A menos de 24 horas de confirmarse su derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue notificado por la Policía Federal tras una resolución dictada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que le impuso la prohibición de salir del país y la retención inmediata de todos sus pasaportes.
La medida judicial se ejecutó en la vía pública en Brasilia, instantes después de que el legislador saliera de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo régimen de prisión domiciliaria. La decisión se enmarca en una causa penal por lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con casas de apuestas, que fue remitida al máximo tribunal debido a los fueros parlamentarios del dirigente conservador.
«Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política. Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme», expresó el senador en sus redes sociales.
Entramado financiero, sociedades offshore y medidas impuestas por el Supremo
El fallo firmado por el juez Alexandre de Moraes establece condicionamientos de estricto cumplimiento para el legislador y su entorno:
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Cancelación e incautación de documentación: La orden estipula la cancelación de todos los pasaportes brasileños (incluidos los diplomáticos) pertenecientes a Flávio Bolsonaro, sumado a un plazo perentorio de 24 horas para entregar cualquier documento de viaje de otras nacionalidades.
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Prohibición de contacto: El magistrado dispuso la restricción absoluta de comunicación entre el senador y el abogado Willer Tomaz, señalado como copartícipe de las maniobras financieras investigadas.
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Trama societaria e investigación por blanqueo: La Policía Federal fundamentó la medida tras detectar correos electrónicos que ubican al senador como «usuario principal» de una cuenta bancaria a nombre de la firma Alcazar Holdings en un paraíso fiscal de la isla de Madeira, Portugal.
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Vínculos con aviación privada y apuestas: El expediente documenta que dicha sociedad offshore operaba junto a la firma Cathedral —vinculada a la operadora de apuestas Best Bet— y figura como copropietaria de un jet privado de lujo (Legacy 650) utilizado para viajes internacionales compartidos entre el legislador y empresarios del sector.
La causa, que se inició originariamente en los tribunales federales de Rio Grande do Sul, se encuentra ahora bajo la órbita directa del Supremo Tribunal Federal, donde se avanzará en la recolección de pruebas telemáticas para determinar eventuales responsabilidades penales.