Un capítulo judicial de alto voltaje político ingresa en una instancia decisiva durante los próximos días en los tribunales federales.
Luego de haber cerrado la etapa acusatoria correspondiente al tramo inmobiliario, el Ministerio Público Fiscal se prepara para dar un paso clave que vuelve a colocar en el centro de la escena a las máximas figuras del kirchnerismo por presuntas maniobras de lavado de activos y retorno de fondos públicos.
Las audiencias en el juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces se reanudarán este miércoles 18 de noviembre, jornada en la que la Fiscalía comenzará finalmente con la lectura de la elevación a juicio vinculada a la causa Hotesur contra la expresidenta Cristina Kirchnery su hijo Máximo Kirchner.
El cronograma del tribunal y el motivo del retraso procesal
Según confirmó el presidente del Tribunal Oral Federal N°5, José Michilini, el debate oral retomará su curso esta semana tras haberse completado la exposición acusatoria por los delitos relacionados con la firma Los Sauces.
El inicio de la lectura correspondiente al expediente Hotesur había sufrido una postergación debido a que, al comenzar el debate tras la unificación de ambas causas, diversas defensas plantearon no haber contado con el tiempo suficiente para preparar sus intervenciones, considerando que originalmente este juicio estaba programado para marzo de 2027.
El eje de la acusación: asociación ilícita, empresarios amigos y dádivas
Durante las primeras cinco audiencias del proceso, tanto la Fiscalía como la querella representada por la Unidad de Información Financiera (UIF) detallaron los fundamentos de su requerimiento en el tramo Los Sauces.
La hipótesis central de ambas partes sostiene que entre 2003 y 2016 funcionó una “asociación ilícita” encabezada por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, junto a exfuncionarios públicos y empresarios allegados.
Según la reconstrucción de los acusadores, el esquema consistía en utilizar estructuras societarias familiares para canalizar dinero proveniente de firmas ligadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, compañías que habían obtenido adjudicaciones estatales irregulares y beneficios fiscales durante sus gestiones de gobierno.
Posteriormente, parte de esas ganancias regresaban a la familia Kirchner bajo la apariencia de contratos legítimos de alquiler con Los Sauces. En este marco, la exmandataria afronta cargos como presunta jefa de la asociación ilícita y por el supuesto cobro de dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa, mientras que Máximo Kirchner es juzgado en calidad de organizador.