Una dura embestida judicial pone bajo la lupa la administración de los fondos viales destinados a las rutas nacionales en la provincia de Entre Ríos.
La Justicia Federal avanzó formalmente con un amparo interpuesto contra el Estado Nacional para exigir explicaciones urgentes sobre el destino de los recursos multimillonarios del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), en medio de gravísimas denuncias por el abandono de las trazas y la presunta desviación de esos montos hacia timbas financieras para maquillar las cuentas públicas.
Las actuaciones están en manos del Juzgado Federal de Victoria, bajo la titularidad del juez Federico Martin, quien dio trámite al expediente número 12957/2026, caratulado «Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/Amparo Ley 16.986».
El juzgado dio el primer paso y emplazó a los ministerios
Al ratificar formalmente la competencia del fuero federal para intervenir en la causa, el magistrado avanzó sobre el reclamo impulsado por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay. Los demandantes solicitaron una medida cautelar positiva con el objetivo de reactivar en forma inmediata las obras públicas paralizadas y garantizar las tareas indispensables de mantenimiento en los corredores viales que atraviesan el territorio entrerriano.
Antes de definir la procedencia de la cautelar, el juez Martin emplazó a los organismos demandados del Estado Nacional para que, en un plazo perentorio de tres días hábiles, presenten un informe detallado defendiendo el interés público comprometido por el pedido. La medida judicial pone en jaque al Ministerio de Economía, responsable directo del manejo de los flujos de caja y la partida presupuestaria cuestionada.
La acusación: $1,5 billones desviados a bonos y acciones
El nudo central del reclamo ataca el manejo del SISVIAL, un fondo específico que se financia de manera directa mediante la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y cuya finalidad legal exclusiva es el financiamiento, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial del país.
En este marco, el legislador Guillermo Michel lanzó duras críticas contra la gestión económica nacional, afirmando que «tres de cada cuatro pesos del fondo fueron derivados a instrumentos financieros -bonos, títulos y acciones- en lugar de aplicarse a obras viales». Según el planteo formulado ante los estrados, la suma desviada supera ampliamente los $1,5 billones de pesos, dinero que habría sido utilizado para «sostener el superávit fiscal maquillado por el gobierno» en lugar de volcarse al arreglo de las trazas.
Las rutas alcanzadas por el estado de abandono y la falta de mantenimiento comprenden arterias clave para el transporte y la producción nacional como las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de los tramos de las rutas 130, 131, 136 y la A015, fundamentales para el flujo logístico del Mercosur y la conectividad regional.