Una feroz batalla económica y política volvió a estallar entre la gobernación bonaerense y Balcarce 50. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a cruzar con dureza a la gestión encabezada por el presidente Javier Milei al denunciar una abrumadora deuda estatal atrasada que asciende a los 19,1 billones de pesos.
La cifra se vuelve todavía más escalofriante al medir el impacto global del recorte nacional y la recesión: el desfinanciamiento total escala hasta los 28,4 billones de pesos, un monto que representa más de la mitad del presupuesto anual completo del territorio bonaerense.
Obras paralizadas por 10 billones y proyectos universitarios frenados
En conferencia de prensa, el funcionario bonaerense detalló la composición técnica del pasivo que reclaman a la Casa Rosada. El ítem de mayor volumen financiero asciende a 10,1 billones de pesos e involucra de forma directa la parálisis de 108 obras públicas en suelo bonaerense. Este renglón abarca el frenazo en los desarrollos del programa Procrear, la interrupción de acuerdos para la construcción de viviendas sociales del plan Casa Propia, demoras en la infraestructura penitenciaria destinada a generar 12 mil plazas, la suspensión de convenios para 30 obras en universidades nacionales y la parálisis de 40 proyectos estratégicos vinculados a la cultura y la educación.
El segundo bloque abarca deudas directas por un total de 4,7 billones de pesos. Dentro de esta suma, la provincia de Buenos Aires exige el envío de 2,8 billones correspondientes a las transferencias de la ANSES hacia la caja previsional bonaerense, junto a 1,3 billones por compensaciones del Consenso Fiscal. A estas partidas se añaden 154 millones de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), 108 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, 90.000 millones atados a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, 76.000 millones por convenios de asistencia financiera vigentes desde 2023 y 21.177 millones dirigidos a infraestructura portuaria.
Recortes en alimentos, transporte y la caída por la recesión
El tercer segmento del reclamo abarca 4,3 billones de pesos que concentran atrasos acumulados en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, demoras en las partidas del FONID, interrupciones en la compra de insumos alimentarios para comedores comunitarios, giros pendientes del Fondo de Compensación del Transporte Automotor y partidas paralizadas para programas de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.
A esta radiografía se le adiciona el impacto indirecto que sufre la administración provincial producto del rumbo económico general: la disminución de los recursos de origen nacional cayó en 5,9 billones de pesos, mientras que la recaudación propia experimentó una baja de 3,4 billones debido a la marcada recesión, consolidando un panorama de altísima tensión financiera entre ambas jurisdicciones.