En Chubut hay una serie de casos que pueden servir como banco de prueba para la aplicación de una ley de extinción de dominio.
El debate por la llamada ley de extinción de dominio, por la que el Estado apunta a recuperar bienes y dinero producto de hechos de corrupción, tiene en Chubut una serie de casos que bien pueden servir como banco de prueba, aun con el riesgo de que en algunos casos se sobre actúe la postura en aras del obvio rédito político en un año electoral que ya comenzó.
Las causas “Embrujo” y “Revelación”, como también el de las coimas en el IPV local, son escenarios en los que se juega la posibilidad de que se recupere parte importante de los fondos que fueron birlados, con distintas modalidades, a toda la ciudadanía.
Diputados provinciales del radicalismo impulsan en Chubut un proyecto similar al que se discute en el ámbito nacional, con el fin de recuperar bienes adquiridos a partir de hechos de corrupción. En la iniciativa se contempla promover la demanda civil contra personas “humanas o jurídicas que ostenten un patrimonio que no sea compatible con los normales y habituales de la actividad que desarrollen, se hallen o no imputados en una investigación penal”.
El último punto es uno de los que abre el debate jurídico, ya que la norma, tanto nacional como provincial, habilita la quita de bienes aun cuando los sospechados de haberlos obtenido en hechos delictivos no hayan sido condenados por tales delitos.
Quienes rechazan esta tesitura, señalan como ejemplo que una norma así podría habilitar a que alguien que no fue condenado, o incluso sobreseído en un juicio por corrupción, podría posteriormente demandar al Estado para que le restituya y repare el daño causado por tal accionar.
Los que defienden la “extinción de dominio”, mencionan que el mecanismo está previsto por el Código Civil, además de que el país ha adherido a una serie de pactos internacionales que lo comprometen en la lucha contra la corrupción a través de un sistema judicial capaz de sancionar tales actos.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, informó que firmará un decreto para poner en marcha la extinción de dominio, el instituto jurídico que permite recuperar bienes vinculados a la corrupción, al crimen organizado y al narcotráfico.
En un anuncio realizado en Casa de Gobierno, el jefe de Estado aseguró: «Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos».
Según explicó, decidieron instrumentar la medida por decreto porque el proyecto que impulsaba Cambiemos «está estancado hace años» en el Congreso.
El gobierno nacional logró imponer la iniciativa en Diputados, pero fue modificada en el Senado, de ahí la demora en la sanción de la ley a la que se refirió Macri.
«Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo», argumentó el Presidente, quien además les solicitó a los jueces que «actúen rápido en el compromiso con la verdad y la transparencia».
«Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace, las paga. Sí, repito: en la Argentina, el que las hace las paga», suscribió Macri.
La semana pasada, la diputada nacional Elisa Carrió había reclamado por el tema en una entrevista con Infobae. Y este lunes minutos después del anuncio la Coalición Cívica emitió un comunicado de prensa en el que resaltó «esta herramienta fundamental» que tendrán los jueces.
Según explicaron los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano en una conferencia improvisada en el Salón Blanco, el decreto permitirá avanzar con la extinción de dominio por la vía civil incluso cuando el o los imputados aún no hayan sido condenados en el fuero penal.
«Un juez civil determinará qué bienes puede tener esa persona en virtud de sus ingresos y su actividad declarada. En este caso, se va a invertir la carga de la prueba y será independiente del proceso penal», declaró Bullrich.
La ministra de Seguridad advirtió que durante los primeros años de gestión de Cambiemos se recuperaron cerca de 23 millones de pesos en campos, propiedades y secuestro de drogas. «Es un porcentaje mínimo».
«Con este nuevo mecanismo tienen que tener miedo los narcotraficantes y los corruptos. Todo aquel delincuente que tuvo un proceso penal y fue condenado, cuando salga de la cárcel no va a poder tener los bienes que obtuvo con actos ilícitos», explicó Bullrich.
La funcionaria también explicó que el proceso puede tener quince años de retroactividad y que hay millones de pesos que «podrían haber sido recuperados» con este mecanismo nuevo. Además, envió un mensaje a los legisladores que no están de acuerdo con el proyecto de Cambiemos: «No creemos que haya un solo diputado o senador que esté en contra de sacarles los bienes a aquellos que le roban a la gente».
El ministro Garavano detalló cómo es el proceso que describe el nuevo decreto. «Se origina un proceso penal donde hay bienes secuestrados. La fiscalía avisa sobre la cantidad de bienes a una procuración que se va a crear específicamente para seguir este tema y esta evalúa el inicio de la acción civil», sostuvo
Chusoto evocó a Das Neves a 15 años del triunfo que lo llevó a la Gobernación.
Se cumplen hoy 15 años desde que Mario Das Neves ganó la elección que lo llevó por primera vez a ser gobernador del Chubut. Ese 9 de noviembre de 2003 venció al entonces gobernador radical, José Luis Lizurume, que buscaba la reelección y al que aventajó por algo más de 8 mil votos.
Ese momento fue recordado por el partido Chubut Somos Todos, a través de un pronunciamiento en que señaló que «se trató de un comicio muy particular en el que tuvo injerencia directa el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien el 31 de octubre en un acto institucional en Puerto Madryn se ubicó equidistante de ambos competidores, al pronunciar la recordada frase: «Mi amigo Cacho (por Lizurume) y el compañero Mario».
«No tenía un interés particular por quien ganara. Había asumido hacía relativamente poco, con bajo caudal de votos y necesitaba construir poder», recordó el presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Pérez Catán, quien reconoció no obstante que «esas palabras molestaron a nuestros militantes».
Esa campaña en la que Mario Vargas acompañaba como candidato a vicegobernador a Mario Das Neves fue muy distinta a las actuales. «Con menos logística y más artesanal», rememoró Pérez Catán.
El Chusoto consignó asimismo que «las giras por el interior provincial, Das Neves las hacía a bordo de una camioneta Chevrolet blanca, que fue la que lo llevó a recorrer en más de una oportunidad las localidades de la provincia del Chubut. Quien mayor confianza tenía en obtener el triunfo y así desplazar luego de 12 años a la UCR del gobierno provincial era Das Neves. Muchos de sus propios colaboradores no estaban seguros de ganar, sin embargo con su voluntad inquebrantable Mario Das Neves siguió adelante y logró llegar por primera vez a la Gobernación del Chubut».
«La llegada de Das Neves al gobierno implicó la implementación de una serie de transformaciones sociales generales, basadas en la aplicación de políticas públicas apoyadas en objetivos tales como equidad, integración social y territorial e inclusión», subrayó el partido fundado por el tres veces gobernador.
El auto de procesamiento dispuesto por el juez Bonadío contra un total de 54 personas, entre las que se incluye a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, junto a algunos de los empresarios más renombrados del país, reflota el paralelismo con las investigaciones judiciales abiertas en la provincia de Chubut. En particular, vuelve a quedar en la mira la propuesta de “Suspensión de juicio a prueba” a favor de algunos de los empresarios involucrados en la causa “Revelación”, luego de haber admitido el pago de coimas a funcionarios públicos.
“En el presente capítulo se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015 –señala el documento firmado por el juez Bonadío, al que ADNSUR tuvo acceso-, donde una colusión de funcionarios y empresarios (la Real Academia Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito en daño de tercero”), hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc.”. señala el escrito.
Y añade una consideración especial referida a los empresarios: “… y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”.
Vale recordar que entre los procesados por la medida dictaminada por el polémico juez, a quienes imputa el delito de participar en la asociación ilícita, se encuentran, entre otros, Benito Roggio, Angelo Calcaterra, Eduardo Eurnekian, Enrique Pescarmona, Carlos Wagner y el chubutense Alejandro Ivanissevich, entre muchos otros, además de la ex presdiente Cristina Fernández y funcionarios como Julio de Vido y Oscar Parrilli. Declara además extinguida la acción penal en contra de Néstor Kirchner, a raíz de su fallecimiento en el año 2010.
“Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos retornos o coimas”.
Más allá del debate que se abre en torno a por qué mantiene la eximición de prisión para los empresarios que se transforman en colaboradores o delatores de la investigación, no pasa desapercibido el cuestionamiento que hace sobre el rol de los empresarios y la posterior victimización, en un modo similar al ocurrido en la provincia de Chubut.
La discusión en Chubut por la “probation”
Ante ese debate amplificado en el ámbito nacional, vale recordar que en Chubut está pendiente de resolver si el juez y los fiscales aceptan la propuesta de suspensión de juicio a prueba presentada por tres de los empresarios involucrados en la causa “Revelación”, que propusieron hacer algunas obras de refacción en comisarías y gimnasios para evitar el avance del juicio oral y público.
El tema provoca un debate no sólo en el ámbito social, con posturas esgrimidas desde la organización “Iniciativa Ciudadana” (con referentes que avalan y otros que se oponen a esa posible aceptación), sino también al interior del Poder Judicial.
En ese marco, algunos conocedores del derecho señalan que el país ha suscripto convenios internacionales, que lo obligan a ir a fondo en las causas por corrupción, por lo que ese tipo de solución intermedia (sin condena efectiva ni reconocimiento explícito del ilícito cometido) va en contra de dichos tratados. Entre estos, se menciona la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a las que Argentina ha adherido a través de leyes respectivas.
Además, se menciona el artículo 36 de la Constitución Nacional, que estipula que atenta contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
En ese marco, se señala que no es seguro el resultado que algunos se plantean de que la pena prevista para el delito de cohecho, de entre 1 y 6 años de prisión, resultará en una condena de prisión en suspenso (siempre que no supere los 3 años), ya que el tipo de delito y la modalidad de haberse perpetrado en forma continuada en el tiempo podrían llevar una eventual condena por arriba de la media y hasta acercarse al máximo de la pena, en cuyo caso debe resultar de cumplimiento efectivo, aun cuando se trate de personas sin antecedentes penales.
El fiscal anticorrupción adjunto, Mario Romero, se refirió a una investigación en marcha que iniciaron y derivaron al Ministerio Público Fiscal por sospechas en las compras durante la emergencia declarada en febrero de 2015 por incendios en la cordillera. Indicó que las compras a investigar tienen la firma del exministro coordinador Juan Carlos Garitano y el ex titular de Defensa Civil Evaristo Melo. A modo de ejemplo, indicó que “nos empezamos a preguntar por qué 1500 colchones cuando no era una inundación y por montos de 3 millones de pesos”.
Romero informó que “haciendo un poco de historia, en su momento iniciamos un expediente por el tema del patrimonio de Defensa Civil y ése fue el origen que surge con la emergencia del incendio del 2015 en zona de cordillera, averiguando por el patrimonio de Defensa Civil porque había motos, cuatriciclos, camiones, y casillas que no estaban operativos”.
“Todas las reparticiones se quejaban porque no tenían elementos. Fue así que pedimos todo el patrimonio de Defensa Civil y ahí empezamos a investigar que había muchos automotores derivados a Bomberos y la cuestión es que surgen un montón de compras para la emergencia”, sostuvo.
“Abrimos un expediente sobre las compras para la emergencia y empezamos a detectar un montón de cuestiones que nos llamaban la atención por los montos, por ejemplo, alimentos, fardos, colchones, y demás. Por eso nos empezamos a preguntar por qué 1500 colchones cuando no era una inundación y por montos de 3 millones de pesos”, añadió.
“Fue así que empezamos a indagar más profundamente y surgieron un montón de rubros que llamaron la atención y concluyendo, se determinó la denuncia penal a los fines de seguir investigando si el comercio lo vendió y a cuánto”, resaltó.
Además, planteó que con “el tema del alimento teníamos que determinar la cantidad de personas afectadas. Averiguamos con el Ejército de Esquel y nos mandaron informes del área de Bosques de la Provincia y ahí ¿cómo no nos va a llamar la atención si compran 48 mil pesos en latitas de atún en un comercio que creo que no tiene la capacidad de proveer esa cantidad?”, precisó.
“A su vez, habían sido proveídos de alimentos por una casa de comidas por lo que esa superposición de compras hay que investigar”, dijo el fiscal anticorrupción adjunto y agregó que “también se detectó la compra de alimento balanceado y pasto por lo que eso fue evaluado por CORFO. Estamos viendo el tema de las entregas y esta investigación la enviamos al Ministerio Público Fiscal que puede requerir más documentación”.
Por tal motivo, el fiscal detalló que “los rubros eran alimentos, neumáticos, forraje, pasto y maquinarias. El tema de neumáticos era un costo muy alto y posiblemente se pueden quemar pero hemos hecho alguna investigación en un cuartel de bombero allegado a Esquel y nos manifestaron que ahí no se cambió ninguna goma por lo que ahí presunciones de que no fueron usadas. Ahí se gastó más o menos alrededor de los 600 mil pesos en neumáticos”.
En total, “fueron 4 decretos por 8 o 10 millones de pesos por sólo dos subsidios”, según manifestó y detalló que “la indicación de quiénes son los futuros sindicados y si han participado o no en una maniobra delictiva será definida por el Ministerio. Sí nombramos a las personas que han estado con alguna firma en los expedientes como el ministro Coordinador (por ese entonces), Juan Carlos Garitano, quien ya fue notificado de la investigación y Evaristo Melo, quien era el director de Defensa Civil de ese momento”.
Por tal motivo, “hicimos dos denuncias distintas, una con el tema de subsidios que recibieron los municipios en función de estos decretos, y otra cosa son los elementos comprados en la emergencia ante la inexistencia de maquinarias”, concluyó.
Hoy a las 12 se hará la audiencia de control de detención. Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz los imputarán por asociación ilícita.
La audiencia es el correlato de las detenciones que se produjeron este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno en Rawson en el caso de Bortagaray y en el puerto de Puerto Madryn en el caso del Ingeniero Alejandro Pagani.
En los allanamientos secuestraron documentación, expedientes, computadoras, material digital y teléfonos celulares.
La instancia que se desarrollará este mediodía será para que los imputados conozcan los hechos que se les reprochan y los elementos que tienen los investigadores para entender que están involucrados en una asociación ilícita.
En este sentido trascendió que los fiscales Iturrioz y Napoli van a pedir la prisión preventiva entendiendo que su libertad puede entorpecer el desarrollo de la investigación.
En la audiencia de hoy Pagani, será representado por el abogado Carlos Villada, y deberá ser trasladado desde Madryn hasta Rawson, mientras que Bortagaray, que designó a la Defensa Pública, fue alojado en una dependencia policial de Trelew.
Por la misma causa Revelación están detenidos hasta el momento Diego Correa, Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Diego Luthers y el empresario comodorense Federico Piccione.
La corrupción asociada al ejercicio del poder existe desde tiempos inmemoriales. Es un flagelo del que pocos países pueden escapar. Mucho más al hacer un revisionismo histórico. Y Argentina no es una excepción de ello. Así lo retrató, entre otros, Charles Darwin, en las líneas de un diario de viaje escrito en 1832 («Diario y observaciones», el título original del texto publicado en 1839), cuando visitó estos lares a bordo del Beagle.
En su estadía por «la Sudamérica española» -tal cual describe- , el científico inglés observó y analizó el comportamientos de los habitantes. En ese sentido, destacó «las maneras corteses y señoriales, que se hallan generalizadas entre la mayoría de los habitantes; el gusto excelente desplegado por las mujeres en el vestir, y la igualdad de trato en todas las clases».
También apuntó contra los hábitos de «vagancia» de la clase baja. «En Mercedes pregunté a dos hombres por qué no trabajaban. Uno me respondió, gravemente, que los días eran demasiado largos; y el otro, que por ser demasiado pobre. La abundancia de caballos y profusión de alimentos hace imposible la virtud de la laboriosidad. Además, hay una multitud de días festivos; y, como si esto fuera poco, se cree que nada puede salir bien si no se empieza estando la Luna en cuarto creciente; de modo que la mitad del mes se pierde por estas dos causas», escribió en un pasaje.
Pero entre vivencias y anécdotas, el naturista británico además hizo espacio para referirse a la corrupción, dejando algunas impresiones que bien pueden asemejarse a la realidad actual.
– «La policía y la justicia carecen de eficacia. Si un hombre pobre comete un asesinato y cae en poder de las autoridades, va a la cárcel y tal vez se le fusila; pero si es rico y tiene amigos, puede estar seguro de que no se le seguirán graves consecuencias. Es curioso que hasta las personas más respetables del país favorecen siempre la fuga de los asesinos; creen, al parecer, que los delincuentes van contra el gobierno y no contra el pueblo».
– «Casi todos los funcionarios públicos son corruptos. El director de Correos vendía francos falsificados. El residente mismo y su primer ministro se confabulaban para estafar al Estado. La justicia cuando entra en juego el dinero, no puede esperarse de nadie».
– «He conocido a un inglés que acudió a la primera autoridad judicial (según me contó, no conociendo entonces las costumbres del país, tembló al entrar en la sala) y le dijo: ‘Señor, he venido a ofrecer a usted 200 pesos (papel) -valor equivalente a 125 pesetas- si manda usted arrestar antes de tal tiempo a un hombre que me ha engañado. Fulano de tal me ha recomendado dar este paso’. El juez sonrió asintiendo, le dio las gracias, y antes de anochecer, el hombre estaba en la cárcel».
El cierre de la idea de Darwin plasma una mirada crítica con respecto a las ilusiones de los ciudadanos para con los dividendos de la gestión política: «Con tan absoluta carencia de moralidad en los hombres directores, y con una infinidad de empleados turbulentos mal pagados, ¡todavía espera el pueblo en los buenos resultados de una forma democrática de gobierno!».
«La Oficina Anticorrupción informó que existen trabados embargos por casi u$s 7.000 millones en estos casos de corrupción que se están investigando y esta cifra no incluye lo descubierto en el caso conocido como el de los Cuadernos», dijo a ámbito.com el Ministro de Justicia, German Garavano.
Al término de la reunión de seguimiento de Justicia en la cual participó el presidente Mauricio Macri, se evaluó la marcha de la Justicia y los temas de corrupción. En este sentido, el funcionario destacó que los avances contra la corrupción fueron posibles por la batería legal que ahora se dispone. Entre ellas destacó: la Ley de Medidas de Pruebas Especiales, el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas jurídicas; la Ley del Arrepentido y la Ley de Protección a los Testigos. A todo este paquete de leyes, explicó el ministro, se sumó el trabajo de la Oficina Anticorrupción.
«Este año ya hay 9 condenados por hechos de corrupción y se esperan cinco juicios para los próximos meses», aseveró Garavano para demostrar que al menos las causas avanzan.
Respecto a las cifras mencionadas en el caso de los Cuadernos y las confesiones de los arrepentidos, el ministro prefirió no adelantar ningún monto excusándose de que la causa está bajo el secreto de sumario.
Aunque sí preocupan las empresas involucradas. Justamente uno de los temas que se están analizando es la responsabilidad de las empresas en los hechos de corrupción.
Al respecto, el funcionario mencionó la creación del fideicomiso para facilitar la continuidad de la obra pública (anunciado este lunes por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich): «Se está evaluando elevar el estándar en los requisitos en relación a las empresas que están involucradas en hechos de corrupción», dijo Garavano. Explicó que la Ley de Obras prevé que sea firme el procesamiento de algún directivo de las empresas y «se está analizando si la restricción se puede transformar en un simple procesamiento».
El sistema penal establece la responsabilidad penal «de las personas y no afectan a las empresas», por esta razón, explicó en el Gobierno se está pensando en establecer, por ejemplo, que normas en el fideicomiso que establezca «determinados estándares para que no se repitan estas conductas». «También, las empresas que se vieron vinculadas anteriormente (a hechos de corrupción) deban tomar medidas como separar directivos, aplicar programas de integridad, y eventualmente un bono reparación o un pago a cuenta», dijo Garavano.
En tanto, la nueva ley prevé que en el futuro las empresas se verán afectados a una multa e incluso de que se le quite la personaría jurídica.
En relación a la Ley de Extinción de Dominio votada en el Senado que no permitiría recuperar lo pasado, el ministro señaló que a su juicio «sí se podría recuperar». En la Rosada sostienen que sus diputados insistirán con el proyecto de esa Cámara pero para Garavano es importante «que salga la Ley».
El funcionario volvió a ratificar la decisión del Gobierno de que «la Justicia debe avanzar independientemente de quien se vea afectado. No importa caiga quien caiga», concluyó el ministro.
El presidente Mauricio Macri le brindó una entrevista a la CNN donde dejó algunos conceptos extraños. Como raro fue también que no hiciera uso de su al menos cuestionable capacidad de hacer chistes relacionados con el futbol.
«Estoy muy contento que sea en mi presidencia, durante mi Gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Algo que me comprometí con los argentinos es que la verdad esté sobre la mesa, y que la ley es la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina», afirmó Macri, quien aseveró que le dicen que a él no le conviene que la expresidenta vaya presa.
Según Macri, la causa de los cuadernos desaparecidos «le conviene y es fundacional para la Argentina». «En la Argentina, en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix», tuvo que decir para ser fiel a su estilo sobre esta causa que parece tener mas de ficción que de realidad.
Además, se refirió las investigaciones sobre corrupción que abarcan tanto al kirchnerismo como a funcionarios de su gobierno. «Corrupción siempre hubo en el mundo», se defendió.
En relación a la crisis, la inflación en aumento y una pobreza estructural cada día más elevada, Macri eligió disparar al aire: «Somos un país con un fuerte déficit fiscal, que requiere financiamiento internacional, y no tiene un sistema financiero potente y eso nos trae una debilidad», dijo.
«Argentina tiene una sociedad que esta contaminada por el fenómeno de la inflación. Se corren los precios para no perder», añadió también.
Además, tiró la pelota al sector turismo, que según el mandatario sería la salvación del país. «El turismo va a ser una gran solución para muchos en el futuro porque genera trabajo de calidad» dijo el mismo mandatario que en su primer año eliminó los feriados puente pero que es un experto en vacaciones.
Macri no se perdió la oportunidad de cargar contra el kirchnerismo y la pesada herencia: «En la Argentina se regalaba la luz, el gas y los servicios sanitarios. Eso solo llegó al 1500% de aumento que impactó en el índice y que generó un comportamiento del aumento hacia toda la sociedad», explicó.
El abogado Eduardo Hualpa, integrante de Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut, cuestionó que “se desvincule” a los empresarios mediante la Probation. Consideró que “la corrupción es un hecho muy grave” y por ende “no es lo más sano” otorgar el beneficio a los involucrados en la causa Revelación. Adelantó que el jueves se definirá si son aceptados como querellantes de la causa.
El letrado cuestión así el pedido de Probation (suspensión de juicio a prueba) efectuado por los empresarios Patricio Musante, Esteban Torraca y Juan Salaberry, el viernes pasado en una audiencia en la cual propusieron obras de reparación para Gaiman, Trelew y Comodoro Rivadavia.
Hualpa aclaró que “no es lo más conveniente para la ciudadanía en general” que se acepte la Probation”, sino que este beneficio “es para que los delitos menores -y que se cometen- por primera vez. Es para una persona que no tiene antecedentes, se va a someter a las reglas de conductas y el delito que comete es leve”, explicó.
“Una vez que se cumplen .las medidas- es como si nunca hubieran tenido causa”, afirmó.
En diálogo con RADIO 3 señaló que “en los casos de corrupción, aunque las penas no sean muy altas, el delito es muy grave, porque afecta a la comunidad y la confianza en las instituciones de Gobierno”.
Añadió que a “además, las reparaciones ofrecidas son insuficientes”. Diferenció una situación de la otra, “son dos cosas diferentes”, ya que “creemos que en esta etapa no corresponde la Probation y si correspondiese las reparaciones son insuficientes”.
Respecto a la audiencia del viernes pasado, Hualpa indicó que repasamos y discutimos con los vecinos y llegamos a la conclusión de que no es recomendable en causas donde se investiga corrupción, que personas que están imputadas se vayan por una vía rápida”.
Consideró que la Probation “impide un esclarecimiento completo de la situación -porque- no sabemos hasta qué grado las conductas investigadas fueron cometidas por las personas que han pedido la suspensión del juicio a prueba”.
Por eso consideró que “es muy importante profundizar la investigación”, ya que “dar la Probation es salir de la causa”.
Indicó que si bien el viernes los tres empresarios recuperaron la libertad, “una cosa es que no tengan una medida que afecte su libertad y se los siga investigando, y otra es una Probation porque salen de la causa”.
“No es lo mismo la libertad y seguir sujetos a proceso, que la desvinculación completa del proceso”, insistió Hualpa. “No es lo más sano” que acepten la Probation, subrayó el abogado.
En este marco consideró que “lo mejor es que sigan en el juicio y más adelante se verá cual es el grado de responsabilidad de cada uno. No queremos que nadie salga en este momento -ya que- creemos que se tiene que investigar a fondo”, sentenció.
“Lo mejor sería un juicio oral y público para que se ve a que hizo cada uno”, definió.
Por último, Eduardo Hualpa aclaró que al momento Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut solamente es querellante en la Causa Embrujo y no en Revelación. Esto se definirá el próximo jueves 23 de agosto en una audiencia de constitución de querellantes que se concretará antes de la que definirá si se acepta o no la solicitud de Probation.
Hualpa señaló en este sentido que Iniciativa Ciudadana “no es una ONG, no busca mantenerse en el tiempo”, sino que “la idea es animar una discusión pública sobre los hechos de corrupción y desafiar la idea que esto siempre ha sido así y no se puede cambiar”.
Por ello “no es necesario estar en todas las causas para hacer esta tarea. Alcanza con estar en las más importantes”, concluyó.
“No es lo mismo la libertad y seguir sujetos a proceso, que la desvinculación completa del proceso”, insistió Hualpa. “No es lo más sano” que acepten la Probation, subrayó el abogado.