Las privatizaciones impulsadas por el Gobierno nacional para recaudar cerca de u$s2.300 millones sumaron un nuevo capítulo judicial.
La Fundación Soberanía amplió una denuncia en la provincia de Neuquén para que se investigue el proceso de adjudicación de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, bajo el argumento de que la operatoria “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”. De comprobarse estas irregularidades, el proceso podría declararse nulo.
La causa se tramita en el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del magistrado Hugo Greca. Entre las firmas señaladas se encuentran Edison Inversiones S.A.U. (perteneciente al Grupo Neuss, encabezado por los hermanos Juan y Patricio Neuss), Central Puerto S.A. (asociada a Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany) y BML Inversora S.A.U. (controlada por MSU Green Energy, de Manuel Santos Uribelarrea). Según el escrito judicial, la maniobra terminó por consolidar “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”.
Los cuatro eslabones de la «cadena de ilegalidades»
El documento presentado por la organización detalla un esquema compuesto por cuatro etapas que comprometen la gestión del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo:
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Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).
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Subvaluación de activos con la intervención del BICE.
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Identificación de los beneficiarios en un patrón recurrente.
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Consumación de la ilegalidad mediante concursos sin base y urgencia fiscal.
El eje central de los cuestionamientos se enfoca en el corrimiento del TTN, presidido por Julio Villamonte. De acuerdo con la denuncia, la secuencia de notificaciones intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el organismo “demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal” para impedir una tasación objetiva.
En su lugar, el Ministerio de Economía delegó la valuación en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dirigido por Maximiliano Voss. La presentación judicial advierte que “se habría pretendido desplazar las competencias específicas de tasación de bienes del Estado hacia el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad financiera que orbita bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, es decir, del propio órgano que impulsa, diseña y ejecuta el plan de privatizaciones, que además de ser su principal accionista designa a sus autoridades, configurando así una dependencia funcional y jerárquica que pulveriza cualquier atisbo de imparcialidad técnica”.
Cuestionamientos a la metodología de tasación
Un aspecto clave planteado por la Fundación Soberanía radica en la metodología de Flujo de Fondos Descontados utilizada para fijar el valor de los complejos hidroeléctricos. La denuncia sostiene que este cálculo de «ganancias hipotéticas» contradice la propia Norma 20.1 del TTN, la cual recomienda el uso del método patrimonial para la valuación de empresas públicas de conformidad con la Ley N° 21.499 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
El escrito remarca que el propio tribunal ha rechazado en informes previos el esquema de flujo de fondos, citando conceptos técnicos del ingeniero Daniel E. Martín —actual integrante del TTN y autor del libro Ingeniería en Tasaciones—, quien califica dicha fórmula como un mero ejercicio financiero ajeno a una tasación objetiva.
Distribución de activos y pedido de nulidad
El requerimiento elevado al juez Hugo Greca remarca la repetición de un patrón de conducta en las adjudicaciones del Complejo Comahue:
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Alicurá y Cerros Colorados: Adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., del grupo liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados en la presentación por sus vínculos de amistad con el asesor presidencial Santiago Caputo.
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El Chocón – Arroyito: Adjudicada a BML Inversora S.A.U. (MSU Green Energy, propiedad de Manuel Santos Uribelarrea).
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Piedra del Águila: Adjudicada a Central Puerto S.A. (Guillermo Reca, familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany).
Frente a la concentración de funciones de tasación, licitación y adjudicación en la misma estructura gubernamental, la Fundación Soberanía solicitó la citación a declaración de los empresarios mencionados y la declaración de nulidad absoluta de las privatizaciones.