Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner brindaron detalles sobre la presentación realizada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respuesta a su condena en la causa Vialidad.
La exmandataria se encuentra cumpliendo una pena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su departamento del barrio de Constitución, bajo la modalidad de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El equipo legal integrado por Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim ofreció una conferencia de prensa para precisar los alcances del reclamo internacional, el cual abarca un pedido de fondo y tres medidas cautelares urgentes.
Las tres medidas cautelares presentadas ante el Comité de Derechos Humanos
Según detalló la defensa, la presentación ante el organismo multilateral solicita la suspensión inmediata de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones del arresto domiciliario y la recomposición de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la cual afirmaron que es “imposible que funcione con tres miembros”.
En relación con el régimen de detención que cumple la expresidenta, el abogado español Javier Borrego fundamentó la necesidad de la medida cautelar argumentando restricciones severas a su libertad individual.
“Tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”, explicó Borrego sobre las condiciones en el departamento de Constitución.
Asimismo, el letrado sostuvo que la sentencia responde a motivaciones políticas para marginarla de la contienda electoral:
“Es una maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”, afirmó el abogado internacional.
El marco institucional y los plazos de la resolución
Por su parte, Rafael Valim —quien representó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la causa Lava Jato— buscó encuadrar la acción dentro de los tratados de derechos humanos ratificados por el país y descartó cuestionamientos a la soberanía nacional.
“No es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial. Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”, remarcó Valim ante los medios.
Respecto a los tiempos de respuesta del organismo internacional, los defensores aclararon que la resolución final sobre la cuestión de fondo podría demorar “algunos años”, mientras que las dictámenes u observaciones vinculadas a las medidas cautelares se emitirían “en cuestión de meses”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está agendada para el período comprendido entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre.