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En minoría, el camarista Mariano Llorens pidió la detención y destitución de CFK en la causa que investiga el uso de aviones oficiales. Es el juez que llegó a su cargo con Macri, lo visitó en Olivos durante su presidencia y ataja en el equipo de Luciani que jugó en la quinta del líder PRO.

En una novedad judicial que ya es polémica, la justicia argentina le suma elementos que hacen que el adjetivo aumenta su profunidad: la Cámara Federal porteña ratificó por mayoría el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el delito de peculado por el supuesto traslado de muebles al sur en aviones oficiales y desestimó el caso de la utilización para el caso de los diarios, pero uno de sus integrantes pidió la destitución de la ex mandataria y disponer su detención.

Quienes decidieron por mayoría fueron los jueces Leopolgo Bruglia y Pablo Bertuzzi, colocados por decreto en sus cargos por Mauricio Macri, que ratificaron el procesamiento de la ex presidenta por los muebles pero excluyeron como delito el uso de esos aviones para trasladar diarios. Además, ratificaron la falta de mérito del entonces secretario de la Presidencia y hoy senador Oscar Parrilli.

Pero en minoría, el juez federal Mariano Llorens avaló lo determinado por sus pares pero fue por más: se pronunció por disponer la detención de la vicepresidenta y notificar al Senado para que avance en su juicio político. 

Llorens no es cualquier juez. En primer lugar, se trata de un magistrado que llegó a su cargo a través de Macri, cuando lo nombró el 8 de junio de 2018 tras concursar el puesto para una vocalía vacante en la sala I de ese Tribunal.

Llorens además es otro de los jueces que vistaban a Macri en distintos lugares pero a nadie, en el Poder Judicial, le parece raro: se reunió con el líder PRO el 17 de diciembre de 2018 en Casa Rosada y el 6 de septiembre de 2019 en la Quinta de Olivos, siempre cuando el ex jefe de gobierno porteño era presidente.

No conforme, Llorens se hizo famoso nuevamente con el juicio oral de Vialidad, siempre contra CFK, ya que es el arquero de Liverpool, no el de la Premier League sino el equipo del fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, combinado amateur que disputó partidos en la quinta Los Abrojos, de Macri.

Con Macri también compartió algo más: es el arquero al que el ex presidente le metió un gol de tiro libre en aquel famoso video que el dirigente de Juntos por el Cambio le mostraba a líderes del mundo. 

Qué argumenta Llorens y cómo fue la causa  

Ahora, escribió Llorens: “Habré de encomendar al magistrado de grado se considere, en atención al acento distintivo de los hechos del sumario como testimonios de una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación (artículo 36 de la Constitución Nacional), que debe ser prevenida, erradicada y sancionada, que evalúe los extremos aquí indicados para precisar la senda que se habrá de transitar”.

“Respecto de la porción del proceso que ingresa en el campo del derecho criminal, deberá analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”, concluyó.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la justicia una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan los pedidos para que se cite a dar declaración indagatoria a otros miembros del grupo del grupo que integraban Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, los dos principales acusados del atentado contra la expresidenta, informaron fuentes judiciales.

Los abogados que representan a la expresidenta solicitaron que Sergio Eduardo Orozco sea citado en calidad de imputado: se trata uno de los supuestos vendedores ambulantes que se presentó junto con Uliarte en la entrevista que dieron el martes dos de septiembre al canal Telefé y es además quien puso la casa en la que se reunió el grupo horas después del ataque fallido.

La audiencia a Carrizo

La información se conoció durante la audiencia de este martes en la que de Nicolás Gabriel Carrizo, líder del grupo, reclamó su excarcelación -que le fue denegada- y su abogado defensor, Gastón Marano, pidió incorporar como testimonio favorable a su defendido una declaración que el mismo le había tomado a Orozco ante un escribano público.

Tras señalar que esa declaración no tenía ningún valor para el proceso, el abogado Marcos Aldazabal, en representación de la querella, advirtió que pretendían que Orozco sea convocado a prestar declaración indagatoria para que se evalúe su eventual aporte al plan criminal que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Télam pudo confirmar de fuentes judiciales que el pedido para que se lo convoque a indagatoria ya había sido presentado antes de la audiencia de este martes ante la Cámara Federal porteña y forma parte de las medidas que la querella solicitó que se tramiten en legajos reservados para no entorpecer el avance de la investigación.

De la información extraída del celular de Carrizo e incorporada a la causa surge que Orozco, apodado «Checho», estaba preocupado por haber recibido a Uliarte en la casa en la que el vivía junto con su hermano.

«Estoy hasta las manos. Porque le van a pedir dónde estuvo», se quejó Orozco en un mensaje que le envió a Carrizo instantes después de enterarse de la detención de Uliarte, según pudo reconstruir Télam.

Nuevas líneas de investigación

De las propias comunicaciones de Carrizo surgen otras líneas de investigación en las cuales ya se enfocó la querella: una de ellas coloca bajo sospecha a una persona a la cual tenía agendada como «Joa» que aparece en whatsapp como alguien que, después del ataque, manejaba información sensible vinculada a la causa por la cual ya estaba detenido Sabag Montiel.

La fiscalía había pedido que se cite a esa persona, de nombre Joana, como testigo, para que explique una serie de mensajes que podrían ser útiles para la investigación, pero según pudo saber Télam la querella reclamó que sea convocada en calidad de imputada.

Para los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, la persona detrás de esos mensajes parece dar instrucciones al grupo sobre como moverse en relación a la investigación judicial que podría tenerlos por sospechosos.

Para la querella, investigar el papel de «Joa», junto con el de Carrizo, podría conducir hacía otros eventuales involucrados en la maniobra que hubieran tenido un rol «intelectual».

En el expediente judicial hay cuatro mensajes de audio de whatsaap de «Joa», extraídos del teléfono de Carrizo, y que corresponden a una conversación que el domingo 4 de septiembre, cuando detuvieron a Uliarte, y duró hasta pasada la medianoche.

«Amigo yo no voy a vaciar nada ni voy a borrar nada y desde ya les digo, ni se les ocurra borrar nada, porque ahí si que van a flashear que ustedes tienen algo que ver y no tienen nada que ver, hagan vida normal, no se persigan», decía Joana, cuyo apellido se mantendrá en reserva, en uno de los audios detectados por la justicia.

«Sigan su vida normal, es al pedo perseguirse, y eso de borrar los chats no, porque por más que vos los vacíes por el IMEI te lo rastrean y saben todo lo que vos hablás, lo que borrás, lo que decís, no decís, o sea, saben todo», les recomendaba a Carrizo y otros contactos en un grupo de whatsapp.

«Tengan en cuenta también, que lo que hablan, a ver… hay algunos que tienen los celulares pinchados y van a seguir pinchando los celulares, hasta encontrar vínculos, hasta encontrar cosas, sigan… a ver… todos sabemos que nadie conocía lo que había detrás de esa persona (en referencia a Sabag Montiel), porque parecía una persona cuerda, normal, educado, pero bueno», decía en otro de los mensajes.

Las investigaciones judiciales

Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.

La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia Vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como «Vialidad».

«Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron», sostuvo Fernández de Kirchner desde su despacho del Senado en el marco de una audiencia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en esa causa.

En el afán de avanzar con la línea que pueda conducir a averiguar quiénes orquestaron el ataque -si es que fueron personas distintas a las que lo ejecutaron-, Télam pudo saber que se están analizando las llamadas entrantes y salientes de los imputados, de donde podrían surgir conexiones de interés para la investigación.

La Justicia descartó que el supuesto líder de “la banda de los copitos” pueda salir en libertad, según lo solicitado por su defensa este martes en la causa que lo involucra como uno de los principales acusados de asesinar a la vicepresidenta.

La jueza María Eugenia Capuchetti tomó la decisión de que la última persona que fue detenida por esta causa continúe en prisión mientras siguen realizándose las investigaciones del caso.

El abogado de Carrizo, Gastón Marano, presentó dicho pedido demostrando que el supuesto líder se puso a disposición de la Justicia para presentar el contenido de su teléfono y recordando que en el momento de su detención no presentó ningún tipo de resistencia.

Tanto Capuchetti como el fiscal acordaron en que siga en prisión por haber tenido una charla con Brenda Uliarte, novia de Fernando Sabag Montiel, también cómplice e integrante de la oscura iniciativa de querer terminar con la vida de Cristina Fernández.

La Justicia federal se centra en los autores materiales y algunos eventuales cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp. Todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclama, al igual que lo hizo la propia exmandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos eventuales cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.

Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.

La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como «Vialidad».

«Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron», sostuvo Fernández de Kirchner desde su despacho del Senado en el marco de una audiencia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en esa causa.

Los detenidos

Por el ataque a la Vicepresidenta se encuentran detenidos y procesados como coautores del hecho Fernando André Sabag Montiel, el hombre que gatilló una pistola con cinco balas en el cargador apuntada a la cabeza de la exmandataria; y su pareja Brenda Uliarte (23), quien lo acompañó hasta el lugar del hecho y se jactaba en mensajes de WhatsApp de haberlo enviado a cometer el magnicidio.

También se encuentra detenida Agustina Díaz (21), quien registra conversaciones con Uliarte, al menos desde el 4 de julio, en las que se habla de matar a Fernández de Kirchner e incluso de cómo esconderse luego para evadir el accionar de la Justicia.

Y hay aquí una particularidad aún no develada: Díaz usaba una línea telefónica a nombre de Uliarte y su teléfono comenzará a ser peritado esta semana.

No será el único: hay al menos otros 5 teléfonos secuestrados en distintos allanamientos que serán sometidos a peritajes en los próximos días, aunque es baja la expectativa de que surjan de allí datos de trascendencia.

El cuarto detenido del caso es Nicolás Gabriel Carrizo (27), el hombre se que se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevista junto con Uliarte en el noticiero del canal televisivo Telefe, en la que se presentó como el jefe de un grupo de vendedores de copos de nieve que estaban recibiendo amenazas por haber tenido entre sus empleados a Sabag Montiel.

Las propias conversaciones halladas en el teléfono de Carizzo lo muestran como alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta, además de que surge de ellas que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido.

Carrizo se presentó a la Justicia de manera voluntaria luego de que fuera detenida Uliarte; del mismo modo entregó su teléfono celular (y la clave de acceso) en el que se encontraron las pruebas que lo incriminan.

Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-, y quien reclamó que se declararan nulos los mensajes del celular de Carrizo porque él había aportado el dispositivo en calidad de testigo. El intento, por supuesto, fue rechazado.

Marano solicitó además una batería de medidas tendientes a despegar a Carrizo del atentado con la idea de que sólo tenía un vinculo laboral con los atacantes: para ello se enfocará en los mensajes de WhatsApp que acumula con ellos hasta el día del hecho.

Para los investigadores judiciales, pero sobre todo para la querella, el personaje de Carrizo es, al menos hasta ahora, el que podría conducir hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido, según pudo reconstruir Télam de fuentes de la investigación.

Esta agencia informó el miércoles pasado que la querella de la vicepresidenta hizo una presentación judicial con el objetivo de que se investigue quién está por arriba del detenido Carrizo y que, para ello, aportó un dato sensible al expediente vinculado con un posible nexo del imputado y solicitó que sea investigado en un legajo reservado.

De las propias comunicaciones de los autores, Carrizo y de su manejo del WhatsApp y el Telegram surgen líneas de investigación en las que ya trabajan la Justicia y su auxiliares: en las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Uliarte en las horas posteriores al ataque.

Es el propio Carrizo el que diseña la estrategia de ir a los medios de comunicación a dar una entrevista y desde ese lugar fue el que se ocupó de definir las condiciones y de reunir, el 2 de septiembre, al resto de los supuestos vendedores de copos de nieve con la propia Uliarte.

«Brenda necesito que hablemos de algo. Nos están investigando, incluso a vos. Tenemos los teléfonos pinchados (…) vamos a darle una montada a los medios de mirada. Si, tenés que venir con nosotros. Pero antes de eso vamos a hablar acá y lo que tenés que decir», le dijo uno de los autores Carrizo a Uliarte horas después del ataque fallido, cuando actuaba como quien maneja todas las variables.

Por esas horas también le envió un mensaje a su hermanastra, agendada en su teléfono como «Andrea», en el que le decía que el atentado estaba planificado para la semana siguiente y que Sabag Montiel era un «pelotudo» por haber fallado. Allí también le manifestó que había aportado una pistola para el ataque y su hermanastra intentó tranquilizarlo con el pretexto de que no quedarían huellas en el arma.

Carrizo intentaría luego, durante su declaración indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo, hacer pasar esos mensajes como parte de una «broma», algo que pareciera que nadie creyó.

Del análisis de sus propias conversaciones puede observarse, incluso, que el tono es, primero -en las horas más cercanas al hecho-, el de quien quiere dominar una situación, y luego, acaso en un giro estratégico, el de quien intenta modificar el tono para alguna vez presentarlo como jocoso.

La comunicación entre Carrizo y Uliarte

En las horas posteriores al ataque Carrizo le indicó a Uliarte cómo moverse; la conversación fue la siguiente, según reconstruyó Télam:

Carrizo: Ponete un barbijo y actúa normal, viajá en bondi y listo. (…) tendrías que salir ahora. A esta hora la gente sale a laburar

Brenda: Perdonen chicos en el lío que los metimos.

Carrizo: Lo único que te puedo decir es que estamos investigados. La llamaron a la mamá de Miguel (Ángel Castro Riglos, uno de los supuesto vendedores de copos de nieve).

Brenda: ¿Posta?

Carrizo: Y le preguntaron si tenía vínculo con Sabag Montiel. No es joda.

Brenda: Tengo miedo que vayamos todos en cana si salimos a hablar.

Carrizo: No boluda, sabés de qué tenés que tener miedo, de la condena social. Legalmente nosotros no hicimos nada. Pero la justicia duda de complicidad. Yo sé cómo se manejan esta gente. Y sé cómo lo toma la gente que mira la tele. Hay que ir hoy mismo.

Esa secuencia de mensajes, que incluyó también conversaciones con otros miembros de su grupo de pertenencia, continuó hasta la tarde-noche del viernes 2 de septiembre, cuando le dieron la entrevista a Telefe; luego Carrizo cambiaría el tono de sus conversaciones hasta el punto de acusar a Uliarte de haberles mentido.

«Boluda escuchame, mirá acá andan en la tele están diciendo que vos lo viste el mismo día (del hecho), que fuiste a cobrar diez lucas con él y vos dijiste en la tele dijiste, que hacía como dos días no lo viste, eso es lo que pasa boluda, eso es lo que yo te estoy diciendo, que hay cosas que van a quedare en el aire y quedamos como unos mentirosos», le reprocharía.

Días más tarde, el 14 de septiembre, Carrizo se convertiría el cuarto detenido del caso en el que se investiga el intento de magnicidio.

En este contexto, no fue bien recibida por la querella la noticia revelada por Télam este sábado de que la jueza Capuchetti decidió rechazar la competencia que le había conferido su colega Marcelo Martínez de Giorgi en relación a una causa en la que se investigan los mensajes violentos y amenazantes en contra de la vicepresidenta y otros miembros del Gobierno lanzados desde la cuenta de Revolución Federal en la red social Instagram.

Ahora será la Cámara Federal porteña la que deberá decidir si ese asunto se investiga junto con el ataque a las dos veces presidenta, y por ende queda en manos de Capuchetti, o en forma completamente separada, en manos de Martínez de Giorgi.

Mientras tanto, esa causa pasó a estar bajo secreto de sumario mientras se llevan a cabo una serie de medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita y que tienden a determinar quiénes financian ese espacio.

La vicepresidenta denunció «arbitrariedades» en el desarrollo de la causa Obra Pública y contó que se sentía como «en una película de juicios, en que se busca la verdad».

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, cuestionó las «arbitrariedades» que se cometieron en el juicio por la Causa Vialidad y afirmó que «si no hubiese sido abogada, habría estado en estado de indefensión».

«Como soy acusada, pero al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato, por mi carácter de profesional», sostuvo la titular del Senado.

Al exponer en el juicio oral, la principal acusada en la Causa Vialidad denunció las «arbitrariedades» que -a su entender- hubo a lo largo del proceso judicial: «Me fue negado el derecho de ejercer la defensa».

«Esta declaración que voy a hacer ahora no es una graciosa concesión del Tribunal, sino que me asiste el Código de Procedimiento. Si no hubiera tenido la suerte de ser abogado, hubiera estado en estado de indefensión frente al alegato del fiscal», señaló Cristina Kirchner, quien contó que se sentía como «en una película en esas de juicios, en que se busca la verdad».

Asimismo, pidió formalmente -en su rol de abogada- que «al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio».

«Todo esto que pasó en estas jornadas lo vamos a compendiar, lo voy a subir a mis redes, para que el mundo pueda observar lo que fue este juicio. Una ventaja del Zoom, que a mí no me gustaba», lanzó la vicepresidenta, quien advirtió que se trata de «un claro caso de prevaricato».

En ese sentido, insistió en que «el fiscal (Diego) Luciani y el fiscal (Sergio) Mola mintieron en el alegato final de acusación».

Al recordar la carrera política de su fallecido ex marido, Néstor Kirchner, la titular del Senado ironizó: «Militamos toda una vida para 51 obras viales». Y agregó: «Kirchner llegó a la Presidencia de chiripa, en medio de una crisis monumental».

«La realidad de lo que pasó no resiste esta acusación, pero sin embargo fue llevada adelante», se quejó.

«Fuimos elegidos por el pueblo, así que no podemos ser nunca una asociación ilícita», remarcó Cristina Kirchner, quien destacó que las obras cuestionadas estaban en la órbita de Santa Cruz y fueron juzgado por la Justicia de la provincia patagónica.

La ex mandataria consideró que la acusación de asociación ilícita «no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal». «Uno es responsable por las competencias que tiene», señaló la titular del Senado, al advertir sobre las funciones que establece la Carta Magna tanto para el Presidente de la Nación como para el Poder Legislativo.

Y añadió: «Tenían que traerme de los pelos a un juicio y para eso trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la jurisprudencia, a todo. Quiero que se entienda, porque es realmente un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, casi al borde del ridículo».

«Vivo en estado de sitio permanente, porque mis garantías constitucionales están todas suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015», lanzó. (NA)

La vicepresidenta Cristina Kirchner se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 en el marco de los alegatos en su defensa por la causa Vialidad.

Este viernes, Cristina Kirchner cerró la etapa de los alegatos en su defensa por la causa Vialidad. En ese sentido, la vicepresidenta remarcó su poder de declarar al decir que “si no hubiese tenido la suerte de ser abogada, hubiera estado en indefensión frente al alegato del fiscal (Diego Luciani)”.

“No puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho de ejercer la defensa oportunamente cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos del fiscal sobre prueba que no había sido habituada, y con acusaciones que no habían existido”, mencionó a su vez.

Cristina Kirchner arrancó su discurso al explicar: “Estoy ejerciendo el derecho que me concede el artículo 104 del Código Procesal Penal en cuanto a que, como soy acusada pero al mismo tiempo soy abogada, puedo hacer uso de esta etapa del alegato por mi carácter de profesional”.

“Esta declaración que voy a hacer no es una graciosa concesión del Tribunal, sino que me asiste el 104 del Código. Con lo cual, si no hubiese tenido la suerte de ser abogada, hubiera estado en indefensión frente al alegato del fiscal”, sentenció.

Luego, Cristina Kirchner “felicitó” a los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy “por la defensa que desplegaron de una manera tan profesional pero, fundamentalmente, tan clara en cuanto a escuchar el alegato del fiscal, a pasar a los hechos y a la valoración de la prueba”. Tras esto, la vicepresidenta aseguró que “se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron (Sergio) Mora y (Diego) Luciani”.

“Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, cuestionó también. Después, agarró la documentación que preparó para la jornada y señaló: “Esto es el desarrollo que hicieron los doctores Beraldi y Llernovoy con las pruebas, las intervenciones de los testigos, la exhibición de las pruebas documentales, de las periciales, y, la verdad, no se puede creer cómo se ha llevado este juicio adelante y por qué”.

«Mañana continúan las audiencias de la causa ‘Vialidad’. A partir de las 9.30 hs el Dr. (Carlos) Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11 hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN», escribió la Vicepresidenta Cristina en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta Cristina Kirchner ejercerá este viernes desde las 11 su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio que la tiene como acusada por la obra pública de Santa Cruz y en el que, dijo, «seguirá desarmando las mentiras» de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«Mañana continúan las audiencias de la causa ‘Vialidad’. A partir de las 9.30 hs el Dr. (Carlos) Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11 hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN», escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Este viernes se llevará a cabo ante el Tribunal Oral Federal 2 la tercera jornada del alegato en defensa de la Vicepresidenta en el juicio por el supuesto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez durante su Presidencia.

El martes pasado, la titular del Senado, además de confirmar que ella iba a realizar su propia defensa en el juicio, apuntó contra Luciani y Mola, al señalar que los fiscales «parecen trolls».

Dijo también que su abogado «demolió las mentiras y fake news» de los acusadores, parafraseó a Juan Domingo Perón y les espetó que «se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo».

En el cierre de su alegato técnico, Beraldi ratificó que «la doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte en la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia».

El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que «el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso».

Asimismo, el miércoles Fernández de Kirchner sostuvo que los mismos legisladores que la denunciaron por presunta corrupción con la obra pública aprobaron los presupuestos nacionales donde se contemplaban las partidas para los trabajos objetados que la llevaron a juicio, y destacó que incluso presentaron cálculos de gastos y recursos alternativos contemplando esas mismas obras.

La dos veces Presidenta dejó constancia de su aseveración en Twitter, con un texto que acompañó con un video de algo más de dos minutos en el que se escucha parte del alegato de su defensa y se leían los nombres de los diputados nacionales que aprobaron esos presupuestos.

La Vicepresidenta Cristina transcribió la ponencia de su defensa en los alegatos, que dijo: «Ningún legislador fue presionado o coaccionado para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015».

En la nómina se mencionó a Margarita Stolbizer, en los períodos 2003-2005 y 2009-2017; Fernando Sánchez, 2007-2009 y 2013-2017, y Ariel Osvaldo Passini, 2007-2011.

Agregó que «los proyectos de presupuesto alternativos elaborados por la oposición incluían a las mismas obras que son cuestionadas en esta causa». Y mencionó el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de 2010, el alternativo de 2010 y el alternativo de 2011.

Además, se refirió a otro de los firmantes, el entonces diputado Juan Carlos Morán, por ser «uno de los legisladores que presentó la denuncia del año 2008 en la que se dice que hay una asociación ilícita».

A la vez, destacó que al verificar «año a año» los proyectos de presupuesto «también uno encuentra nombres que llaman poderosamente la atención», y resaltó que «no eran solamente votados por los kirchneristas».

Entre los diputados nacionales opositores que acompañaron los presupuestos del oficialismo mencionó a Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Francisco de Narváez, Pablo Tonelli, Luis Barrionuevo y Gerardo Morales.

Los abogados de Agustina Díaz insistían con el pedido, pero Marcos Aldazabal, abogado de Cristina Fernández, había señaladoque sería «enormemente dañino» para la investigación. Finalmente, el tribunal de alzada confrimó que la joven continuará detenida en el marco de la causa.

La Cámara Federal porteña rechazó en la tarde del jueves excarcelar a la amiga de Brenda Uliarte, Agustina Díaz, en la causa en la que ambas están acusadas por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El pedido de la querella de Cristina ante la Cámara

El fallo del Tribunal se produjo luego que la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidiese que se negara el beneficio a Díaz en la causa por intento de homicidio de la exmandataria, advirtiendo que sería «enormemente dañino «liberarla en este momento, cuando aún se investiga su posible «participación criminal» en el hecho.

«Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas», recordó la querella al repasar los mensajes que Díaz le envió a Brenda Uliarte, su amiga ya procesada como presunta coautora del atentado junto al también detenido Fernando Sabag Montiel, portador del arma con la que intentó asesinar a Fernández de Kirchner.

«Si en este momento es excarcelada sería enormemente dañino para una investigación de esta relevancia», sostuvo antes del mediodía el abogado Marcos Aldazabal al exponer de manera oral en una audiencia presencial ante los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens

El letrado apoderado de la Vicepresidenta dijo que «la participación criminal» de Díaz «puede surgir de mensajes anteriores al hecho dónde ofrece consejos» a Brenda Uliarte.

«Puede que haya prueba que ella conoce y nosotros aún no», agregó además Aldazabal y recordó que la joven de 21 años instó a Uliarte a borrar mensajes, entre otros consejos que le daba en sus intercambios.

También evaluó la posible existencia de conversaciones «que hayan ido más allá» y podrían «mostrar alguna participación en la preparación del atentado o directamente partícipe», algo que se irá dilucidando con prueba aún pendiente, sostuvo.

Díaz amplió el miércoles su declaración indagatoria en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y en ese trámite se la imputó por haber intervenido «activamente en la planificación del suceso», según el texto al que tuvo acceso Télam

La vicepresidenta compartió un recorte audiovisual de la audiencia por el juicio conocido como Vialidad con la intervención de su abogado. «El Dr. Beraldi demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola», indicó la dirigente.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un recorte audiovisual de la audiencia por el juicio conocido como Vialidad, donde su abogado defensor, Carlos Beraldi, «demolió las mentiras y fake news» de los fiscales Diego Luciani y Serio Mola.

«Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia del día de hoy, donde el Dr. Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls», escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter.

En esa línea, Fernández de Kirchner citó al expresidente Juan Domingo Perón: «Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo».

Además, la titular del Senado compartió un recorte de la audiencia de esta mañana, donde el abogado Beraldi presentó su alegato.

«Hay algo que la fiscalía nos quiso hacer creer a partir de esos mensajes que aparecían en el teléfono del señor (José) López: que a partir del día 28 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner delineó el plan ‘limpiar todo’. A partir de la base de un simple mensaje», remarcó Beraldi.

De acuerdo con este mensaje, según la fiscalía, Fernández de Kirchner se reuniría con López el 30 de noviembre de 2015.

Según el abogado defensor, los fiscales «fracasan» con esta acusación «porque ese día en horas de la tarde la (entonces) Presidenta había viajado a la ciudad de Bariloche, donde llevó a cabo una serie de actos oficiales, que concluyó con un acto público».

«Los deja en una posición vergonzosa. De esto no se vuelve», afirmó Beraldi.

Y completó: «La verdad tarde o temprano sale a la luz. Esta acusación calumniosa fracasó de una manera terminante».

La defensa de la Vicepresidenta había cuestionado ayer con dureza, durante la primera jornada de alegato, a la Fiscalía de la causa conocida como Vialidad.

Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Mola incurrieron en «mala praxis» con hechos «escandalosos» y construcción de una «fantasía».

Fernández de Kirchner había anticipado el fin de semana que, con el inicio del alegato final de sus abogados, se iba a «desnudar la farsa» de los fiscales Luciani y Mola, quienes pidieron 12 años de prisión para la expresidenta por supuestas irregularidades en la gestión de la obra pública en Santa Cruz durante su mandato.

Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, volvió a embestir contra Diego Luciani y Sergio Mola. La Vicepresidenta tiene un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Este martes, la defensa de Cristina Kirchner lleva a cabo la segunda jornada del alegato final en el juicio Vialidad, ante el Tribunal Oral Federal 2. Carlos Beraldi, abogado defensor de la vicepresidenta, reiteró que la acusación quedó «totalmente desvirtuada» con la prueba presentada en el debate oral.

En este orden, el letrado Carlos Beraldi hizo hincapié nuevamente en los argumentos expuestos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y enumeró «cómo ayer quedó demostrado que se había falseado la prueba» contra Cristina Kirchner.

“La verdad siempre sale a la luz”, remarcó el abogado de la vicepresidenta.

Vialidad: el abogado Beraldi negó una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Beraldi negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Según la fiscalía, ese día el encuentro fue para emprender el plan “borrar todo” esto es, todo rastro de hambre sido favorecido el empresario por la entonces mandataria con licitaciones por obra pública vial.

En primer lugar, el letrado recordó que el fiscal había señalado que el avión presidencial TANGO 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz. Según Beraldi, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Diego Luciani en su alegato.

Luego aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces Presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro.

En ese sentido, mostró imágenes de una acto político que realizó la Vicepresidenta en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Vialidad: El abogado Dalbón llamó «delincuentes» a los fiscales y dijo que «van a terminar mal»

Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó la exposición del principal defensor Carlos Alberto Beraldi en los alegatos por la causa Vialidad y cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

«Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien«, subrayó el letrado al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de «una consecuencia de su actuar».

«Lo que hizo Beraldi mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que cuando termine el juicio van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito», amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, el abogado enfatizó: «Son dos delincuentes que van a quedar fuera de la justicia». Además, definió al tribunal de la causa como «el tribunal del lawfare» compuesto por «los jugadores de fútbol» en referencia a los vínculos de los jueces con el exmandatario Mauricio Macri, y denunció la falta de «Estado de Derecho» en Comodoro Py.

«Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py, sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa. Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda deben estar con el imputado no con la fiscalía», cruzó.