La escena política argentina volvió a encenderse tras un contundente pronunciamiento que sacude las estructuras del peronismo bonaerense.
En una fecha cargada de fuerte simbolismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires rompió el silencio con un mensaje explosivo que busca marcar la cancha de cara al complejo armado electoral que se avecina. Con declaraciones que prometen reavivar la grieta, el mandatario provincial disparó munición pesada contra el esquema judicial y los sectores concentrados del poder económico.
La interna peronista en pausa por un duro reclamo judicial
A pesar de la feroz interna que mantiene actualmente con la cúpula de La Cámpora, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió hacer un paréntesis en las disputas domésticas para referirse al primer año del cumplimiento de la prisión domiciliaria de la exvicepresidenta. A través de un extenso descargo en sus redes sociales oficiales, el mandatario provincial no se guardó nada y calificó el fallo contra la exjefa de Estado como «una enorme infamia a la vista de todos», buscando consolidar un fuerte frente de resistencia discursiva.
Kicillof arremetió con dureza al asegurar que dicha pena de reclusión fue dictada de forma corporativa por facciones del Poder Judicial que se encuentran completamente «alejadas de la Justicia» y, por el contrario, sumamente «cercanas al poder real». En esa misma línea argumental, remarcó que la dirigente peronista resultó víctima directa de una larguísima y sistemática persecución política. Para el gobernador, la condena final terminó siendo un acto «arbitrario» y carente de sustento técnico, afirmando que estuvo totalmente «desprovista de pruebas» y burdamente justificada bajo la polémica premisa judicial de que la exmandataria «no podía no saber» lo que ocurría en su administración.
Alertas por el clima de odio y sospechas sobre el atentado
El jefe del Estado bonaerense expandió su denuncia señalando que el acoso institucional no se limitó únicamente a la figura de la exlíder del Frente de Todos, sino que las terminales mediáticas y judiciales también persiguen activamente a los integrantes de su familia nuclear. Kicillof advirtió que estas maniobras coordinadas alimentan de manera constante un peligroso clima de hostilidad y violencia social en el territorio argentino, el cual tuvo su manifestación más salvaje e indiscutible en el intento de magnicidio que la dirigente sufrió en la vía pública.
Al respecto, lanzó un fuerte reproche institucional enfocado en los tiempos de los tribunales de Comodoro Py. El gobernador enfatizó que, a casi cuatro años de haberse perpetrado el atentado, la investigación penal orientada a descubrir a los verdaderos autores intelectuales que planificaron, financiaron e instigaron el ataque físico contra la expresidenta «brilla completamente por su ausencia», dejando un manto de impunidad sobre el proceso.
Un modelo económico de exclusión y el contraataque final
Vinculando la situación judicial con la coyuntura macroeconómica, el mandatario de la provincia más poblada del país indicó que los mismos intereses corporativos que impulsaron el proceso contra la exmandataria son aquellos que hoy sostienen un modelo financiero y social destructivo. Denunció que el esquema vigente pulveriza de forma drástica los salarios del sector formal y los haberes de las jubilaciones, mientras destruye la industria nacional, recorta derechos laborales e históricos beneficios sociales, concentrando la riqueza en un selecto grupo minoritario.
Kicillof advirtió que todo este proceso de degradación ocurre de forma simultánea mientras el actual Presidente de la Nación alimenta diariamente el resentimiento colectivo y ataca ferozmente las bases fundamentales de la convivencia democrática. Como cierre de su descargo, el dirigente bonaerense buscó dar una muestra de lealtad doctrinaria en medio de los ruidos electorales con el kirchnerismo duro: «A un año de aquel fallo, ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia, tenemos la obligación de defender la democracia», concluyó con firmeza.