Las acciones institucionales orientadas a contener el impacto de la violencia de género en el núcleo familiar continúan bajo monitoreo en la agenda pública de la Patagonia.
En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, la Fiscal de Impugnación, Silvia Pereyra, brindó detalles sobre la implementación de la Ley Brisa en la provincia y destacó la importancia de esta herramienta destinada a garantizar una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio.
En diálogo con Canal 12 Web, la funcionaria explicó que la Ley Nacional N° 27.452 fue sancionada en 2018 y surgió a partir del caso de Brisa Barrionuevo, una niña que junto a sus hermanos quedó en una situación de extrema vulnerabilidad tras el femicidio de su madre, cometido por su padre.
Alcance y funcionamiento de la normativa nacional
Pereyra señaló que la normativa reconoce como víctimas indirectas de los femicidios a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por razones de género y prevé una reparación económica para quienes quedaron sin el sostén de su madre o progenitora:
Definición legal de los destinatarios: “Consiste fundamentalmente en una ayuda económica para víctimas de femicidio, porque la ley considera víctimas a los hijos de las personas que perdieron a su madre o progenitora”, explicó.
La reparación está destinada a menores de 21 años y también alcanza a personas con discapacidad sin límite de edad. Además del beneficio económico, contempla cobertura de salud para los destinatarios. Al respecto, la fiscal precisó: “El alcance es para niños que han quedado sin su madre a raíz de un femicidio o de un caso de violencia de género hasta los 21 años de edad, o personas discapacitadas sin límites de edad”.
Articulación judicial y acompañamiento en Chubut
La fiscal recordó que Chubut comenzó a implementar la Ley Brisa poco después de su sanción, aunque destacó que la provincia ya contaba desde 2006 con mecanismos de asistencia a víctimas de delitos graves impulsados por el entonces fiscal de Estado, Jorge Miquelarena. Actualmente, la aplicación de la ley se realiza de manera articulada entre múltiples organismos públicos:
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Gestión del trámite: Pereyra indicó que el procedimiento se inicia mediante la presentación de un formulario ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con acompañamiento y asesoramiento del Servicio de Asistencia a la Víctima.
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Asistencia técnica: “El asesoramiento se brinda a través del Servicio de Asistencia a la Víctima, que además informa a la Oficina de la Mujer sobre el estado de las causas para realizar el monitoreo correspondiente”, señaló.
Según datos aportados por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, actualmente 31 personas acceden a la reparación económica de la Ley Brisa en Chubut. Además, existe un caso en etapa de gestión y otras diez personas fueron asesoradas para iniciar el trámite. La fiscal también recordó que en 2019 el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había informado que 19 personas de la provincia ya percibían este beneficio.
Naturaleza del beneficio y registros de violencia en la provincia
Uno de los puntos que Pereyra consideró importante aclarar es que la Ley Brisa no constituye un subsidio social tradicional:
Diferencia conceptual: “Esto no es un subsidio. Es una reparación económica y no tiene nada que ver con los subsidios que otorga ANSES. Se tramita ante el mismo organismo, pero por una vía diferente”, explicó. Asimismo, remarcó que la percepción de este beneficio no excluye el acceso a otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo u otras ayudas estatales.
Durante la entrevista, la fiscal aportó cifras sobre la situación provincial en materia de violencia de género. Entre 2013 y 2025 se registraron en Chubut 35 femicidios directos y tres femicidios vinculados, hechos que dejaron a 47 menores de edad sin madre o progenitora.
Pereyra sostuvo que, si bien ninguna medida puede reparar la pérdida de una madre, la Ley Brisa representa una herramienta fundamental para fortalecer el acceso a la justicia y brindar acompañamiento económico a quienes atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad. “Sabemos que la pérdida de una madre es irreparable, pero el acceso a la justicia se ve fortalecido con la aplicación de esta ley y con la posibilidad de que las víctimas puedan acceder a esta reparación económica”, concluyó.