El presidente Javier Milei delegó mediante un decreto en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir el acuerdo para transferir la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida, formalizada a través del Decreto 95/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, habilita un traspaso que ya venía generando resistencia entre los jueces laborales nacionales.
Los Fundamentos Legales de la Transferencia
Según Noticias Argentinas, la medida se sustenta en que cuando se creó el fuero laboral, la Ciudad “no revestía el carácter de Ciudad Autónoma”, condición que sí ostenta desde la reforma constitucional de 1994. El texto cita como antecedente clave la Ley 24.588 de 1995, cuyo artículo 6° habilita al Estado Nacional y a la Ciudad a suscribir convenios para la “transferencia de organismos, funciones, competencias y bienes”.
Además, el decreto menciona un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirmó que el carácter nacional de los tribunales con asiento en la Ciudad es “meramente transitorio” y pidió adoptar medidas para garantizar el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales propias. Adorni quedó facultado no solo para firmar el acuerdo principal, sino también cualquier “adenda, modificación o acuerdo complementario” que sea necesario.
Un Traspaso en un Momento de Alta Tensión Social
La transferencia de este fuero judicial adquiere una relevancia particular en el actual contexto político. Se espera que la Justicia Laboral tenga un rol protagónico si el Congreso finalmente aprueba la Reforma Laboral que impulsa el oficialismo.
Ante ese escenario, es altamente probable que sindicatos y otras entidades presenten una oleada de pedidos de amparo y medidas cautelares para intentar frenar la aplicación de la nueva normativa. El traspaso a la Ciudad, cuyo gobierno es afín al Presidente, podría buscar una mayor celeridad o alineamiento en el tratamiento de estos recursos, aunque el decreto se limita a fundamentar la medida en aspectos legales e históricos. La publicación del decreto marca un paso concreto hacia una reorganización del Poder Judicial en la Capital que lleva décadas en debate.
