Los gremios mantienen la marcha al Congreso pese a la baja de la cláusula de tierras extranjeras.
Pese a que el oficialismo decidió dar de baja la cláusula de venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión en el Senado, las centrales sindicales y las organizaciones sociales confirmaron que mantendrán la masiva movilización hacia el Congreso de la Nación prevista para este jueves.
Desde los sectores gremiales advirtieron que, aun con la modificación, el proyecto oficialista —impulsado bajo el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada— continúa albergando artículos altamente lesivos para los derechos sociales y laborales.
El rechazo a los puntos críticos de la ley
Fuentes de la CGT señalaron que la convocatoria sigue firme para las 14:00 horas, una postura compartida por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que planean confluir en una masiva protesta frente al Parlamento a partir del mediodía.
Los sindicatos y referentes sociales apuntan contra una serie de normativas que permanecen en el texto de la iniciativa y que consideran inadmisibles:
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Desalojos exprés: Cuestionan los mecanismos que agilizan las expulsiones afectando a inquilinos, comunidades indígenas y pequeños productores campesinos.
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Limitación estatal: Rechazan las restricciones impuestas a la capacidad del Estado para llevar adelante procesos de expropiación.
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Venta de tierras quemadas: Cuestionan las modificaciones introducidas en la ley de manejo del fuego, las cuales consideran que abren la puerta a la comercialización inmobiliaria y productiva de superficies siniestradas.
El reclamo unificado del movimiento obrero
Durante una conferencia de prensa brindada este miércoles en la sede histórica de la calle Azopardo, el triunvirato de la CGT —integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, junto a Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T), endurecieron las críticas contra la administración de Javier Milei.
Los dirigentes advirtieron que la flexibilización de los topes regulatorios y el conjunto del paquete legislativo responden a un intento de vaciamiento estratégico del patrimonio nacional en beneficio de sectores concentrados, por lo que llamaron a manifestar el descontento social en las calles del centro porteño.