El Gobierno nacional encendió una ofensiva legal y diplomática de enorme magnitud para defender los recursos estratégicos en el Atlántico Sur.
Este martes 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos —entre personas físicas y firmas jurídicas de origen británico e israelí— por violar de forma directa la Ley N° 26.659 mediante la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
la lista negra se expande a 60 sancionados por operar en las islas
Con estas nuevas 15 actuaciones administrativas instruidas por el Estado, la cifra total de actores alcanzados por sumarios e investigaciones judiciales por operar sin autorización previa se elevó a 60. A través de un pronunciamiento difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada ratificó que no habrá concesiones ante las maniobras clandestinas en la zona insular y marítima.
Las acciones forman parte de un trabajo minucioso y continuo de inteligencia e identificación de las corporaciones internacionales que explotan los recursos del país. Esta decisión concreta le da fuerza operativa al discurso que el presidente Javier Milei brindó en cadena nacional el pasado jueves, oportunidad en la que anunció el próximo envío de leyes al Congreso para blindar los intereses nacionales en el archipiélago.
«nadie tocará nuestros recursos»: la contundente postura oficial
El documento oficial de la Presidencia remarcó una posición inflexible al sostener que «la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía». En ese marco, el texto reafirmó que el dominio sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes pertenece de manera inalienable a todo el pueblo argentino, advirtiendo que ninguna potencia ni empresa extranjera podrá disponer de sus riquezas sin el aval explícito de la Nación.
Para finalizar, la administración central garantizó que agotará hasta las últimas consecuencias cada una de las vías administrativas, diplomáticas y judiciales internacionales hasta lograr la efectiva sanción de los ejecutivos y compañías responsables de vulnerar el territorio nacional.