El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1740 de Estados de Excepción con el objetivo de contener la ola de protestas sociales que paraliza al país desde principios de may
La medida otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para desplegar operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas. El objetivo central de la norma es restablecer el orden y desbloquear los puntos estratégicos de las rutas, en medio de un escenario de fuerte confrontación política y desabastecimiento generalizado.
Intervención militar directa en los bloqueos de rutas
La nueva legislación habilita de forma explícita el uso de la fuerza pública y militar para desactivar los más de 90 piquetes y bloqueos de rutas que mantienen aisladas a las principales ciudades bolivianas. El mandatario defendió la medida argumentando que se encuentra plenamente respaldada por el marco constitucional y que su único fin «es proteger a los bolivianos» frente a las protestas iniciadas por sindicatos, agrupaciones campesinas y comunidades indígenas ligadas al expresidente Evo Morales, quienes exigen de manera unánime la renuncia del jefe de Estado.
El epicentro de los disturbios y los choques armados se concentra en la región de Cochabamba, donde los enfrentamientos entre manifestantes y los cuerpos de seguridad se han recrudecido en las últimas horas. La población acusa a la actual administración de incumplir de forma sistemática sus promesas electorales y de mostrar incapacidad técnica para resolver la delicada situación económica que arrastra la nación.
El impacto económico y las alarmantes cifras de la Defensoría
Las consecuencias de las protestas generaron un panorama desolador para el entramado productivo y civil. Según reportes de la Cámara Nacional de la Industria, las pérdidas financieras ya superan los 2.300 millones de dólares debido a la parálisis comercial. El corte crónico de las vías de comunicación terrestres desató una grave escasez de insumos básicos, alimentos de primera necesidad, medicamentos y combustibles, empujando la inflación del mes de mayo al 2,13%, el registro mensual más alto de todo el año.
Por su parte, los organismos de derechos humanos advierten sobre el costo humanitario de la crisis. La Defensoría del Pueblo local oficializó un balance que incluye 10 víctimas fatales, 37 heridos de diversa gravedad y al menos 365 personas detenidas desde el estallido de las movilizaciones, encendiendo alertas internacionales por el uso de la fuerza en territorio civil.
Respuestas paliativas frente al conflicto político
En un intento por desactivar el conflicto y recuperar la iniciativa política, el presidente boliviano calificó a los sectores más radicales de las manifestaciones como grupos «narcoterroristas» y señaló a Evo Morales como el principal promotor de la desestabilización institucional. Paralelamente a la aplicación de la mano dura, el Ejecutivo anunció un paquete de contingencia económica financiado de manera parcial con el recorte de los salarios de los ministros y del propio presidente.
Este plan incluye la renegociación de deudas financieras, la conformación de un fondo de garantía específico para el sector del transporte de cargas y programas de asistencia sanitaria destinados a pacientes oncológicos y renales. No obstante, este abanico de medidas paliativas no logró apaciguar el malestar de los líderes sindicales, quienes ratificaron la continuidad de los bloqueos de rutas y condicionaron el fin de la huelga general a la salida inmediata del presidente del palacio de gobierno.