La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes el apartamiento de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras concluir que «no quiere ir más allá de lo que ya está» al investigar el intento de magnicidio de la exmandataria por el que se encuentran procesados como coautores el hombre que quiso asesinarla (Fernando André Sabag Montiel), su cómplice (Brenda Uliarte) y dos «partícipes secundarios» (Nicolás Carrizo y Agustina Díaz).

«Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar», sostuvieron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito que difundió la expresidenta por Twitter.

A continuación, los argumentos de la querella, tal como fueron enumerados en el escrito:

● El celular de Sabag Montiel

En este punto la querella llama la atención sobre la pérdida de información del teléfono celular del agresor ocurrida supuestamente en los primeros días de investigación cuando ya se encontraba bajo custodia del juzgado a cargo de Capuchetti.

«El celular llegó en un sobre cerrado al juzgado con la debida cadena de custodia. Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto. Esto surge del Acta de Recepción realizada por la PSA el día 02 de septiembre a las 23:00 horas. El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando, siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero», señalaron los abogados de la vicepresidenta.

«Por lo que surge del expediente, el primer peritaje se hizo por orden de la jueza en la sede misma del juzgado por miembros de la Policía Federal Argentina (PFA). A la fecha no sabemos dónde ni cómo se perdió la información, si fue en la primera pericia efectuada por la PFA, o en otro momento hasta que el teléfono llegó a la PSA, en la noche del viernes 2 de septiembre. De todos modos, la única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado», completaron.

● Las llamadas y la detención de Brenda Uliarte

En este pasaje, la querella centra sus observaciones en las supuestas demoras para interferir las comunicaciones de Uliarte y para disponer su detención, que finalmente se logró con la intervención directa de un secretario del juzgado cuando la imputada viajaba en tren. Al final de este pasaje la querella se pregunta por que no se investigó el accionar de la PFA.

«A las pocas horas del atentado, se supo que Brenda Uliarte, pareja de Sabag Montiel, había estado involucrada. Aquí, las irregularidades se repitieron. Primero, cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso, pero lo cierto es que el seguimiento del juzgado a la medida debería haber sido minuto a minuto. Especialmente, cuando ya había perdido el contenido del celular. Mucho más grave aún fue lo sucedido con la detención de Brenda Uliarte. En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar. En una situación totalmente inédita, Uliarte logró, de algún modo, escapar de su casa, cuando, aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio. Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga», señalaron los letrados que representan a la exmandataria.

● Las primeras medidas

En este ítem, la querella cuestiona que la jueza no ejecutara la mayoría de las medidas sugeridas por esa parte.

«Desde un principio nos llamó la atención la falta de pruebas que resultaban básicas. Entre ellas, el allanamiento y secuestro de dispositivos electrónicos de gente cuyos nombres surgían de intercambios de WhatsApp altamente comprometedores. Entre ellos estaban, por ejemplo, Jonathan Posadas y Joana Colman, que habían tenido charlas con Gabriel Carrizo que reflejaban mensajes como: ´Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez ´ y ´Se por otra fuente que lo hizo por plata por acomodo´», detallaron los abogados.

● La línea vinculada con la agrupación «Nuevo Centro Derecha»

Para los abogados que representan a Fernández de Kirchner, expusieron sus diferencias de criterio con la jueza Capuchetti en relación a la forma de abordar la denominada «pista Carrol», referida al dirigentes de la Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel mencionó en una carta como el hombre al cual le confiaba la elección de un abogado defensor.

Los abogados de la querella señalaron en su momento que Carrol había dado una charla con Brenda Uliarte en Instagram pocos días antes del atentado (18 de agosto) y que en sus redes constaban una serie de publicaciones de extrema violencia hacia Cristina Fernández.

«La PSA que identificó que, efectivamente, habían existido comunicaciones entre Carrol y Uliarte, y que Uliarte y Sabag habían ido al cumpleaños de un amigo de Carrol, Martín Almeida. Almeida y Carrol eran parte del grupo denominado Nueva Centro Derecha», vinculado, de acuerdo con sus propias publicaciones, con personajes como Bullrich o Milei. Almeida, además, le había mandado un mensaje a Uliarte el día del atentado, que decía ´se pudrió?´», detallaron Ubeira y Aldazabal.

«Con estos avances, solicitamos una ampliación de las medidas, que incluían el allanamiento y el secuestro de los celulares de Hernán Carrol y Martín Almeida. Obviamente, se configuraban los elementos necesarios para llevar adelante la producción de estas pruebas. Era evidente, además, que la celeridad sería determinante, dado que se trataba de personas con un grado importante de coordinación política y de contactos. Pero para nuestra perplejidad, cuando las pruebas empezaban a dar resultados, la magistrada decidió frenar esta línea», señalaron los abogados querellantes.

En ese punto destacaron que la jueza «nunca allanó a Carrol ni a Almeida» y que «solo llamó a prestar declaración testimonial veinte días después de que esta parte solicitase las medidas vinculadas con ellos».

«Pero hay otra faceta de esta línea que la jueza se negó explícitamente a investigar, aunque esta parte se la solicitó en reiteradas ocasiones y ahondar en ella solo requería una prueba que no afectaba las garantías de nadie: la posible vinculación de Carrol con Gerardo Milman», remarcaron, para luego afirmar que «Carrol habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete de la Dirección de Inteligencia Criminal a cargo de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares».

● La posible vinculación de Gerardo Milman con el atentado

En este subtítulo, los abogados expusieron sus diferencias con la jueza en relación al tratamiento de la denominada «pista Milman» o «pista Casablanca»: se trata del testimonio de un asesor parlamentario que dijo haber escuchado que el diputado de Juntos por el Cambio hizo referencias al ataque dos días antes de que ocurriera.