Una crisis institucional sin precedentes sacude los cimientos del Poder Judicial de Chubut. La anulación del jury de enjuiciamiento que había destituido a la polémica jueza penal Mariel Suárez reabrió una grieta feroz dentro del máximo tribunal provincial, desatando un tsunami de indignación pública.
La controvertida medida del Superior Tribunal de Justicia devuelve provisoriamente sus funciones a la magistrada que había sido apartada por besar y fotografiarse en la cárcel con un peligroso homicida, dejando la resolución de fondo en un limbo absoluto.
La bomba institucional provocó la furiosa reacción del exministro de la corte de Chubut, Daniel Báez, quien lideró el jury que destituyó a Suárez en primera instancia. El exmagistrado rompió el silencio tras el fallo técnico de dos ministros y tres camaristas que consideraron que su intervención inicial vició el proceso por falta de neutralidad.
La anulación bajo el argumento técnico de que se afectó la garantía de imparcialidad destruye el control corporativo, y disparó con munición gruesa ante los micrófonos: «Supuestamente se anula porque se violó la garantía de imparcialidad, y eso motivaría la nulidad del juicio».
Visitas íntimas en el calabozo y una simulación que conmovió a la región
Las graves anomalías que originaron el escándalo se remontan al año 2021, cuando las fuerzas de seguridad reportaron conductas incompatibles por parte de la magistrada. La comisión acusadora acreditó de forma categórica que Suárez abandonó deliberadamente su jurisdicción simulando un preocupante cuadro de salud mientras se encontraba en pleno turno de su juzgado.
¿El verdadero motivo? Presentarse en una dependencia policial para mantener un encuentro estrictamente privado con el recluso de alta peligrosidad Cristian «Mai» Bustos, quien enfrentaba una inminente y severa condena por el homicidio violento de un integrante de la recordada familia Robert, un crimen aberrante que conmocionó de raíz a los habitantes de la Patagonia.
Báez defendió a capa y espada la legalidad de las actuaciones administrativas iniciales que firmó junto a su par de feria en el receso judicial, asegurando que responder a canales operativos no es prejuzgar. «Hacer una resolución de superintendencia donde designamos una sumariante para que investigue posibles irregularidades eso es prejuzgar», ironizó el exjuez en su descargo.
El largo derrotero institucional incluyó una investigación inicial de la camarista Flavia Trincheri como sumariante, un dictamen girado al pleno del Superior Tribunal de Justicia bajo la presidencia de la doctora Camila Banfi y una posterior elevación formal al Consejo de la Magistratura a través de una comisión especial.
Votaciones cruzadas, sospechas de impunidad y el descargo contra el Consejo
La destitución original de la magistrada Mariel Suárez se había resuelto mediante una votación sumamente ajustada de tres votos contra dos.
El veredicto condenatorio que consideraba incompatible su permanencia en el cargo por violar las normas de decoro y prudencia inherentes a su función judicial contó con el respaldo explícito del propio Daniel Báez, el doctor Miguel Barreto y la diputada Williams, imponiéndose frente a la cerrada oposición de dos legisladores de la provincia. Hoy, toda esa estructura investigativa y política que demandó años de tramitación burocrática quedó completamente desactivada por el tribunal de alzada.
La anulación del proceso instala una fuerte contradicción sobre el rol de los consejeros independientes y el peligro inminente de que plazos y prescripciones técnicas consagren la impunidad definitiva de la imputada. En su durísimo descargo radial, Báez destrozó el funcionamiento del sistema afirmando sin vueltas que «el Consejo de la Magistratura no sirve para nada» si las resoluciones posteriores borran lo investigado.
La incertidumbre sobre si el Estado provincial impulsará un nuevo enjuiciamiento o si la Justicia ordinaria determinará la existencia de un delito penal agrava la tensión institucional en el Superior Tribunal de Justicia. Con total indignación frente al humor generalizado de la ciudadanía por este autoblindaje judicial, el exministro cerró tajante: «El mensaje es hacia la ciudadanía. Parece ser que esto es una joda».