La compañía que participa del proyecto Sea Lion respaldó sus licencias en el aval del Reino Unido y del gobierno colonial de las islas, calificando las medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
En medio de la intensificación de las acciones diplomáticas y judiciales impulsadas por la Casa Rosada en reclamo de la soberanía sobre el archipiélago, la petrolera británica Rockhopper Exploration confirmó que mantiene inalterable su cronograma operativo para comenzar la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028.
El pronunciamiento de la firma británica —titular del 35% del proyecto Sea Lion— quedó asentado en su balance de resultados del primer semestre, donde ratificó el rumbo de las operaciones en forma conjunta con la operadora israelí Navitas Petroleum, poseedora del 65% restante del paquete accionario.
Respaldo británico y rechazo a las medidas de la Casa Rosada
La ratificación corporativa se produce semanas después de que el presidente Javier Milei dispusiera una batería de medidas que incluyó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncias penales contra las firmas involucradas, el envío de una Ley de Soberanía al Congreso de la Nación y la intención formal de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Ante esta ofensiva, las compañías que integran el consorcio subrayaron el aval político e institucional que sostiene el desarrollo offshore en el Atlántico Sur. Desde la petrolera destacaron que tanto las autoridades ilegítimas de los isleños como el gobierno británico calificaron las sanciones argentinas como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”.
Respecto a las garantías financieras y operativas para el desarrollo del yacimiento, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, definió la coyuntura como un momento clave para la firma y confirmó las metas fijadas:
“Lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028.”
Asimismo, Moody ponderó los instrumentos de liquidez obtenidos para blindar el plan de trabajo frente a las presiones diplomáticas:
“Destaco la reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y el continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas.”
La posición de la operadora Navitas
Por su parte, desde la operadora israelí Navitas se ratificó la validez del marco regulatorio bajo el cual operan en el Atlántico Sur, remarcando que se desempeña:
“En virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas —un Territorio Británico de Ultramar con autogobierno— y con el pleno y continuo respaldo del Gobierno del Reino Unido.”
De igual manera, la compañía sostuvo ante sus inversores que las decisiones legales tomadas por el Estado argentino no generarán distorsiones ni demoras en los plazos de ejecución del yacimiento:
“No se prevé que los acontecimientos recientes tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido su calendario de ejecución.”
De esta manera, el conflicto por los recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina suma un nuevo capítulo, en el que las petroleras trasnacionales reafirman su plan de extracción a gran escala pese a la reserva de derechos y las acciones judiciales vigentes.