Una profunda investigación federal sobre una descomunal estafa a la obra social de los jubilados dio un vuelco dramático y derivó en un segundo expediente penal de extrema gravedad
Durante un allanamiento en la localidad santafesina de Wheelwright, las fuerzas de seguridad secuestraron ampollas de fentanilo y morfina ocultas en una caja fuerte. El impactante hallazgo transformó el caso y terminó con un cardiólogo y un enfermero bajo prisión preventiva, acusados de integrar una oscura trama que combina desvío de fondos públicos y el manejo ilegal de potentes estupefacientes medicinales.
De una estafa de 700 millones de pesos al tráfico de drogas clínicas
La causa original, impulsada por la UFI-PAMI, investigaba una colosal maniobra de facturación irregular encabezada por el cardiólogo Martín Andrada. El médico quedó bajo la lupa tras registrar un volumen de actividad física y humanamente imposible: entre 2023 y 2025 afirmó haber atendido a más de 5.000 afiliados y realizado más de 50.000 prácticas complejas. Los fiscales federales detectaron que el perjuicio económico ronda los 700 millones de pesos —de los cuales el Estado ya había pagado 580 millones— y descubrieron que miles de los pacientes supuestamente atendidos vivían en otras provincias o denunciaron que jamás habían pisado el consultorio del imputado.
Sin embargo, las órdenes de allanamiento dictadas para buscar documentación contable abrieron una caja de Pandora en la vivienda que el médico compartía con un enfermero. En el procedimiento, la Justicia Federal secuestró 243 ampollas utilizadas de fentanilo (un poderoso opioide sintético), 50 ampollas intactas de morfina guardadas bajo llave, vacunas, materiales quirúrgicos de alta complejidad y cargamentos de insumos médicos cuya procedencia institucional no pudo ser justificada de ninguna manera.
Prisión preventiva por 90 días y ejercicio ilegal de la medicina
Tras los resultados del operativo, se llevó a cabo una audiencia de urgencia en el Juzgado Federal de Venado Tuerto. Ante las pruebas recolectadas, los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi imputaron formalmente a ambos profesionales de la salud por el delito de suministro de estupefacientes fuera de los casos permitidos por la terapéutica, agravado por un supuesto destino ilegítimo, sumado al cargo de ejercicio ilegal de la medicina.
El juez federal Aurelio Cuello Murua validó los riesgos procesales y dictó la prisión preventiva obligatoria para el cardiólogo y su asistente por un lapso de 90 días mientras se peritan los teléfonos celulares y los libros de guardia secuestrados. En los próximos días se celebrará una nueva audiencia clave por el tramo del fraude económico, donde los investigadores intentarán determinar si los medicamentos secuestrados formaban parte de un circuito de desvío de insumos de hospitales públicos o si eran utilizados para sedaciones clandestinas.