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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), se trasladó hacia la provincia de Jujuy, donde desarrolló operativos de inspección en materia de residuos peligrosos. Tuvieron lugar en tres establecimientos emplazados en las localidades de El Aguilar, Palpalá y Puesto Viejo, respectivamente, con el objetivo de constatar el efectivo cumplimiento de la normativa vigente sobre la temática.

En el distrito de El Aguilar, se fiscalizó un establecimiento minero que se dedicaba a la extracción de minerales metalíferos no ferrosos, principalmente plomo y zinc. Cabe resaltar que desde noviembre de 2020 dicha actividad cesó, y la empresa se encuentra actualmente desarrollando tareas de cuidado y mantenimiento en el predio.

Por otro lado, en el Parque Industrial Alto Latorre de la localidad de Palpalá, se desarrolló un procedimiento de inspección a una firma que realiza recuperación de metales no ferrosos a partir del reciclado de baterías plomo-ácido en desuso, mediante la fundición de plomo en hornos rotativos y refinado.

También, en Puesto Viejo, departamento de El Carmen, se controló una empresa cuya actividad se basa en el tratamiento y almacenamiento transitorio de residuos peligrosos para su derivación interjurisdiccional.

En el marco de dichas actividades, se verificó la documentación legal correspondiente; y se constató la adecuada gestión de residuos peligrosos en lo referente a las instancias de generación, tratamiento, transporte, y disposición final. Vale destacar que los establecimientos mencionados se encuentran inscriptos ante el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de la cartera de Ambiente nacional.

Los operativos de fiscalización se concretaron durante de tres jornadas, que comenzaron el martes y finalizaron ayer, por medio de la BCA, que depende de la Dirección de Inspecciones de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, del Ministerio de Ambiente nacional.

Fuente: Argentina.gob.ar

Este fin de semana en Trelew se realizaron trabajos de de limpieza, mantenimiento y saneamiento ambiental en el sistema lagunar comprendido por la Laguna Negra, uno de los espacios de mayor biodiversidad de aves.

Estas tareas fueron llevadas a cabo entre la Municipalidad de Trelew y un grupo de aficionados denominado «Guardianes de la Laguna».

El objetivo es sumar estos lugares como un atractivo turístico más y un lugar que la gente de Trelew aún no conoce y que puede sumarse a las actividades recreativas habituales. Hay que destacar que contienen más de cien especies de aves diferentes, entre ellas cinco especies hemisféricas (realizan migraciones muy largas), que son algunos de los valores desde el punto de vista ambiental que justificaron la postulación a sitio RAMSAR que se realizó hace algunos años junto a la Facultad de Ciencias Naturales. Al respecto, Mónica Montes Roberts, titular del ENTRETUR, comentó: «Estamos esperanzados  de conseguir ese sello de conservación que brinda UNESCO a sitios de humedales»

«Guardianes de la Laguna» está compuesto por naturalistas, fotógrafos aficionados, ornitólogos, guías de turismo, así como personas que realizan identificación de circuitos de trekking para generar actividades de uso público. «Este es un espacio por el que se viene bregando desde hace años para poner en valor y lo hacemos con el acompañamiento de gente que suma en la ciudad de forma desinteresada», valoró Montes Roberts.

Este trabajo forma parte del plan de saneamiento ambiental del sistema lagunar, espacio del que días atrás se extrajeron toneladas de residuos. La finalidad de estas jornadas es generar conciencia en la comunidad y erradicar basurales en ese hábitat natural, que generan impactos ambientales en la biodiversidad, teniendo en cuenta que, en el lugar hay más de cien especies de aves.

Además, desde la Municipalidad se propicia la protección y conservación del humedal, y a través de las actividades en conjunto con los vecinos generar un cambio de actitudes y comportamientos que contribuyan a la recuperación de la laguna y a posibilitar un manejo adecuado de su ecosistema.

Por último, Luis Burgueño, vecino y fotógrafo de naturaleza en Patagonia, África e Islas Galápagos, se sumó a la jornada de limpieza y puntualizó que «esta clase de actividades son un puntapié inicial para cambiar las cosas. Este es un espacio que cuenta con una gran diversidad de especies durante todo el año. Y es visitado por gente de todos lados que viene a registrar fotográficamente la fauna existente en el lugar, pero la gente acumula basura en el lugar perjudicando el ecosistema y ofreciendo un feo contraste».

 

La Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Chubut dictó la Disposición 21/2021 por medio de la cual se suspendió la vigencia de una medida anterior que aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado «Disposición Final de Residuos Orgánicos Pesqueros presentado por Arcante S.A.

Lo reveló una publicación de la Revista Puerto. El predio ubicado al sur de Trelew para disponer los residuos pesqueros tuvo clausuras judiciales y la Provincia suspendió la aprobación del estudio de impacto ambiental y ordenó su cese de actividades. Renunció la representación técnica de la empresa. Ingresó otra nueva denuncia penal, mientras un sector político presiona por su reapertura.

Además, se dispuso «el cese de las actividades del proyecto que tiene como responsable legal a Arcante «hasta que no cumplimente con lo requerido por el presente acto administrativo».

En consecuencia, la empresa Arcante «deberá presentar una Adenda al proyecto que se adecue al cambio de tecnología adoptada respecto al Estudio de Impacto Ambiental presentado y aprobado.

En ese marco, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de investigar el hecho y deslindar responsabilidades conforme a la Ley XI N° 35 Código Ambiental de Chubut. Es porque la aprobación del EsIA no implicaba una autorización para empezar a operar, sino hasta tanto cumpliera con determinados requisitos para comenzar con las actividades.

INFORME TÉCNICO ADVERSO

La cartera de ambiente había dictado la Disposición 3/21 del 19 de enero de 2021, por la que se aprobó de manera condicionada el estudio de impacto ambiental presentado, indicando en el artículo 3° de la citada que debe cumplimentarse antes del inicio de la obra.

Un informe técnico posterior del Ministerio «por el cual luego de la evaluación de la documentación presentada, que concluye expresando que visto el cambio de tecnología adoptada respecto al EsIA tratamiento de biopilas/landfarming, deberá presentarse una adenda al proyecto que contemple datos técnicos concretos sobre la metodología definitiva de tratamiento a aplicar.

El mencionado informe «continúa expresando que no queda claro en esta instancia, en qué consiste el mecanismo de tratamiento adoptado. No existe un balance de masas que justifique la dinámica de degradación esperada en el residuo. Asimismo, fueron descartadas, según se interpreta en la presente nota, alternativas de tratamiento con riego, ventilación forzada y material de aporte vegetal, principales componentes del EsIA aprobado», indica entre los fundamentos el instrumento público por medio del cual se ordenó el cese de actividades.

OPERABA SIN AUTORIZACIÓN

Por otro lado, la Dirección de Control Operativo Ambiental realiza una inspección el 4 de febrero donde «constató que la empresa se encontraba operativa y de acuerdo a los registros de ingresos de residuos la misma comenzó a funcionar el 19 de enero, fecha coincidente con la aprobación transitoria del EsIA».

En tanto, la Fiscalía de Estado informó que se mantenía la clausura dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1 de Trelew sobre el predio en cuestión.

En otra inspección se le indicó a la Subsecretaría de Gestión Ambiental que «se deberá solicitar documento que acredite el levantamiento de la clausura interpuesta por la Justicia, se deberá solicitar se presenten todos los análisis de material tratado y/o en tratamiento. Se destaca que no se condice la información obrante en el Estudio de Impacto Ambiental, las respuestas aportadas a la Disposición 03/21 con lo constatado en la inspección, concluyendo que se debería presentar una adenda u otro documento ambiental que indique información concreta respecto a la metodología de tratamiento que se pretende implementar y los lineamientos a seguir en dicho caso. Asimismo, de la inspección se desprende que no se cuenta con cartelería indicativo de los sectores de trabajo, caminos y biopilas. El material de aporte proviene de biopilas más antiguas. Las biopilas estabilizadas no son utilizadas como compost o mejorador de sueldo tal lo indicado que se realizaría», señala la inspección que fue determinante para ordenar la clausura de Arcante por parte del Gobierno Provincial.

Fuente: Radio 3 Cadena Patagonia

A pesar de la amplia normativa en materia de Derecho Ambiental que existe en Argentina, las áreas protegidas y los territorios naturales afrontan un panorama se serias dificultades para su conservación. Los incendios en la Comarca Andina de Chubut volvieron a activar las alertas sobre proyectos mineros que procuran avanzar en la Patagonia. El Extremo Sur dialogó con Agustín Filippi, abogado y profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, quien destaca la tensión creciente entre un Estado que «hace la vista gorda» y la voluntad colectiva de ciudadanos con una participación en la defensa del ambiente.

Filippi remarcó la necesidad de trabajar con el concepto de «discriminación ambiental» hacia las poblaciones más vulneradas, quienes «soportan desproporcionadamente los impactos ambientales». Sostuvo que el avance contra la naturaleza no es un caso aislado: «Tenemos una política totalmente extractivista respecto del territorio y del uso de recursos naturales; donde el Estado no se hace presente en el control, proliferando daños ambientales, sociales, y con poco beneficio para la comunidad».

Filippi confronta la concepción de la megaminería como un proyecto sustentable y orientado a generar empleo en las localidades, y opina que «La capacidad de empleo no es la que mencionan, y las ganancias de las empresas son prácticamente totales, el 97% de los minerales extraídos es ganancia para ellos, solamente el 3% perciben las provincias en concepto de regalías».

En el marco del debate en torno a los incendios en la Comarca Andina se habló mucho sobre los intereses económicos detrás de los bosques. ¿Qué pasa con las áreas protegidas afectadas por el incendio? ¿Algún proyecto minero o inmobiliario podría utilizarlas?

Existen dos Leyes en ese sentido, una de presupuesto mínimo a nivel nacional, que rige para todo el territorio. Establece el control de las actividades de quema. Existe otra sobre la prevención y combate de incendios forestales, y exige al Estado que cuando un bosque nativo o bien una región natural es afectada, se debe recuperar un área de conservación con la misma categoría que tenía originalmente. Tiene que mantener y restaurar las categorías de restauración de ecosistemas que existían. Es una pauta general. Claramente no se puede hacer un cambio de uso de suelo. El año pasado el Frente de Todos presentó algunas reformas entre las que establecen accesoriamente un plazo mediante el cual en un término de 60 años no se puede modificar el uso de suelo para áreas de bosque. No pueden disponerse para actividades humanas u otros usos como proyectos inmobiliarios o mineros.

Sin embargo, las normativas pueden ser modificadas.

En cuanto a los incendios, a nivel nacional existe esta obligación de carácter general. No podría utilizarse un área quemada para destinarla a otros usos, tiene que ser recuperada para la conservación. Aunque a veces no se cumpla por parte de las autoridades, ya sea por acción u omisión.

¿Cuál es el marco de regulación y control para la actividad minera?

Las entidades e instituciones como Ministerio de Ambiente, Secretarías de Ambiente de cada jurisdicción tienen la potestad y obligación de controlar todos los proyectos mineros, exigir sobre todo la evaluación de impacto ambiental como un procedimiento preventivo y obligatorio para todas las actividades.

¿Percibís una correcta aplicación de estos controles?

El tema es cómo día a día se controlan las actividades, si se presentan proyectos o no, qué empresas están explotando al margen de las licencias ambientales y sociales. Ahí es donde entra la mayor conflictividad cuando los Estados hacen la vista gorda, por eso cada vez hay una mayor búsqueda de información y participación de la ciudadanía en cuestiones ambientales.

Según tu experiencia, ¿estos casos son excepciones o son la regla?

Tenemos una política totalmente extractivista respecto del territorio y del uso de recursos naturales. Y donde el Estado no se hace presente en el control, produciéndose daños ambientales, sociales, de distintas actividades, y con poco beneficio para la comunidad. Creo que es una problemática en general extendida en todo el país, habría que analizar casos puntuales.

¿Podríamos decir que es un modelo profundamente fundado en los intereses capitalistas?

Sin dudas, por eso el modelo de producción económico en cuanto a la megaminería o al agronegocio, va de la mano con estos intereses económicos.

¿Cómo se caracteriza el interés colectivo en el Derecho Ambiental? ¿Tiene un peso fuerte?

El derecho ambiental está basado en los derechos colectivos. Ese interés colectivo puede ser ejercido por afectados, organizaciones de base o intermedias, que tengan por fin defender el ambiente. Y luego el defensor del pueblo, la cuestión colectiva está en el núcleo de esas problemáticas. El ambiente es para la colectividad.

En el caso de Chubut, ¿de qué manera analizás el avance de la minería a pesar de las iniciativas populares?

Lamentablemente, la participación del sector público la convoca o convoca a último momento. Son políticas públicas que no tienen licencia social; es clave que en cada proceso se vea una participación más amplia de todos los sectores, especialmente los que pueden ser afectados.

¿Puede generarse una crisis de legitimidad cuando avanzan con un debate sin consultar a la población?

Sí, creo que se ha dado en muchos casos. Esquel es un caso paradigmático con el No a la Mina en 2003, con el plebiscito; en el caso de Córdoba con el tema de la Ley de Minería; con el fracking en Mendoza y en la Rioja también con la cuestión minera. Es donde más trascendencia tomó la cuestión ambiental, los últimos años se han hecho muchos reclamos, movilizaciones. También existen reclamos por las antenas de telefonía y la radiación, contaminación de cuencas, impacto de los agroquímicos; son reclamos que han tomado auge, y pueden hacer entrar en crisis políticas a algunos gobernantes. Es un tema que está siempre marginado de la agenda política.

¿Una crisis como esta impacta concretamente sobre quienes ocupan posiciones de poder político?

Se ve a nivel internacional, el hecho de que Donald Trump en Estados Unidos no suscriba al acuerdo de París del cambio climático, hace que impacte su imagen. Sin embargo, hay muchos electores que acompañan esos proyectos, no valoran la cuestión ambiental, o racial, social, entonces lamentablemente se mantienen en el poder. Hay varias denuncias a nivel internacional, y sin embargo es difícil correrlos del poder solo por una crisis de legitimidad, pero el ambientalismo ayuda a que esto se problematice y se visibilice el conflicto.

Comentabas que percibís una mayor conciencia ambiental en los últimos años.

Claramente, con el correr de los años hay una mayor participación social, una conciencia de que somos parte de este sistema, como entorno. En algunas acciones se va mejorando, queda mucho todavía por hacer.

¿De qué manera se relacionan los conflictos ambientales con la cuestión social? Suele suceder que los daños ambientales impactan en mayor medida a las poblaciones vulnerables.

Eso se puede englobar en el concepto que usamos, que es el de la «discriminación ambiental». Es un concepto interesante, ahí se evidencia la interseccionalidad de derechos. Porque siempre termina habiendo una asimetría y sobrecarga en los sectores más pobres y excluidos, como sucede con los pueblos afroamericanos o los pueblos originarios. Soportan desproporcionadamente los impactos ambientales. Los conflictos por la propiedad de las tierras, por ejemplo, siguen en debate, en el marco del ambientalismo y el derecho de las minorías.

En este sentido, ¿qué sucede con los recursos a nivel mundial?

Los recursos son escasos, hay una sobreexplotación. Deberíamos introducir un paradigma de menor explotación de los recursos y búsqueda alternativa de menor consumo, entender toda esta filosofía. Hay propuestas muy interesantes desde los pueblos indígenas, con su cosmovisión. Son alternativas que ayudarán a una mayor protección de la humanidad y en beneficios de los sectores más vulnerados. Acá hay una responsabilidad de los países europeos y del llamado «primer» mundo, como Estados Unidos, por el modelo de desarrollo económico y «progreso» que imponen a los países del Sur Global.

¿En qué medida las acciones individuales impactan en el ambiente? Existe un discurso que tiende a señalar la responsabilidad individual y no la responsabilidad de las grandes empresas.

Creo que ahí es donde está el mayor engaño de las políticas por parte del Estado: nos hacen creer a los individuos que tenemos que cambiar nuestro sistema de consumo para cambiar las políticas o la distribución de los bienes y recursos; pero justamente el gran cambio viene de parte del Estado, de las políticas más amplias. Esto sirve para atacar los problemas de raíz, como son la contaminación de industrias, la minería. Sin dudas la acción individual tiene importancia, cumple un rol que es la concientización, donde cada uno debe hacerse responsable desde su lugar, pero me parece que las políticas pueden definir cambios más grandes, impulsar cambios colectivos.

De acuerdo a tu visión, ¿cuáles son los problemas ambientales más urgentes en la Argentina?

Los urgentes son muchos, pero lo más acuciante sería la crisis alimentaria. Me parece que estamos viviendo un contexto en el que la pobreza es cada vez mayor, es una realidad que viene arrastrándose. Hay una mayor producción de bienes y servicios a nivel mundial que no se ve reflejada en que la humanidad esté bien alimentada, con acceso a recursos y servicios básicos. Ahí también hay una responsabilidad política y de las empresas. Eso tiene directa vinculación con lo que son las problemáticas ambientales y sociales, estos grandes proyectos extractivistas, de infraestructura, benefician a un puñado de grupos económicos a nivel mundial y no existe una redistribución de la riqueza como plantean desde las políticas. Si este modelo se sigue profundizando la brecha será cada vez mayor y la crisis va a seguir siendo grande.

¿Cuál es tu análisis respecto a la idea de los defensores de la megaminería de que esta actividad podría aumentar el empleo y el presupuesto en las localidades donde se instala?

Sabemos que la minería tiene proyectos golondrinas, pueden estar 15, 30 años, pero luego dejan el territorio abandonado. El tiempo que la minería tiene para instalarse en un territorio conlleva una demanda importante de trabajadores de empleos indirectos respecto a la construcción de infraestructura. En la parte operativa se reduce mucho el empleo, ya que se emplea mucha gente extranjera, o ingenieros, capacitados profesionales. La capacidad de empleo no es la que mencionan. Por otra parte, las ganancias de la empresa son prácticamente totales. De acuerdo a la Ley de inversión minera argentina, el 97% es ganancia y el 3% regalía. Los beneficios son muy escasos, más allá de que haya un mínimo reconocimiento por la explotación de los recursos, es más un espejo de colores que venden que un real reparto de beneficios para las comunidades locales.

¿Qué lugar ocupa la industria argentina en este negocio?

La extracción de algunos metales requiere una inversión muy grande. En general, las empresas argentinas no tienen la capacidad de hacerlo, o no pueden asumir el riesgo de hacerlo ellos mismos. Podríamos tener empresas estatales, invertir en los proyectos. Pero son todos proyectos transnacionales de empresas extranjeras, australianas y canadienses principalmente. Hay grandes réditos y minerales que se llevan las empresas, algunos están sin declarar, otros son omitidos. Esa es la realidad de las provincias mineras, se puede ver algún tipo de mejoría en ciertos sectores porque entra un caudal de dinero al Estado, pero no es una parte sustancialmente importante; sigue beneficiando a intereses políticos y económicos.

¿Es posible pensar en una minería sustentable o siempre es contaminante?

La minería tradicional es escasa. Es raro encontrar oro u otros metales como se encontraba antiguamente. Sin embargo, hasta el día de la fecha, la megaminería realiza la explotación con sustancias tóxicas. Hay investigaciones que hablan de otro tipo de tecnología que se puede usar para la extracción, pero todavía no está apta para su utilización y los costos son elevados. Entonces las opciones serían no avanzar sobre esos territorios, y buscar alternativas de producción u otras economías regionales que apunten al empleo y el trabajo, mejorando la calidad de vida de las comunidades.

¿Cómo ves la aplicación de la Ley Yolanda, destinada a capacitar a las y los empleados públicos en materia ambiental?

Toda normativa o ley que regule a favor del ambiente es positiva, en un punto esto sigue avanzando, se sigue concientizando. Las leyes también educan. El tema es que tiene que haber realmente una preocupación y una ocupación del sector político que aplique la normativa. El Poder Ejecutivo, así como tiene a cargo la toma de decisión en materia económica y productiva, debe promover también políticas públicas para la protección del ambiente y de las personas. Cuidar las poblaciones expuestas a riesgo, controlar la contaminación, proteger los recursos naturales, y redistribuir sus beneficios.

Será este viernes a las 18 horas con transmisión en vivo por Facebook y con una charla de Eduardo Crespo, especialista en Desarrollo Económico con amplios antecedentes académicos. Los nuevos encuentros cuentan con el acompañamiento y auspicio de distintas organizaciones de la provincia y de varias regiones del país.

Con el auspicio y acompañamiento de distintas organizaciones del sector, la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut comenzará el viernes, 16 de abril, el segundo ciclo de charlas con especialistas titulada “Desarrollo y medio ambiente. El desafío de Chubut”, con emisión online en vivo por Facebook.

El primer encuentro de este segundo ciclo será a las 18 horas del viernes, con la intención de “debatir el desarrollo de la provincia, en una sana convivencia con el medio ambiente”, anunció la CAPEM a través de Twitter donde además adelantó que la charla se podrá seguir a través de www.facebook.com/capemchubut.

El viernes, el invitado para la exposición y debate será Eduardo Crespo, especialista en Desarrollo Económico, con el Comercio Internacional como uno de sus temas de interés; licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la UBA, y máster en Economía y doctor en Economía por la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).

Crespo, profesor de la UFRJ y de la Universidad Nacional de Moreno, fue además docente en la UBA y en la Universidad Federal Fluminense, en Brasil. También realizó estudios en la Universita degli Studi Roma Tre (Italia) y dictó cursos en FLACSO, así como en la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Será la continuidad de un ciclo de charlas que tuvo su primera versión desde octubre del año pasado hasta diciembre, con encuentros semanales y con la participación de especialistas de distintas áreas vinculadas al desarrollo económico y a la minería en particular.

Esta nueva etapa de los conversatorios cuenta con el acompañamiento de la Red de Académicos por una Minería Sostenible, la Organización Latinoamericana de Minería (OLAMI), la revista especializada Panorama Minero, la organización Women in Mining (WIM), el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), la Cámara de Proveedores Mineros de la Argentina (CAPMIN), la Cámara Minera de San Juan, así como la Cámara de Empresarios Mineros de Argentina (CAEM).

También auspician las charlas el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), la Cámara de Comercio, Servicios, Turismo e Industria de la Meseta Central del Chubut (CAMECCh); la Cámara de Servicios Mineros de San Juan, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (CAPROSEMITP), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN), el Colegio Profesional de Geólogos de San Juan, la Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn y Región Patagónica (CIMA), la Cámara de Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Valle Inferior del Río Chubut (CATICVIRCH) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), entre otras entidades y organizaciones empresariales, sindicales y profesionales.

Fuente: ADN Sur.

 

El funcionario nacional fue recibido este jueves a la mañana por el intendente Juan Pablo Luque. Mantendrá una nutrida agenda de actividades durante el día en la ciudad, entre ellas la visita a la Planta Hidrógeno de Capsa en el barrio Diadema Argentina, y entrega de maquinarias.

Como anticipó ADNSUR el miércoles, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, ya se encuentra en Comodoro Rivadavia en el marco de una visita que contempla una amplia agenda en la ciudad.

El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, llegó este jueves por la mañana a Comodoro Rivadavia tras siete meses de su última visita a la ciudad petrolera.

El funcionario nacional fue recibido por el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, en el aeropuerto este jueves por la mañana. «Un placer contar con el apoyo permanente del gobierno nacional», destacó el intendente tras recibirlo en su cuenta de twitter.

Su agenda oficial en Comodoro Rivadavia contempla una visita a la Planta Hidrógeno de Capsa en el barrio Diadema Argentina, y la entrega de maquinaria para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Cabe recordar que durante su ultima visita a la ciudad petrolera, en agosto del año pasado, Juan Cabandié había comprometido una inversión de $56 millones para avanzar en la gestión de residuos .

“Estamos iniciando una gestión ambiental con la provincia, nos pone en un lugar donde tenemos que pensar algunas cuestiones, tenemos que solucionar problemas de fondo”, había señalado en esa ocasión su paso por la ciudad.

Es la segunda visita que realiza a Chubut en menos de un mes. Ya que estuvo en la cordillera por los incendios forestales.

El Ministro de Ambiente confirmó que la Cartera tuvo un incremento presupuestario del 300% y en este contexto remarcó que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con más de 3 mil millones, 7 más que lo ejecutado en 2020, aseguró. Destacó que la financiación mediante un impuesto creado da “previsibilidad para planificar el fortalecimiento integral del Servicio”.

El presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego será este año 7 veces más que lo ejecutado en el 2020 y 15 veces lo gastado en el 2019, aseguró el Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié.

Esto, a partir de la creación de un impuesto que se recauda a través de las aseguradores y ante una reciente ampliación presupuestaria para esa cartera del orden del 300%, informó el Ministerio de Ambiente.

Manejo del Fuego: “Bajaron las partidas y crearon un impuesto”, cuestionó Menna

“Con este crecimiento presupuestario, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la política ambiental. El presupuesto 2021, el primero votado por nuestra gestión, ya tenía un fuerte incremento que se potencia con esta ampliación”, aseguró el Ministro.

Remarcó que ahora, “estamos hablando de un 300 % más de recursos para el Ministerio”, que se añaden mediante la Decisión Administrativa 281/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial y que introdujo la modificación al Presupuesto 2021.

Con esta decisión, la cartera contará con más de 11.330 millones de pesos para este 2021, representando un 300% más con respecto a lo ejecutado en 2020.

Ante esta decisión, también se informó que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, totaliza con las modificaciones presupuestarias, más de 3.058 millones de pesos lo cual, indicó, implica un crecimiento de fondos 7 veces superior a lo ejecutado en 2020 (433 millones) y 15 veces lo gastado en 2019 (196 millones).

“Los fondos provenientes de las primas de seguro se cobrarán todos los años, garantizando los fondos para el sector y brindando previsibilidad para poder planificar el fortalecimiento integral del Servicio del Manejo de Fuego”, indicó Cabandié respecto al impuesto creado para financiar al sistema.

“Hace 7 meses asumimos la responsabilidad de coordinar el Servicio y en ese tiempo incrementamos 7 veces el presupuesto y mejoramos las condiciones laborales de las y los brigadistas con la homologación del convenio colectivo de trabajo sectorial”, aseguró el Ministro.

Así lo asegura un informe presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que también postula que los fondos para la lucha climática son insuficientes.

Al ambiente no le cierran las cuentas. Un informe presentado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sobre el presupuesto destinado a la lucha climática en la Argentina para 2021 indica que por cada $1 que se presupuesta para cuestiones ambientales, se invierten $15 en aspectos que generan su degradación.

“Las transferencias para cuidados ambientales han quedado relegadas frente a la necesidad de generación de divisas por parte del Gobierno nacional”, afirma FARN en el informe, y agrega que “muchas de las partidas presupuestarias son contradictorias con los compromisos asumidos en materia internacional ambiental, como el Acuerdo de París, o cuestiones asociadas al Convenio sobre la Diversidad Biológica”, dos de los marcos internacionales más importantes en materia ambiental y climática a los que la Argentina adhiere.

Las partidas favorables al ambiente —por un total de $44.229 millones— representan el 0,5% de los gastos presupuestados para 2021, mientras que las contrarias alcanzan el 8,2%, con $682.717 millones destinados.

Siempre según FARN, las partidas dedicadas a actividades y acciones favorables para el cuidado del planeta son:

-Las vinculadas al transporte, especialmente al ferrocarril Roca: $7120 millones.

-Partidas asociadas a las energías renovables, por ejemplo las destinadas al Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER): $2127 millones.

-Obras dedicadas a la adaptación a los impactos del cambio climático: $5892 millones.

-Los fondos dedicados a la protección de ecosistemas, como el cuidado de los bosques y las áreas protegidas: $1752 millones.

-Partidas destinadas a la gestión del fuego: $282 millones.

De ese dinero, casi la mitad de los fondos provienen del exterior, especialmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Verde del Clima (GEF) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó una de las autoras del informe, la investigadora María Di Paola a Carbono News. “Parece remarcar que no solo hay poco dinero dedicado a la conservación del ambiente sino que además es muy dependiente de la ayuda externa”, afirmó.

Las que resultan contrarias al ambiente son:

-Asociadas a las energías sucias (combustibles fósiles, energía nuclear y grandes hidroeléctricas): $575.586 millones.

-Incentivos al fomento del transporte en automóvil: $104.061 millones.

-Partidas asociadas a la minería: $355 millones.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible argentino, consultado por Carbono News, evaluó su presupuesto como “satisfactorio” y esgrimió como algo positivo que este año “el Presupuesto del Ministerio de Ambiente es más del doble que el del año pasado. Se pasó de $3000 millones en 2020 a casi $6500 millones.

A esos $6500 millones, calculan sumar $2000 millones extra, derivados de la creación del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, “por lo que estimamos que durante 2021 vamos a triplicar los fondos aplicados por el Ministerio”, explicaron desde la cartera.

Nicole Becker, integrante de Jóvenes por el Clima, opinó que, a pesar de que lo ambiental está cada vez más en agenda, sigue siendo un tema que no es prioritario para los gobiernos. “El ambiente sigue sin ser una política de Estado, hay mucha palabra pero poca acción, la única forma de salir de la crisis del COVID-19 es con una recuperación verde, no seguir insistiendo en el mismo modelo de producción y consumo que también nos trajo la pandemia”.

Para María Di Paola hay una batalla real entre la crisis climática y la crisis económica. “Lo que ocurre es que la crisis económica lleva a replicar modelos de salida de crisis que después nos traen a la crisis sanitaria actual. Es un círculo vicioso que se termina retroalimentando porque son las mismas políticas”.

De acuerdo con FARN, los esfuerzos presentes en el corazón de la política económica anual no están puestos en el cuidado ambiental, sino a sostener el mismo modelo. “Las divisas van a depender netamente del sector energético y del agropecuario, que son las dos actividades que más emiten gases de efecto invernadero en nuestro país”, marcó la investigadora.

Lo que sí y lo que no

Bosques

En relación a la preservación de los bosques, FARN denuncia que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos —el principal mecanismo para su protección— no contará en 2021 con la totalidad de los fondos establecidos por la propia ley. Es decir, en lugar del 0,3% del presupuesto nacional, tan solo recibirá el 0,015%.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente aseguró que en 2020 se giraron fondos a las provincias por $811 millones para preservar los bosques nativos, un 207% más que lo transferido en 2019.

El Ministerio también contó que este año se empezará a invertir en el sector forestal gracias a la donación del Fondo Verde del Clima —el Green Climate Fund, de la ONU, otorgó al país un pago de US$ 82 millones en reconocimiento por la deforestación evitada entre 2014 y 2016, que evitó a su vez la emisión de 165.000.000 toneladas de Gases de Efecto Invernadero—.

Gestión de incendios

En cuanto a las medidas para la gestión de los incendios, la valoración es ambigua. Según el reporte, el monto previsto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego no cubre la inflación acumulada de los últimos dos años, y representa tan solo el 0,003% del presupuesto nacional para 2021.

Por otro lado, FARN destaca como una buena noticia la creación del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que surgió en 2012, pero se pospuso su puesta en marcha.

“Durante la administración anterior los temas ambientales no tuvieron la trascendencia que corresponde y se le fueron quitando competencias como el Servicio de Manejo del Fuego”, lanzaron desde el Ministerio.

Lucha contra el cambio climático

Las partidas destinadas a luchar contra el cambio climático están vinculadas sobre todo a proyectos para encarar eventos como sequías o excesos hídricos, y a monitorear emisiones de efecto invernadero, dice el informe.

La energía es quizá el tema más preocupante. El 97% de lo destinado al sector energético va para las energías sucias, mientras que tan solo el 1% será para energías limpias y el resto corresponde a partidas etiquetadas por FARN como “inciertas”. Sobre este punto, el Ministerio conducido por Juan Cabandié prefirió no hacer comentarios, ya que compete a otra cartera.

Algunas claves del informe

-Los subsidios a la oferta de combustibles fósiles representan diez veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cuatro veces los gastos presupuestados por el Ministerio de Salud frente a la pandemia de COVID-19.

-El 3,6% del total de las emisiones de la Argentina durante 2021 se desprenderán de actividades basadas en combustibles fósiles subsidiados. Es decir, contaminación financiada por el propio Estado.

-Por cada $1 invertido en energías renovables y eficiencia se invierten $184 en la generación con energías sucias, el triple desde el último análisis de FARN.

-Por cada $1 destinado al transporte que genera menores emisiones de GEI, se invierten alrededor de $5 en medios de transporte más contaminantes.

-En el sector minero se observan partidas presupuestarias por $355 millones contrarias al cuidado del ambiente, sin identificar ninguna destinada a su cuidado.

Fuente: Infobae

 

 

El ministro de Ambiente, Juan Cabandie, afirmó hoy que fueron encontradas todas las personas que permanecían como desaparecidas tras los incendios en la Cordillera, mientras se esperan más elementos para avanzar en la causa penal que investiga la hipotésis de la intencionalidad de los incendios.

«Acabo de hablar con el fiscal de la causa y me informó que fueron encontradas las diez personas que estaban desaparecidas tras los incendios, lamentablemente un trabajador rural falleció», dijo Cabandié a medios nacionales.

El ministro aclaró, además, que «en las redes y creo un senador rionegrino dijo que había detenidos mapuches, no hay ningún detenido mapuche por esta causa» y destacó que «el fiscal esta esperando elementos para saber si hubo intencionalidad en el inicio de los incendios».

Indicó además que «el martes a las 16 ocurrió una situación muy trágica, con incendios al unísono en localidades distintas que en dos horas arrasaron cerca de siete mil hectareas, afectando a 300 hogares y destruyendo sus pequeñas unidades productivas».

«Las condiciones climáticas eran favorables para la expansión de las llamas, hacía 33 grados, vientos y una situación previa a una tormenta, pero las características llevan a dudar por la intencionalidad», remarcó.

Casas destruidas

El director de Defensa Civil de Chubut, José Mazzei dijo que cerca de 500 viviendas fueron destruidas por completo o tuvieron daños parciales en los ejidos municipales de Lago Puelo y El Hoyo.

Del relevamiento «casa por casa» realizado por las oficinas de asistencia social se mensuró que en Lago Puelo quedaron totalmente destruidas 350 viviendas -«reducidas a cenizas» fue la definición- en su mayoría precarias, mientras 130 sufrieron daños parciales.La mayoría de esas viviendas familiares estaban ubicadas en el paraje Las Golondrinas y particularmente en lo que se conoce como la «Parcela 26» y «Toma el pinar».

A esto hay que sumarle las que fueron alcanzadas por el fuego en El Hoyo, comuna lindera a Lago Puelo, donde se constataron 22 casas, cinco cabañas y siete galpones destruidos.

Los servicios públicos comenzaron a restablecerse paulatinamente en la zona, como el caso de Lago Puelo que tiene desde ayer electricidad en gran parte de su planta urbana.

Las dificultades están en la provisión de agua, ya que las fuentes hídricas de abastecimiento están cargadas con ceniza y lodo que imposibilitan su potabilización y para abastecer de manera provisoria a la población se «acarrea» desde parajes vecinos con camiones cisterna, sobre todo en la zona de la ruta 40 donde se concentran los pobladores que están volviendo a sus parcelas.

El servicio cloacal en El Hoyo se restableció el viernes con generadores de emergencia en tanto el sábado se decidió el bombeo de agua a las viviendas a las que llega con mucha turbiedad, por lo que no se aconseja el consumo pero sí el uso sanitario.

Proyecto de Ley

El Senado y Cámara de Diputados

Artículo 1º.- Incorpórese como TITULO XIV del Libro Segundo del Código Penal de la Nación Argentina – LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado)- el siguiente texto:

TITULO XIV DELITOS CONTRA EL AMBIENTE y la NATURALEZA

Art. 314.- Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que, de un modo peligroso para la salud o la Naturaleza, envenenare, adulterare, emitiere radiaciones o ruidos o arrojare contaminantes de cualquier tipo, en el suelo, atmósfera, aguas, en perjuicio de los sistemas naturales o el ambiente en general.

Con la misma pena será reprimido el que destruyere o de cualquier modo dañare significativamente, en todo o en parte, bosques, glaciares o humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos. Quedan excluidos de las penas establecidas en el presente párrafo quienes realizaren aprovechamiento de humedales o de bosques nativos para su subsistencia con el exclusivo objeto de satisfacer necesidades básicas personales o de su grupo familiar o comunitario.

Si del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión. Si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de TRES (3) a QUINCE (15) años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones graves, la pena será de TRES (3) a DIEZ (10) años de reclusión o prisión.

Art. 315.- Cuando uno de los hechos previstos fuere cometido por imprudencia o negligencia en el propio arte o profesión, la pena será de un (1) mes a 2 años de prisión, e inhabilitación especial por idéntico término. Si como consecuencia del hecho derivare la muerte de alguna persona, la pena será de seis (6) meses a cinco (5) años, e inhabilitación especial de cinco (5) a diez (10) años. El mínimo de la pena se elevará a un (1) año si fueren más de una las víctimas fatales.

Art. 316.- Las escalas penales previstas en el artículo 308, en su primer y segundo párrafo, y del artículo 309 se elevarán en un doble en su mínimo y en su máximo, cuando concurra con los delitos allí previstos alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la previa autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones o actividades.

b) Que se hayan desobedecido las órdenes o recomendaciones expresas de la autoridad administrativa o judicial de corrección, suspensión, denegación o cese de la actividad.

c) Que el hecho se haya realizado para obtener ventaja pecuniaria;

d) Que se haya coaccionado a personas y/o afectado asentamientos humanos;

e) Que el hecho se haya realizado mediante fraude o abuso de confianza o mediante el uso abusivo del derecho de licencia, permiso o autorización ambiental conferida por la autoridad estatal;

f) Que se haya falseado u ocultado información relativa al impacto ambiental de la actividad antes o después de comenzada la misma.

g) Que se haya obstaculizado la realización de inspecciones por parte de la Administración o la justicia.

h) Que se hayan afectado monumentos naturales, reservas, parques y/o áreas protegidas nacionales y/o provinciales, o áreas o especies de alto valor de conservación.

i) Que se hayan afectado áreas que sean propiedad, uso y/o territorio de comunidades indígenas, campesinas o de pequeños productores.

j) Que se hubiere producido un daño sin posibilidad de recomposición o de características catastróficas.

Art. 317.- Será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial de (1) a (5) años, el funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, hubiera otorgado permisos o autorizaciones a industrias o actividades en violación de la normativa vigente.

Art. 318.- Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo, el funcionario público que hubiera aprobado el Informe de Impacto Ambiental a sabiendas de su falsedad, parcial o total, u ocultación de información.

Art. 319.- Será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo, el funcionario público que, por imprudencia, negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, aprobare indebidamente un Informe de Impacto Ambiental

Art. 320.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a diez (10) años el que falseare u ocultare información en un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o procedimientos de similares objetivos o características.

Art. 321.- Cuando alguno de los hechos previstos en el presente título se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, las penas previstas se aplicarán a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que se hubiesen desempeñado al momento del hecho, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.

Artículo 2.- Reenumérense los artículos 314, 315, y 316 del Código Penal de la Nación Argentina – LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado)- como artículos 322, 323, y 324 respectivamente.

Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Alfredo Luenzo