Senado: la reforma electoral se posterga hasta agosto por falta de consenso.
El debate sobre la reforma electoral en el Senado ha quedado sujeto a una demora forzosa. Ante la falta de apoyos suficientes para avanzar con el proyecto enviado por el Gobierno, el oficialismo ha decidido posponer la discusión hasta después del receso invernal, que culmina a fines de julio. La piedra de toque de este freno legislativo es la eliminación de las elecciones primarias (PASO), una medida que enfrenta un rechazo contundente por parte de la UCR, el PRO y diversos bloques provinciales, sectores clave para alcanzar la mayoría necesaria en la Cámara Alta.
Un complejo escenario de números y negociaciones
El oficialismo cuenta actualmente con 21 senadores propios y requiere llegar a 37 votos para lograr la mayoría agravada necesaria para aprobar la reforma. El problema central radica en que, a pesar de los esfuerzos del ministro del Interior, Diego Santilli, por tender puentes con gobernadores peronistas y dialoguistas, no se ha logrado consolidar el apoyo de 16 legisladores adicionales. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya ha notificado formalmente a la Casa Rosada sobre la imposibilidad numérica de eliminar las PASO bajo el esquema actual.
El Ejecutivo, por su parte, se mantiene firme en su postura original, rechazando hasta ahora alternativas intermedias que han circulado en los pasillos parlamentarios, tales como convertir las primarias en optativas o suspenderlas temporalmente para 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha mostrado reticencia a ceder en este punto, lo que ha bloqueado incluso la posibilidad de tratar por separado iniciativas con mayor consenso, como la ley de «Ficha Limpia», que diversos bloques opositores habían solicitado votar de forma independiente.
Puntos clave de la reforma en disputa
La propuesta del Gobierno es ambiciosa y abarca cambios estructurales que han generado una fuerte resistencia. Además de la eliminación de las primarias, el paquete legislativo incluye la implementación de «Ficha Limpia» para inhabilitar a candidatos con condenas en segunda instancia por delitos dolosos, y una profunda reconfiguración del sistema de partidos políticos. Entre otras modificaciones, se propone elevar a 10 el número de distritos necesarios para el reconocimiento nacional y reducir drásticamente el aporte público para financiar campañas, fomentando en su lugar una apertura mayor al financiamiento privado.
Asimismo, el proyecto contempla la eliminación de la publicidad gratuita en medios de comunicación y del debate presidencial obligatorio, además de ajustes en el uso de la Boleta Única de Papel. Ante este panorama, los próximos dos meses funcionarán como una instancia de prueba definitiva. El oficialismo deberá decidir si persiste en su estrategia integral o si, ante la parálisis legislativa, acepta abrir la negociación para avanzar al menos con aquellos puntos que cuentan con el visto bueno de sus socios dialoguistas.