El dirigente de izquierda y excandidato presidencial por Juntos por Perú, Roberto Sánchez, rechazó de forma categórica los resultados del balotaje que consagraron como mandataria electa a la derechista Keiko Fujimori.
Durante un acto político y posterior conferencia de prensa en la sede de su partido, Sánchez calificó la próxima administración de «ilegítima» y anunció la conformación de un frente patriótico orientado a revertir el actual escenario político institucional del país.
Ante una audiencia compuesta por militantes y equipos técnicos, el referente de izquierda expuso los fundamentos de la impugnación legal presentada contra el proceso electoral, argumentando graves anomalías en los mecanismos de escrutinio. De acuerdo con sus declaraciones, en los recientes comicios “no hubo transparencia ni trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta”, en alusión directa a las modificaciones de último momento aplicadas a los protocolos de recepción y conteo de los votos emitidos en el extranjero.
Denuncia internacional y demandas internas
Sánchez defendió el caudal electoral obtenido dentro de las fronteras nacionales, donde se impuso en 16 de las 24 regiones del país, logrando el 50,08 % de los sufragios a nivel local. Respecto a la validez del escrutinio general, el dirigente señaló de forma directa a los organismos responsables del proceso: “Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar”, precisó.
En sus cuestionamientos, el excandidato afirmó que el próximo Ejecutivo “nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú”. Bajo este diagnóstico, condicionó cualquier posibilidad de diálogo con la gestión entrante al cumplimiento de una agenda de reparación histórica e institucional, exigiendo la conformación inmediata de una comisión independiente que investigue las 50 muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. “Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar”, advirtió.
Exigencias al Congreso y liberación de Castillo
La plataforma de acción fijada por la coalición de izquierda también demanda la derogación total de las denominadas “leyes pro crimen”, un paquete de normativas aprobadas en los últimos dos períodos legislativos que, de acuerdo con analistas jurídicos, han facilitado la expansión del crimen organizado en el país. Asimismo, Sánchez incorporó a los reclamos la liberación del expresidente Pedro Castillo, actualmente recluido tras su destitución.
“Mientras no haya consideración de estas medidas urgentes y prioritarias no le creemos nada, no le tenemos confianza y aquí estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, dignidad y soberanía”, concluyó el dirigente, asegurando que la fuerza política que encabeza ha consolidado su representatividad territorial para constituirse como la principal alternativa de gobernabilidad en Perú.