Una tormenta institucional sacude a la justicia chubutense tras la formalización de una denuncia y pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza civil y comercial de Rawson, Amorina Úrsula Testino.
La magistrada quedó en el ojo de la tormenta por resoluciones tildadas de arbitrarias que terminaron paralizando al buque «J. Barreiro» (Mat. 03325) del grupo Agropez (Conarpesa), liderado por Fernando Álvarez Castellano. Las medidas judiciales provocaron pérdidas millonarias y dejaron a marineros, estibadores y operarios como rehenes de un insólito freno operativo en plena zafra provincial, aun cuando la firma contaba con sobrados fondos inmovilizados para cubrir el reclamo.
Fondos de sobra, celeridad exprés y un oficio deliberadamente sin firmar
El expediente contra la jueza Testino expone una preocupante serie de irregularidades y celeridad selectiva. El 31 de julio la parte actora solicitó una medida cautelar por $53.062.318,85, monto que la magistrada elevó el 4 de agosto a $62.062.318,85 sumando costas e intereses. Sin embargo, el 6 de agosto la actuaria certificó un remanente judicial de $85.768.601,23 a favor de la causa, registrando un superávit de más de $23,7 millones. Pese a que existía dinero de sobra y se había librado una transferencia por $78,7 millones, el 11 de agosto —en un trámite récord de apenas 60 minutos— Testino firmó el oficio de embargo e interdicción enviado a Prefectura sin exigir previamente la caución juratoria obligatoria.
El episodio más crítico se vivió el 18 de agosto, cuando en el juzgado se redactó el proyecto de oficio para levantar la retención del buque. Testino omitió intencionalmente firmar el documento y, apenas dos horas después, presentó una intempestiva excusación por «violencia moral» para desprenderse del caso, dejando la liberación en un limbo. La maniobra obligó a la pronta intervención de la jueza subrogante, quien no convalidó la excusación de su par, pero procedió a firmar de urgencia la orden para Prefectura Naval Argentina para frenar el perjuicio económico sobre la tripulación y las plantas procesadoras, concluyendo 16 días de amarre ilegítimo.
Asedio corporativo y la hora del Consejo de la Magistratura
Desde el sector pesquero denunciaron que este accionar responde a un patrón recurrente en los tribunales capitalinos: trabar cautelares durante la temporada alta como mecanismo de presión procesal, donde cada día sin navegar representa miles de dólares perdidos. Con registros que mostraron saldos activos por $82.492.175,06 al 12 de agosto, la solvencia de la empresa estuvo siempre garantizada. Ahora, la presentación ante el Consejo de la Magistratura deberá evaluar si el accionar de Amorina Úrsula Testino califica como mal desempeño y amerita la apertura de un jury de enjuiciamiento para su destitución.
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