Una trascendental medida oficial acaba de sacudir el tablero energético e industrial argentino al despejar definitivamente el camino para una inversión privada sin precedentes.
Tras semanas de tensiones institucionales y reclamos cruzados entre distritos provinciales, las autoridades nacionales decidieron avanzar con firmeza para respaldar el despliegue de obras estratégicas en el ámbito minero de gran escala.
El Gobierno avaló el plan de expansión eléctrica de la minera Vicuña Argentina para su proyecto Josemaría, rechazando de manera categórica las impugnaciones presentadas por provincias y firmas competidoras. La medida se concretó mediante la Resolución 330/2026, emitida por el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, otorgando el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un conjunto de obras de extra alta tensión en la provincia de San Juan.
Obras clave en San Juan y prioridad de uso exclusiva por un cuarto de siglo
La normativa aprobada habilita la adecuación de la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan para vincularla en 500 kV con Rodeo, la edificación de la playa de 500 kV de la ET Rodeo, y la construcción de una Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. Asimismo, contempla la creación de la Nueva ET Chaparro (500/220 kV) para conectar los 260 MW de demanda inicial del emprendimiento.
El pronunciamiento ratifica para Vicuña una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental generada, con una vigencia ininterrumpida de 25 años. El ENREGE fundamentó el fallo bajo el principio de que «el beneficiario paga», remarcando que el privado asume el 100% del costo y riesgo financiero (CAPEX), lo que impulsa el desarrollo del sistema eléctrico sin cargar costos al Estado ni a los usuarios residenciales.
Portazo a las impugnaciones de San Juan, La Rioja y firmas competidoras
La resolución oficial desestimó formalmente las oposiciones elevadas en la Audiencia Pública del 3 de junio de 2026. Los reclamos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan y la Secretaría de Energía de La Rioja fueron rechazados bajo el argumento de que el transporte en alta tensión es de jurisdicción federal exclusiva, descartando cualquier derecho de veto provincial sobre el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
En paralelo, se descartaron los planteos de las mineras Andes Corporación Minera (Proyecto Los Azules) y Golden Mining (Proyecto Hualilán), que denunciaban un bloqueo a otros desarrollos. El organismo regulador sostuvo que la obra fortalece la red y que el 10% de capacidad libre restante alcanzará para atender demandas intermedias. Con el aval otorgado, Transener se encargará de la operación y mantenimiento de las instalaciones terminadas, mientras que Vicuña gestionará las servidumbres de electroducto.