El Gobierno nacional analiza los pasos legales a seguir para frenar la ejecución de una sentencia de la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La medida busca contener un reclamo por US$390.907.115 al 10 de diciembre de 2024 —más intereses acumulados— presentado por la firma Titan Consortium 1 LLC, cesionaria de los derechos del Grupo Marsans.
La decisión oficial se produce luego de que la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara el fallo adverso contra el Estado argentino, al desestimar el planteo de prescripción formulado por la defensa nacional.
Las alternativas de la Procuración del Tesoro
Frente al revés judicial, la Procuración del Tesoro quedó a cargo de evaluar el abanico de recursos procesales disponibles. Entre las opciones en estudio se contempla solicitar una reevaluación ante los mismos magistrados, pedir la intervención de la Cámara en pleno (en banc) o acudir de forma directa a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“Estamos analizando eso”, confirmaron fuentes de Balcarce 50 respecto de los caminos en carpeta. De forma paralela, el Ejecutivo buscará la suspensión de los efectos de la sentencia para bloquear eventuales medidas cautelares o intentos de embargo sobre activos del Estado en suelo norteamericano. “Todo. No descartamos nada”, agregaron desde despachos oficiales.
Antecedentes del conflicto y postura del Ejecutivo
El origen de la causa se remonta a 2009, cuando las firmas Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A. recurrieron al CIADI tras la expropiación de sus acciones sancionada por la Ley 26.466 en 2008. En 2017, el tribunal del organismo condenó al país al pago de aproximadamente US$321 millones más costas, decisión que quedó firme en 2019 tras rechazarse el pedido de anulación interpuesto por la Argentina.
Posteriormente, Titan inició la demanda de ejecución en la Corte de Distrito de Columbia en 2021. La controversia central se enfocó en el plazo de prescripción: mientras la defensa argentina sostuvo la vigencia de un límite de tres años, los tribunales estadounidenses determinaron la aplicación de un margen de doce años, criterio revalidado por la alzada.
Desde Balcarce 50 enfatizaron que el fallo recae de manera exclusiva sobre el Estado nacional y no compromete el funcionamiento de la línea aérea de bandera. Asimismo, la administración central encuadró el expediente dentro de los pasivos heredados por litigios internacionales, atribuidos a decisiones adoptadas durante gestiones previas. En esa línea, fuentes de la defensa señalaron que la causa forma parte del “costo institucional de decisiones estatistas de las últimas décadas”.
El oficialismo también monitorea el eventual impacto del dictamen sobre otras demandas contra la República Argentina, como el caso de la constructora italiana Webuild. Aunque la prioridad se concentra en agotar la vía judicial para dilatar la ejecución, tampoco se descarta la posibilidad de entablar negociaciones con el fondo demandante. “Veremos. Queremos ganar siempre”, concluyeron desde la defensa técnica del país.