En un movimiento estratégico que reconfigura el esquema operativo del Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional concretó este jueves dos nombramientos de peso en la estructura del Ministerio de Justicia.
A través de medidas oficiales que buscan dinamizar la gestión pública, la administración central oficializó la incorporación de dos funcionarios técnicos de trayectoria para ocupar áreas neurálgicas en el Gabinete que conduce Juan Bautista Mahiques.
Las dos nuevas caras que asumen la gestión de forma ‘ad honorem’
Las decisiones quedaron formalizadas mediante los Decretos 677/2026 y 678/2026 publicados en el Boletín Oficial. Las normativas establecen la designación del licenciado Mariano Ezequiel Fantoni como el nuevo Secretario de Coordinación Administrativa, mientras que el abogado Jorge Ignacio Moreno asumirá las funciones al frente de la Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana. Ambos nombramientos rigen de manera retroactiva con fecha de inicio a partir del pasado 13 de julio de 2026.
Un detalle central de estas resoluciones es que ambos cargos se desempeñarán con carácter «ad honorem», lo que implica un ahorro para las arcas públicas en concepto de sueldos ejecutivos. Los documentos normativos cuentan con el aval directo y la firma conjunta del presidente Javier Milei y del titular de la cartera judicial, Juan Bautista Mahiques.
Un reordenamiento clave para fortalecer la vinculación ciudadana y administrativa
El desembarco de Fantoni y Moreno busca consolidar dos ejes prioritarios de la cartera: la optimización del presupuesto interno y el contacto institucional directo con los ciudadanos. La Secretaría de Coordinación Administrativa resulta indispensable para el engranaje económico del ministerio, mientras que el área de Vinculación Ciudadana aspira a tender puentes entre los reclamos sociales y las soluciones institucionales de la Justicia en todo el territorio nacional.
Con este reordenamiento de piezas en el área judicial, el Gabinete suma nombres estratégicos para afrontar la segunda mitad del año parlamentario y administrativo, garantizando un esquema más ágil de toma de decisiones sin expandir la masa salarial del Estado.