El fiscal Crettón lo acusó que mientras se desempeñaba como funcionario del último gobierno de Mario Das Neves, continuó percibiendo su sueldo como empleado de la Municipalidad de Trevelin. El abogado defensor, Fabián Gabalachis alega que no hubo ninguna conducta imputable a su defendido. Indicó que los órganos del Estado contaban con toda la información necesaria, y que si actuaron sin el debido celo, no es responsabilidad de su representado. El juez O’Connor anunció que el miércoles dará a conocer su fallo.

En el marco del juicio a Oscar “Chito”Alarcón, por el presunto cobro de doble sueldo –en el municipio de Trevelin y en el Estado chubutense-, caso que se ventila en los Tribunales de Esquel, el juez Martín O’Connor analiza los planteos de las partes en sus alegatos, y dictará el fallo el miércoles 31 de julio, así lo detallo El Patagónico en su portal web.

El fiscal Marcelo Crettón defendió la tesis de la acusación pública, y pidió la declaración de responsabilidad penal de Alarcón, “por haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública, agravado por tratarse de un empleado público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El abogado defensor, Fabián Gabalachis, en cambio, sostiene que no hubo ninguna conducta imputable a su defendido, e indicó que los órganos del Estado contaban con toda la información necesaria, y que si actuaron sin el debido celo, no es responsabilidad de Oscar Alarcón.

De acuerdo a lo que informa el diario Jornada, Crettón repasó uno a uno los testimonios, resaltó las omisiones que entiende cometió Alarcón, y el desconocimiento del municipio de Trevelin respecto de que el imputado había comenzado a percibir haberes del Estado provincial. Expuso que al momento de conocer esta situación, se pidió opinión al cuerpo legal, iniciándose un sumario administrativo. Fue entonces cuando se aconsejó al intendente la realización de la denuncia penal.

El fiscal asimismo resaltó que no se había detectado antes porque no existía un sistema que lo pusiera en evidencia. Cuando el Tribunal de Cuentas fue informado, pidió la documentación.

Reiteró que “Chito” Alarcón omitió informar su designación en el municipio en el que se desempeñaba como empleado público integrante de planta permanente, en pleno conocimiento del deber de denunciar que le impone la normativa vigente (Arts. 67 segundo párrafo de la Constitución Provincial, Art. 14 y 20 de la Ley I Nº231 – Ética de la Función Pública). El acusador sostuvo que una persona que actúa de buena fe, al verificar la doble acreditación de haberes hubiera puesto en conocimiento de quién corresponda esta situación.

Mientras, Gabalachis volvió a criticar la acusación pública. Insistió en que en este caso no existió ninguna acción, comisión, ardid o engaño para lograr hacer incurrir a la Administración Pública en un error que le generara un perjuicio. Lo que hizo fue no informar. “No hubo maniobras de Alarcón, actitudes, actividades comisivas”, resaltó. Sostuvo además que el decreto de designación por el entonces gobernador Mario Das Neves, fue a parar a su legajo personal en la municipalidad de Trevelin. “Cuanto más exigible es la conducta de la víctima menos la del sujeto activo”, acotó.

“La deficiencia de no haber informado su rol o percepción dentro de la administración pública provincial –recalcó el letrado-, no se le puede achacar cuando el municipio no cuidó apropiadamente sus intereses”.

Finalmente se refirió al error de prohibición. Entendió que si en el decreto de su designación, el gobernador decía que comenzaba a remunerarse su función por el Ministerio de Coordinación de Gabinete, al cobrar ese salario era entendible que considerara que la situación era correcta. Solicitó la absolución. El fallo del juez, se conocerá el miércoles 31 de julio.

Hay que recordar que la Justicia también investiga a Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito en una causa que ya fue elevada a juicio. La Fiscalía le imputó al exjefe de ceremonial de las administraciones del fallecido gobernador Mario Das Neves no poder justificar con sus sueldos de empleado público la compra de terrenos en Rawson y Playa Unión por casi diez millones de pesos.