Jefatura de Gabinete adjudicó sin licitación el megaevento a DF Entertainment, envuelta en polémicas previas.
La organización de la histórica llegada del papa León XIV a la República Argentina, y de manera puntual sus presentaciones masivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó sumergida en una severa controversia política y administrativa.
Polémica por fondear a dedo un megaevento religioso sin licitación
A través de resoluciones tramitadas bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros conducida por Diego Santilli, el Gobierno nacional avanzó con una millonaria contratación directa, omitiendo las compulsas de precios abiertas y los mecanismos tradicionales de transparencia estatal para otorgar el negocio a una firma privada.
La revelación de la maniobra la dio a conocer la periodista Camila Dolabjian a través de Radio Rivadavia, detallando que el foco principal del polémico contrato se centra en el armado técnico, logística y coordinación del evento masivo en el Monumento a los Españoles y su respectiva vigilia previa, los momentos de mayor concurrencia del Sumo Pontífice.
La contratación figura registrada en el portal COMPR.AR bajo la oferta de DF Entertainment S.A. por una suma exacta de $8.690.000.000 (equivalentes a 5,6 millones de dólares al tipo de cambio oficial de $1.550), procesada mediante el expediente EX-2026-100191830–APN-DCYC#JGM.
Vínculos con el Luna Park, violación de normas y la lupa judicial
El trasfondo del convenio encendió aún más alarmas al analizar los antecedentes recientes entre la empresa beneficiada y sectores de la Iglesia Católica. Según la investigación periodística citada, la propia institución eclesiástica habría simulado en el pasado una contienda de oferentes para direccionar las obras de remodelación del histórico Estadio Luna Park en favor de la misma compañía. Dichos trabajos avanzaron pasando por alto las leyes locales de protección de patrimonio histórico, proyectando demoler el estadio para construir una estructura mayor pese a estar expresamente prohibido por la normativa porteña.
Actualmente, estos favores y excepciones normativas se tramitan en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde los magistrados locales deben resolver sobre las autorizaciones irregulares concedidas a la constructora. Las miradas se posan nuevamente sobre el Poder Ejecutivo tras comprometer fondos públicos multimillonarios de forma discrecional para el servicio de producción integral de la misa papal.