Los Tribunales de Puerto Madryn fueron escenario este miércoles de la audiencia de apertura de investigación en una causa por presunto abuso sexual y corrupción de menores, en la que se imputa al padre de la víctima.
La sesión fue presidida por la jueza Patricia Asaro, quien ratificó el inicio formal del proceso penal tras desestimar las objeciones presentadas por la defensa del acusado.
Al finalizar la jornada, el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, confirmó que la resolución judicial dejó firme el avance de la causa y rechazó los planteos que buscaban frenar el expediente.
“Ya estamos en pleno proceso penal. Hubo reiterados planteos de oposición por parte de la defensa, entre ellos pedidos de nulidad, suspensión de la investigación y objeciones a la realización de la Cámara Gesell, pero todos fueron rechazados”, sostuvo Gallego.
Las medidas de prueba y la citación a Cámara Gesell
Con la habilitación judicial, la querella anunció la ejecución inmediata de diversas diligencias probatorias orientadas al esclarecimiento de los hechos.
Entre los pasos a seguir dentro del plan de prueba, se destacan:
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Historial médico: La solicitud de la historia clínica de la menor al Hospital Andrés Isola.
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Declaración testimonial: La citación como testigo de la abogada Mónica Mun, quien habría receptado el relato inicial de la niña.
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Entrevista especializada: La realización de una Cámara Gesell bajo los protocolos nacionales vigentes.
En este punto, el letrado detalló que la asesora de menores requirió que la entrevista se lleve a cabo estrictamente conforme al protocolo nacional, considerando la particularidad de que en esta etapa el Ministerio Público Fiscal no actúa como parte acusadora.
Investigación a la Fiscalía por presunta inacción
Uno de los aspectos institucionales más relevantes de la resolución fue la orden de enviar testimonios y audios a la Procuración General de Chubut para auditar el desempeño del fiscal Alex Williams.
La querella denunció que la causa permaneció sin movimientos durante aproximadamente seis años, situación que atribuyen a una inactividad del Ministerio Público Fiscal.
“La jueza dispuso el envío de copias y audios para que la Procuración General tome conocimiento de lo ocurrido y evalúe la actuación del fiscal”, indicó el abogado querellante.
Durante el desarrollo de la audiencia, fue el propio Gallego quien notificó formalmente al imputado sobre los cargos que se le atribuyen, asumiendo la imputación de forma directa. La calificación legal contempla delitos de abuso sexual y corrupción de menores, figuras que en un eventual juicio oral podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Un antecedente en el sistema penal acusatorio
El representante de la víctima remarcó el carácter inédito del trámite judicial dentro del marco normativo local, al tratarse de una querella autónoma que impulsa de manera directa el proceso ante la falta de acusación fiscal.
A pesar de la gravedad de las imputaciones, la Justicia no dictó medidas de coerción contra el acusado, quien no obstante quedó formalmente supeditado al proceso.
El equipo querellante confía en que las diligencias dispuestas permitan dar celeridad a la causa tanto en el ámbito sustantivo como en la revisión del desempeño judicial.
“Vamos a avanzar muy rápido en ambos frentes y seguramente tendremos novedades en pocos días”, concluyó Gallego.