El camarista federal Martín Irurzun presentó un recurso extraordinario en un último intento por permanecer en su cargo dentro de la Cámara Federal de Comodoro Py, desafiando el límite de edad estipulado por la Constitución Nacional. El magistrado cumplirá 75 años este sábado 18 de julio.
Dado que el Poder Ejecutivo resolvió no activar su pedido de renovación y tras recibir fallos adversos en primera y segunda instancia, el juez busca que la Corte Suprema de Justicia intervenga en el caso. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal prevé definir este lunes si concede el recurso y eleva el expediente al máximo tribunal.
El debate por el límite constitucional de edad
La reforma constitucional de 1994 estableció los 75 años como el tope etario para el ejercicio de la función judicial, permitiendo extensiones por plazos de cinco años únicamente si el Presidente de la Nación remite el pliego y el Senado otorga su aprobación. Aunque Irurzun —quien se desempeña en el tribunal desde hace 32 años— solicitó formalmente la prórroga el año pasado, la gestión de Javier Milei optó por no enviar su postulación al Congreso.
Ante este escenario, el magistrado inició una demanda judicial hace un mes bajo el argumento de que la Convención Constituyente de 1994 carecía de facultades para modificar el principio de inamovilidad de los jueces mediante un límite de edad. No obstante, su planteo fue desestimado inicialmente por el juez federal Enrique Alonso Regueira y, posteriormente, por la Cámara de Apelaciones del fuero.
A la espera de una resolución, el tribunal de alzada solicitó al Poder Ejecutivo que fije su postura de manera urgente. Los antecedentes de la Corte Suprema determinan que todo magistrado que alcance los 75 años sin contar con un nuevo acuerdo del Senado debe cesar de forma inmediata en sus funciones.
Reconfiguración de un tribunal clave para el Gobierno
La potencial salida de Irurzun coincide con un período de transición en la Cámara Federal de Comodoro Py, tribunal estratégico encargado de revisar las causas de corrupción de funcionarios públicos. Actualmente, el cuerpo técnico tiene bajo análisis la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos traslados durante la administración de Mauricio Macri fueron declarados transitorios por el propio Máximo Tribunal.
Con este nuevo casillero vacío, el gobierno de Milei contaría con la posibilidad regulatoria de sustanciar los concursos para cubrir la mitad de los cargos de este tribunal de alta relevancia política.
Irurzun ingresó al Poder Judicial como juez federal en 1987 bajo el mandato de Raúl Alfonsín, y fue promovido a la Cámara Federal en 1994 durante la presidencia de Carlos Menem.