
Los archivos digitales que desmienten su defensa
Para terminar de sepultar la estrategia de defensa oficial, en las últimas horas se viralizaron masivamente registros fílmicos de archivo correspondientes a los años 2020 y 2022. En dichas entrevistas, el propio Adorni reconocía públicamente no estar «muy metido» en el ecosistema de las criptomonedas e incluso cuestionaba duramente considerar al Bitcoin como una alternativa de inversión real.
Estas pruebas audiovisuales contradicen de forma directa su justificación patrimonial actual, donde alega haber comenzado a «invertir fuerte» en el año 2014 para argumentar el drástico incremento de sus activos de forma lícita. De este modo, las fotos de unidad ensayadas recientemente en las reuniones de la mesa política no lograron maquillar una grieta interna que mantiene paralizada la gestión y deja al vocero del modelo en un escenario de extrema debilidad institucional.