En Argentina se profundiza la crisis del entramado productivo PyME, con un crecimiento sostenido de procesos judiciales por concursos preventivos y quiebras.
Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, 24.437 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas en todo el país, generando un fuerte impacto económico y social.
De acuerdo con el informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), este escenario no solo refleja la caída de la producción y el consumo, sino también una ruptura estructural en la cadena de pagos que empuja a las firmas a la cesación de pagos y a su judicialización.
El fenómeno ya afecta de manera directa a cientos de miles de trabajadores en todo el país.
Más de 327 mil trabajadores afectados por cierres
El informe advierte que el cierre de estas empresas dejó a 327.813 trabajadores sin cobertura del sistema de riesgos del trabajo, evidenciando la magnitud del impacto laboral.
El abogado del IPA, Germán Alberto Pizzano, explicó que “la crisis PyME ya llegó a la Justicia” y señaló que lo que antes se reflejaba en fábricas o comercios ahora “se ve en los tribunales comerciales”.
Fuerte aumento de concursos preventivos
Los datos muestran una tendencia creciente en la judicialización de la crisis empresaria. En 2023 se registraron 82 concursos preventivos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 190 casos, lo que representa un aumento del 131,71%.
En el primer trimestre judicial de 2026 ya se iniciaron 92 nuevos procesos concursales, lo que confirma la aceleración del deterioro económico del sector.
Empresas en situación crítica y pérdida de empleo
Pizzano advirtió que el aumento de concursos refleja que muchas empresas atraviesan una situación de “impotencia patrimonial”, lo que pone en riesgo su continuidad.
Además, remarcó que cada cierre empresarial no solo implica pérdidas financieras, sino también la destrucción de empleo directo e indirecto y la ruptura de cadenas de valor en distintos sectores productivos.
Pedido de emergencia económica para las PyMEs
Ante este panorama, el Observatorio IPA propuso la sanción de una legislación de emergencia económica y productiva, que incluya suspensión de ejecuciones judiciales, ampliación de plazos concursales y herramientas de asistencia transitoria.
“Se trata de una respuesta urgente y transitoria para evitar que la crisis termine en quiebra”, sostuvo Pizzano, quien insistió en la necesidad de recuperar el crédito y el mercado interno.
El informe concluye que la intervención del Congreso será clave para la supervivencia de miles de empresas en el país.
La crisis PyME en Argentina avanza hacia una etapa crítica, con más empresas en concurso, más cierres y un impacto directo sobre el empleo y la producción nacional.