Un decisivo fallo del máximo tribunal del país sacudió al sector empresarial y ambiental en el norte argentino.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la revisión del fallo que busca imponer condenas sensiblemente más duras contra el presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Alberto Rocchia Ferro, y el gerente de la firma, José Ramón Coronel, tras constatarse su responsabilidad en graves episodios de contaminación ambiental masiva.
La Corte Suprema rechazó las apelaciones y exige penas más severas
En una resolución unánime firmada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país desestimó de manera contundente los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los ejecutivos. Con esta decisión, la Corte dejó firme lo resuelto por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, instancia que había hecho lugar al reclamo de la Fiscalía para revisar y endurecer los montos de las penas dictadas inicialmente.
El origen del expediente judicial se remonta a agosto de 2011 por la contaminación del aire y del entorno natural derivada de la descarga de residuos peligrosos producidos por el Ingenio La Florida, ubicado en la provincia de Tucumán.
Asimismo, la investigación incorporó el vergonzoso vertido ocurrido en octubre de 2012 en el denominado “Canal del Este”, donde se derramaron más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro. La acusación sumó además un tercer incidente acontecido en enero de 2013, cuando un nuevo derrame de vinaza impactó de lleno en el canal pluvial Interprovincial del Este, afectando la localidad de El Arenal en el departamento de Jiménez, Santiago del Estero. El informe fiscal remarcó que este episodio dañó gravemente el curso de agua y desencadenó un «daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud».
De una sanción leve a la posibilidad de cumplir prisión de celda efectiva
En el año 2023, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero dictó sentencia contra Rocchia Ferro y Coronel fijando una condena de apenas tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de contaminación ambiental, sumado a multas económicas de 100 mil y 85 mil pesos respectivamente. Dicha resolución contrastó drásticamente con el pedido de la Fiscalía, que desde un principio solicitó siete años y medio de cárcel para el presidente de la azucarera y seis años y medio para su gerente, motivo por el cual la parte querellante apeló de inmediato el fallo.
Al revisar la causa, la Cámara Federal de Casación consideró que la pena en suspenso no resultaba «proporcionada a la intensidad antijurídica de los hechos», disponiendo remitir el expediente para la redacción de un nuevo castigo. Las defensas intentaron frenar la medida elevando la discusión al máximo tribunal del país; sin embargo, con el contundente rechazo de la Corte Suprema, el tribunal de juicio quedó plenamente habilitado para definir un nuevo fallo que podría fijar penas de prisión efectiva para ambos directivos.