Un nuevo portazo en los tribunales porteños deja contra las cuerdas a los damnificados de la recordada estafa cripto.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones decidió declarar inadmisibles los recursos de casación que presentaron los defensores de los inversionistas, cerrándoles el camino inmediato para ser aceptados como parte querellante en la expediente principal.
El duro revés judicial para los damnificados
Los letrados de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega recurrieron a la Cámara buscando tumbar un fallo previo de la Sala IV. Este último había convalidado el apartamiento dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, medida impulsada tras el expreso reclamo formulado por el lobbista Mauricio Novelli.
Al expedirse sobre la cuestión, el juez Mariano Llorens remarcó de manera tajante que los fundamentos expuestos por la querella resultan “insuficientes para habilitar el canal recursivo escogido”. Añadió además que no se advierte un escenario de arbitrariedad extraordinaria y cuestionó que las defensas pretendan «reeditar una discusión que ya ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala».
Los argumentos técnicos de la Cámara Federal
Por su parte, los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola reconocieron en su voto que las decisiones relativas a apartar a un pretenso querellante se equiparan doctrinariamente a una sentencia definitiva. Sin embargo, enfatizaron que dicha condición no disculpa a los apoderados de demostrar técnica y rigurosamente el error de derecho (previsto en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación).
Los magistrados sostuvieron que los damnificados limitaron su estrategia a exponer una mera disconformidad con respecto a cómo el tribunal interpretó la figura del ardid típico (artículo 172 del Código Penal) y su legitimación activa para accionar, convirtiéndolo en un debate sobre hechos y pruebas que ya fue oportunamente zanjado.
La investigación queda bajo la lupa del fiscal Taiano
Frente a esta decisión, la causa por la presunta estafa millonaria con la criptomoneda tramitará de forma exclusiva bajo la responsabilidad de la fiscalía conducida por Eduardo Taiano. Cabe recordar que la labor de la fiscalía ha generado fuertes críticas y malestares entre las víctimas debido a la notoriedad de los contratiempos, dilaciones y demoras acumuladas en el expediente.
Pese al golpe recibido, los abogados representantes de los cuatro inversores confirmaron que no se darán por vencidos: en las próximas horas acudirán directamente en recurso de queja ante la Cámara de Casación para tratar de revertir la decisión del juez Martínez de Giorgi y lograr el reingreso formal al expediente.