El barco pesquero J. Barreiro (Mat. 03325), perteneciente a la empresa CONARPESA, lleva 22 días sin poder operar como consecuencia de una interdicción de salida dispuesta el pasado 4 de agosto por la jueza Amorina Úrsula Testino.
La paralización de la embarcación mantiene frenada la actividad productiva y genera un fuerte impacto económico sobre las familias de tripulantes y personal de planta.
A pesar de que la compañía pesquera concretó los pagos correspondientes para dejar sin efecto la medida cautelar, la magistrada Testino se excusó del expediente y no firmó la resolución del levantamiento. Como resultado, la nave permanece amarrada en puerto sin una definición judicial sobre su salida.
Impacto económico: pérdidas de producción y caídas en los ingresos
La parálisis del buque genera un freno operativo que afecta de manera directa a la cadena de valor pesquera. En términos de volumen productivo, cada tres días de inactividad representan cerca de 20 toneladas de langostino que dejan de procesarse.
El perjuicio financiero también repercute en los sueldos de los trabajadores asociados al barco:
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Tripulantes: Cada marinero deja de percibir un salario bruto promedio estimado en $1.563.659 por marea no realizada.
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Trabajadores de planta: Cada operario en tierra deja de ingresar $97.328 por cada jornada de trabajo perdida.
Una cadena productiva detenida a la espera de una firma
Desde el inicio del bloqueo judicial el 4 de agosto, la embarcación no ha podido cumplir con su programación de mareas. La falta de actividad traslada el costo operativo directamente a los trabajadores, cuya retribución depende en gran medida de las jornadas trabajadas y el volumen de captura.
Mientras la empresa pesquera ya hizo efectivas las obligaciones monetarias requeridas para destrabar el proceso, el apartamiento de la jueza sin dejar la firma habilitante prolonga la incertidumbre sobre el reinicio de las tareas en el J. Barreiro.