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 Atento a las gravosas condiciones financieras que atraviesa el municipio de Rawson, la concejal a cargo de la Intendencia, Araceli Di Filippo, solicitará la intervención de la Justicia para echar luz sobre el manejo de las finanzas oficiales. El escenario económico del Gobierno capitalino dificulta avanzar con algunos compromisos incumplidos asumidos por la mandataria municipal suspendida, Rossana Artero.

 Di Filippo cuestionó además la actitud de los gremios que impiden la recaudación, a través del tributo de los contribuyentes, manteniendo ocupado el sector de las cajas; sin embargo, estos últimos días el municipio pudo recaudar a partir de la disponibilidad de la oficina de Rentas de Playa Unión.

 Al trazar un panorama de la situación presente, la concejal a cargo de la Intendencia expuso: “Los empleados municipales están cobrando agosto, cuando ya deberíamos estar pagando septiembre, o por lo menos tener las previsiones para hacerlo en estos días. Eso uno lo entiende, pero cuando se generan atrasos la situación empeora”, reconoció.

 Di Filippo deslizó que el reclamo gremial “tiene varias aristas; la toma de la Municipalidad, por ejemplo, no sé bien con que temas está relacionada porque ahora ATE está planteando que renovemos contratos que se vencieron, sólo porque son afiliados”. 

 “También plantean que tomemos los reconocimientos de servicios que no tienen registro en ningún lado. Y en otros casos no tenemos conocimiento si en algún momento estuvieron trabajando en el municipio porque no tenemos constancia”, reveló.

 “La comunidad de Rawson no puede estar pagando este dinero extra, habida cuenta la situación embarazosa que atraviesa”, comentó.

 

Coparticipación

 Con relación a los ingresos mensuales, Di Filippo señaló que “por coparticipación Rawson recibe a fin de mes entre 18 y 20 millones de pesos. De ese aporte, sólo nos quedan 500 mil pesos porque el monto mayor es absorbido por SEROS como consecuencia de los pases a planta. Es decir, desde octubre del año pasado a junio de 2019 pasaron a planta 250 personas. No digo que esté mal, había gente que se lo merecía y otra que ni se sabía dónde trabajaba; lo cierto es que ahora ATE exige que los planes y  reconocimientos pasen a planta”.

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Luis Maria Blaquier, deberá presentarse hoy para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investigan posibles irregularidades en el manejo de ese Fondo.

La citación la dispuso el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, informaron fuentes judiciales.

Blaquier está acusado de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la ANSES obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015, según consta en el expediente.

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Luis Maria Blaquier, fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de ese Fondo.

La citación es para el 25 de septiembre y la dispuso el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, informaron fuentes judiciales.

Blaquier está acusado de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la ANSES obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015, según consta en el expediente, así lo reseña Télam.

El candidato a Diputado Nacional por Juntos Somos el Cambio Chubut, Ignacio Torres, hizo referencia a las distintas irregularidades constatadas por fiscales luego de las Elecciones Primarias del 11 de agosto, donde algunas mesas de votación no registraron votos para la coalición política en cuestión, pero luego se verificó que los telegramas habían sido fraguados, o bien que no habían sido incluidas las cifras originales.

«Nuestros fiscales que trabajan por estos días en el escrutinio definitivo, se encontraron con algunas situaciones que, por lo menos, revisten la categoría de ‘rareza’. Hubo diferencias menores en Puerto Madryn, a excepción de una de las mesas donde debía haberse contabilizado un total de 50 votos para la alianza Juntos por el Cambio Chubut, pero donde borraron de manera burda el número cinco, sin percatarse de que, al realizar la suma, los números no cierran», señaló Torres.

Asimismo, hizo referencia a «otro caso que sucedió en Esquel, casi con el mismo sello, donde 54 votos pasaron a ser ‘cero’ casi por arte de magia, lo que nos preocupa muchísimo porque entendemos que se habría replicado una modalidad a gran escala, no sólo en Chubut sino también en otras provincias donde los fiscales están atentos a este tipo de irregularidades. No vimos situaciones de este tenor en las últimas elecciones, algo que también debería preocupar a la sociedad, porque están manipulando la voluntad popular de elegir a sus representantes».

Faltante de boletas, violación de la veda electoral por parte de los candidatos, consumo de bebidas alcohólicas e irregularidades en los lugares de votación son las denuncias que llegaron hasta el momento a la fiscalía federal con competencia electoral de Jorge Di Lello.

Las denuncias, más de 50, fueron hechas mediante contacto telefónico o por mail y la gran cantidad en referencia a la provincia de Buenos Aires.

En los 16 llamados y más de 40 mails que recibió la fiscalía, la mayoría denuncia la falta de autoridades de mesa en los lugares de votación, la apertura tardía en algunas escuelas, y el faltante de boletas.

La mayoría de las denuncias por faltante de boletas se da en la provincia de Buenos Aires y lo mismo sobre el consumo de bebidas alcohólicas, algo prohibido en veda electoral, así lo informó Telefe Noticias.

También hubo denuncias en la provincia de Buenos Aires, sobre boletas adulteradas.

No sólo en provincia de Buenos Aires y Capital Federal, sino que algunos mails recibidos por Di Lello refieren a irregularidades que denuncia en Salta, Río Negro y Entre Ríos.

Los reclamos que recibió la fiscalía electoral fueron derivadas a las fiscalías con jurisdicción al lugar al que refiere la denuncia, o bien a la secretaría electoral en turno.

La ministra de Educación, Graciela Cigudosa, salió al cruce de las acusaciones que derivaron en una denuncia judicial por presuntas irregularidades en contrataciones, incluso con una empresa que tendría vinculación con su esposo.

«No tiene relación mi marido porque no tiene empresa», enfatizó la ministra, agregando que «tendrán que empezar a dar respuesta de lo que dicen algunas personas»

«Servicios Públicos de Provincia no tiene gente para trabajar»

Uno de los argumentos esgrimidos por la ministra de Educación, Graciela Cigudosa, para justificar dificultades para tener todas las escuelas de la provincia en condiciones, es que «Servicios Públicos (de la Provincia) no tiene gente para trabajar».

Explicó la ministra que sin bien el área que depende del Ministerio de Infraestructura «tiene gente especialista, no tiene cuadrillas de trabajo».

En cuanto al rol de su compañero de gabinete, el ministro de Infraestructura Raúl Chicala, indicó que «él es ministro como yo y tiene la gente derivada abajo que tiene que trabajar. Lo que pasa es que la gente también cree que Obras Públicas tiene un montón de gente que no está saliendo a trabajar, y no es así».

Recordó que Obras Públicas se divide en tres sedes: Rawson, Comodoro y Esquel y «estamos hablando de una provincia superextensa; tenemos más de 650 edificios escolares».

 

 

El Chubut

De acuerdo a un relevamiento realizado por el área de Inspecciones Generales, en forma conjunta con la Coordinación de Educación municipal, por lo menos seis instituciones están funcionando irregularmente en la ciudad.

La Municipalidad de Trelew, alertada por vecinos y propietarios de instituciones educativas privadas habilitadas, realizó un relevamiento por los diferentes jardines de infantes que funcionan en la ciudad, lo que permitió corroborar que por lo menos seis entidades están funcionando de manera irregular en la ciudad.

“La realidad es que nos encontramos con una situación de irregularidad con algunos establecimientos, no puntualmente con los jardines de infantes habilitados con el permiso del Ministerio de Educación, sino con establecimientos habilitados para realizar talleres educativos, pero que en la práctica funcionan como jardines de infantes”, explicó Héctor López, Coordinador de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew.

“Teniendo en cuenta que son chicos los que participan de estos lugares, tenemos que tomar todos los recaudos necesarios sobre los lugares a los que enviamos a nuestros niños, porque la publicidad es engañosa, atraen a los vecinos como si fueran jardines de infantes y no lo son”, alertó.

Más adelante, Héctor López puntualizó que “algunos vecinos de la ciudad, así como algunos titulares de jardines de infantes y el sindicato que los nuclea, fueron los que nos alertaron sobre estas situaciones”. De este modo, -prosiguió- “se verificó y se comprobó que era así. Por eso, en esta época de inicio de actividades escolares e instancias de inscripción es que decidimos tomar cartas en el asunto para asegurarnos que no haya ninguna irregularidad en los lugares a los que concurren nuestros niños”.

Ante estas alertas, la Municipalidad de Trelew corroboró cada situación, que cada lugar estuviera funcionando de acuerdo a la habilitación con la que cuentan. “Si quieren ser y funcionar como jardín de infantes deberán contar con los permisos para funcionar como tal, con toda la documentación que necesitan para eso y los permisos del Ministerio de Educación, caso contrario se notifica para que habiliten como lo que corresponde”, señaló el funcionario.

Es bueno recordar que los jardines habilitados son: María Auxiliadora, Padre Juan Muzio, Escuela Adventista, Escuela Nueva, Escuela del Sol, Escuela Hendre, Jardín del Sol, Murmullos, Jardín Maternal y de Infantes de Atech, Nidito, María Calderón de la Barca, Mundo Feliz, Mamá Pata.

“Todos estas instituciones cumplen con la reglamentación, cobran una cuota ya estipulada y brindan el servicio educativo con una trayectoria certificada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut”, expresó por su parte, la titular de la Coordinación de Educación, Olga Vicente.

En tanto, Vicente expresó también que “algunos espacios no cumplen con lo que realmente están dictando adentro de las instalaciones o lo que proponen. Si están habilitados como talleres deberán funcionar así. Caso contrario deberán realizar todo el protocolo cumpliendo con la normativa que establece el Ministerio para sacar un número como institución educativa privada”.

El juez de garantías del Chubut Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola y rechazó el pedido del juez federal Claudio Bonadío para que la justicia de esta provincia investigue presuntos ilícitos en torno de la construcción de viviendas con fondos federales.

Rivarola había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Federal Claudio Bonadío para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios en el marco de dos programas de viviendas federales de los años 2004 y 2005. De esta manera, tras conocerse la decisión de Piñeda, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deberá resolver cual es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación.

En agosto del año pasado el juez Bonadío entendió que la investigación debía realizarlas las justicias de las respectivas provincias. En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó a la Fiscalía de Rawson, el fiscal general Fernando Rivarola se expidió y el juez de garantías Sergio Piñeda le dio la razón por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan el o los delitos y el lugar de la comisión del ilícito. Agrega que “los elementos aportados por el denunciante no permite dilucidar el verdadera alcance delictivo” y que “corresponde al juez que previno (Bonadío) profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos”. La denuncia fue realizada en el año 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.

También Rivarola se basó en un informe que a pedido de la Fiscalía de Rawson realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, que indica que “las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscripto en los programas federales, en particular Gotti S.A. Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial”.

Se trata del Programa Federal de Construcción de Viviendas del año 2004 y el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas del año 2005. La causa está caratulada como “De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública. La investigación de Bonadío se inició en agosto del año 2007 por la presunta existencia de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de licitaciones para la construcción de viviendas mediante acuerdos del gobierno nacional de entonces y las provincias de Corrientes, Chubut, Rio Negro y Buenos Aires, entre otras. Las obras estaban a cargo de las empresas Gotti Hnos. S.A., Costilla y Austral Construcciones.

Rivarola concluyó en su resolución que “luego de analizar los hechos denunciados, arribo a la conclusión del rechazo de la competencia de esta jurisdicción, por no contar con elementos adecuados y eventualmente calificaciones jurídicas adecuadas a esos hechos”.

Desde la Subsecretaría de Fiscalización y a través de denuncias realizadas a las líneas 0-800 municipal, se procedió a la clausura del autoservicio mayorista Diarco, debido a la detección de diversas irregularidades.

En el operativo se constató la presencia de excremento de roedores, falta de higiene y venta de productos vencidos.

El procedimiento se llevó a cabo el último miércoles, con la presencia de personal de las distintas direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización.

Al respecto, el subsecretario del área, Daniel Campillay, afirmó que “se procedió a la clausura del lugar por distintas razones, que fueron denunciadas a las líneas gratuitas 0-800-333-0706/3184 del Municipio, por lo que actuamos con celeridad”.

“En el local ubicado en Av. Yrigoyen se detectó la presencia de excremento de roedores, falta de higiene general en distintos salones del local, y la venta de productos vencidos, por lo que determinamos la clausura inmediata”, subrayó.

Por otra parte, el funcionario puso en valor el sistema de denuncias realizadas a las líneas 0-800-333-0706/3184, “debido a que el nuevo sistema permite que las denuncias rápidamente se deriven a los sectores correspondientes, y con celeridad se realizan los procedimientos”.

Por último, Campillay dijo que “todas las actuaciones están a disposición del juez de Faltas n°1, Daniel Escolar, quien tomará las
determinaciones a futuro sobre este local comercial”.

Así lo confirmó la justicia electoral. Los partidos deberán reemplazar a los postulantes.

La Justicia Electoral confirmó este lunes la lista de candidatos oficializados para las elecciones del 10 de marzo pero también reveló irregularidades que deberán ser corregidas y anunció que hay casos de incumplimiento de la cuota alimentaria que inhabilitan algunas postulaciones.

De acuerdo a lo informado tan sólo el Movimiento Popular Neuquino (Gutiérrez-Koopmann), el frente Unidad Ciudadana-Frente Neuquino (Ramón Rioseco-Darío Martínez) y el Frente por la Dignidad Social (Sergio Rodríguez-Fausto Farizano) cumplieron con todos los requisitos en la presentación y los avales necesarios en todas las categorías.

En tanto, la Justicia Electoral, no oficializó por anomalías los candidatos a diputados provinciales de Cambiemos (Horacio Quiroga-David Schlereth), Movimiento Libres del Sur (Mercedes Lamarca-Jesús Escobar), Demócrata Cristiano (Jorge Sobisch-Daniel Baum) y Nueva Izquierda(Priscilla Otton-Pedro Córdoba).

Los partidos políticos tienen cinco días corridos para realizar las correcciones y llevar a cabo una nueva presentación ante la Justicia Electoral.

Además, Carlos Willhuber, prosecretario electoral provincial, confirmó que hay varios candidatos que no cumplen con la cuota alimentaria por lo que no podrán presentarse el 10 de marzo en las urnas.

«Una de las reglas de la ley es que los deudores alimentarios no puedan ser candidatos, el partido político lo tiene que reemplazar», explicó el funcionario y agregó que son varios casos.

Willhuber indicó que el espíritu de la ley electoral es prohibir esas postulaciones, aunque se pongan al día deben ser reemplazados por los partidos o no podrán competir en las categorías correspondientes.

Por último, el funcionario dijo que en total hay 22 casos que presentan alguna irregularidad y que en estos días deben ser corregidas. «A la mayoría le falta algún papel», confirmó.

LMNeuquén