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Luego de la feria y el receso legislativo, habrá novedades en el expediente por el naufragio del submarino.

De la mano de la feria judicial de enero y del receso legislativo, no fueron pocas las voces que se alzaron alertando sobre la paralización de las investigaciones en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida en noviembre de 2017.

Sin embargo, y al margen de la ansiedad propia de las familias de los 44 marinos fallecidos para desentrañar lo más rápido posible las causas del siniestro, la jueza federal Martha Yañez (quien en este momento tiene a su cargo también el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia) retomó luego de una corta licencia la investigación. Desde Caleta Olivia señalan que “se avanzó concretamente en la visualización de imágenes y en relación al apoyo informático que permitirá acceder a la totalidad del contenido. Se está permanentemente relevando nueva información como la obtenida en el secuestro de elementos de las taquillas de la base naval de Mar del Plata, también y junto con la Dirección de Bienestar de la Armada y la de asistencia a la víctima se trabajó para que los efectos personales de los tripulantes sean entregados a sus respectivas familias”.

Se pudo saber que desde el Servicio de Hidrografía Naval tienen todo dispuesto para poner a disposición de la justicia los equipos informáticos necesarios para el procesamiento de las 67.000 imágenes aportadas por Ocean Infinity y que una nueva ronda de testimoniales está en carpeta de la magistrada. Asimismo, en el juzgado confían en que los familiares que tengan datos que aportar ofrezcan su testimonio.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa aseguran que en muy corto plazo habrá novedades relativas al sumario militar que lleva adelante el Estado Mayor Conjunto de las FFAA en torno a las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder a la cadena de mandos naval involucrada en las operaciones del submarino.

Las investigaciones preliminares permiten afirmar que en los últimos años y en las tres FFAA se ha venido siguiendo el mismo criterio para todas las ejercitaciones de distintas unidades o componentes militares. No obstante, excepto el Presidente de la Nación, todos los estamentos políticos del área de defensa están sujetos a investigación.

Por el lado del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral que investiga el hundimiento de la embarcación retomará su actividad el próximo 19 de febrero, al margen de la labor parlamentaria general que sigue en receso. Dentro de la agenda prevista, los legisladores aguardan con especial interés el testimonio del Capitán de Fragata Eduardo Cella Irigoyen, quien fuera comandante del San Juan con anterioridad al fallecido Capitán Pedro Fernández. La idea es que el marino detalle el estado del submarino cuando estuvo bajo su mando y el listado de tareas pendientes de ejecución para llevar su operatividad al estándar de diseño. Según voceros de la propia bicameral, a mediados de año se estaría en condiciones de emitir un dictamen con las conclusiones acerca de las responsabilidades políticas en el siniestro. La Comisión no tiene facultades para imponer penas o sanciones penales o administrativas.

 

El Comodorense

El juez de garantías del Chubut Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola y rechazó el pedido del juez federal Claudio Bonadío para que la justicia de esta provincia investigue presuntos ilícitos en torno de la construcción de viviendas con fondos federales.

Rivarola había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Federal Claudio Bonadío para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios en el marco de dos programas de viviendas federales de los años 2004 y 2005. De esta manera, tras conocerse la decisión de Piñeda, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deberá resolver cual es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación.

En agosto del año pasado el juez Bonadío entendió que la investigación debía realizarlas las justicias de las respectivas provincias. En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó a la Fiscalía de Rawson, el fiscal general Fernando Rivarola se expidió y el juez de garantías Sergio Piñeda le dio la razón por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan el o los delitos y el lugar de la comisión del ilícito. Agrega que “los elementos aportados por el denunciante no permite dilucidar el verdadera alcance delictivo” y que “corresponde al juez que previno (Bonadío) profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos”. La denuncia fue realizada en el año 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.

También Rivarola se basó en un informe que a pedido de la Fiscalía de Rawson realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, que indica que “las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscripto en los programas federales, en particular Gotti S.A. Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial”.

Se trata del Programa Federal de Construcción de Viviendas del año 2004 y el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas del año 2005. La causa está caratulada como “De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública. La investigación de Bonadío se inició en agosto del año 2007 por la presunta existencia de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de licitaciones para la construcción de viviendas mediante acuerdos del gobierno nacional de entonces y las provincias de Corrientes, Chubut, Rio Negro y Buenos Aires, entre otras. Las obras estaban a cargo de las empresas Gotti Hnos. S.A., Costilla y Austral Construcciones.

Rivarola concluyó en su resolución que “luego de analizar los hechos denunciados, arribo a la conclusión del rechazo de la competencia de esta jurisdicción, por no contar con elementos adecuados y eventualmente calificaciones jurídicas adecuadas a esos hechos”.

A un año y dos meses del homicidio del joven mapuche, los padres encabezaron una nueva marcha para reclamar por el esclarecimiento del crimen, que ocurrió la tarde del 25 de noviembre de 2017. Hubo críticas al juez federal Moldes.

Al grito de “¡justicia por Rafael Nahuel!” marcharon esta tarde familiares, amigos, militantes de organizaciones sociales y mapuches de comunidades de la zona por el centro de esta ciudad.

“Estamos pidiendo justicia por Rafita. Agradecido de la gente que nos está acompañando”, dijo Alejandro Nahuel, el padre del joven mapuche asesinado de un tiro por la espalda la tarde del 25 noviembre de 2017, en Villa Mascardi, distante a unos 30 kilómetros.

Durante la manifestación se escucharon críticas al juez federal Leónidas Moldes, que dictó el procesamiento -sin prisión preventiva- contra los albatros de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García, Sergio Guillermo Cavia y Carlos Valentín Sosa por el homicidio agravado por el uso de armas de fuego de Rafael, pero atenuado por el exceso en la legítima defensa.

Para Moldes hubo la tarde del 25 de noviembre de 2017 un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes mapuches y la patrulla de albatros en la zona montañosa de Villa Mascardi. El juez concluyó que los albatros procesados primero se defendieron de manera legítima del ataque de los mapuches, pero después se excedieron al usar sus armas reglamentarias con alto poder de fuego como es el caso de los subfusiles MP5.

“El juez se está burlando de nosotros”, afirmó Alejandro esta tarde en el Centro Cívico, donde finalizó la marcha.

“El juez no lo quiere meter preso a Pintos. Ya se sabe que fue Pintos el que le disparó a Rafita. Se nos está riendo en la cara”, afirmó el padre. Los peritos balísticos oficiales analizaron la bala que se extrajó del cuerpo de la víctima y determinaron que el proyectil que mató al joven salió del subfusil MP5 asignado a Pintos, quien negó haber disparado esa tarde con su arma.

“Que la (ministra de Seguridad de Nación Patricia) Bullrich se haga cargo de la muerte de mi hijo, Rafa. Que se haga cargo el presidente Macri”, reclamó.

Y desestimó que su hijo lo mataron durante un enfrentamiento como sostuvo el juez en su fallo, que fue apelado.

Junto a Alejandro estuvo su esposa Graciela Salvo. Los manifestantes que acompañaron a los padres de Rafael reclamaron justicia por el homicidio del joven que tenía 22 años.

 

rionegro.com.ar

En una audiencia realizada este jueves, la jueza dictó su prisión preventiva hasta el juicio, que será el 16 de abril.

Un hombre burló a la Justicia durante dos años aportando una identidad falsa tras su detención por un robo. Este jueves se llevó a cabo una audiencia y la jueza le dictó prisión preventiva hasta el 16 de abril. Es oriundo de Salta.

En mayo de 2016, Renzo Iván Fontana fue detenido por el delito de robo en poblado y en banda con la intervención de un menor de edad, y en ese momento dijo que se llamaba Octavio Fontana, por lo que la imputación y todas las acciones se desarrollaron contando con dicha identidad como la real.

Tras la audiencia preliminar se fijó la fecha de juicio pero no se presentó, por lo que se dictó el pedido de captura y poco después fue interceptado por personal policial y detenido. Al cotejar las huellas dactilares del imputado con las del aprehendido en la oportunidad se determinó que no se trataba de la misma persona sino que eran hermanos y allí descubrieron que había dado datos falsos.

Sin embargo, el miércoles, efectivos del área de Operaciones de la Unidad Regional lograron interceptar al verdadero evadido, Renzo Iván Fontana, quien este jueves fue sometido a audiencia de control de detención, indicó Crónica.

El acto estuvo presidido por la jueza Mariel Suárez mientras que por el Ministerio Público Fiscal estuvo presente el funcionario de Fiscalía Cristian Olazábal; por la Defensa, estuvo el abogado Esteban Mantecón de la Defensa Pública.

En este marco la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre hasta la fecha de juicio en virtud de que el sujeto se manejó con una identidad falsa burlando a la policía y la Justicia por dos años, y además considerando que no tiene domicilio fijo en la ciudad siendo oriundo de la provincia de Salta.

La jueza hizo lugar al pedido y le dictó prisión preventiva hasta el 16 de abril.

ADN Sur

Polémico el ex juez. Además, criticó la forma en la que el gobierno pretende combatir la inseguridad.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, criticó la política del gobierno en materia de la lucha contra la inseguridad. Zaffaroni, reconocido por promover las garantías para los detenidos, aseguró que las nuevas propuestas por parte del Ejecutivo nacional, como el uso de pistolas taser o la baja de la edad de imputabilidad de los menores, «busca distraer, y lo hará durante toda la campaña, de la crisis económica y la monumental toma de deuda».

Para el especialista, «lo que están haciendo es traer esa discusión por necesidades completamente distractivas, no para discutir de fondo. Lo mismo pasó con el aborto. Decir que con eso se va a bajar la inseguridad es mentira. Los menores tienen una participación insignificante en los delitos».

Además, aseguró que «debería preocuparnos» el crecimiento de propuestas en ese sentido, y consideró que «Macri es el bolsonaro argentino. Son paises distintos, con contextos diferentes, pero es el mismo estilo de antipolítica».

Crónica

Luego de la denuncia por violación de la familia de la nena de 12 años que fue violada, por un hombre de 60 años, la policía lo detuvo el sábado pasado. Así se salvó de ser linchado por los vecinos.

Mientras se debatía los pasos a seguir respecto a la interrupción del embarazo de la víctima, la Fiscala en feria de San Pedro de Jujuy avanza en la investigación.

El hombre fue identificado como José Luis Dávalos, de 60 años de edad, está alojado en una comisaría de San Pedro de Jujuy a disposición de la justicia.

La Fiscalía imputó al sexagenario del delito de abuso sexual con acceso carnal nuevamente la justicia esquiva el uso del término violacion.

LA JUSTICIA QUE MIRA HACIA OTRO LADO

Cabe recordar que luego del escrache de los sectores antiderechos y los obstáculos y trabas burocráticas a las que fue sometida, la niña de 12 años que cursaba un embarazo producto de la violación pudo acceder a la interrupción del embarazo a través del protocolo ILE.

El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, confirmó que la interrupción se hizo a través de una cesárea, técnica que justificó como alternativa al aborto por un supuesto “vacío legal” de los protocolos. “El fallo de la Corte no aclara cuáles son los procedimientos para interrumpir un embarazo”, se defendió.

LA DECISIÓN DE LA NIÑA

La abogada que acompañó a la niña celebró que finalmente la provincia haya garantizado el acceso a la salud con la interrupción del embarazo aunque señaló que todo el proceso le dejó un “sabor amargo” por los obstáculos, la revictimización y la dilatación de los plazos para cumplir con el protocolo ILE que tuvo que sufrir la joven y su familia.

Agradeció al equipo médico pero hizo responsables a los directivos de los hospitales de San Pedro y el Materno Infantil que obstaculizaron la práctica con argumentos burocráticos, afirmó. “También repudiamos las declaraciones del ministro que hizo público todo el cuadro clínico de la niña violando la privacidad y la intimidad de la paciente”, le dijo a PáginaI12 Noelia Aisama, abogada de la niña e integrante de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir.

Aisama aclaró que la alternativa terapéutica elegida para interrumpir el embarazo, la cesárea, fue la que los médicos consideraron como la más acorde por el cuadro clínico de la niña y que contó con el consentimiento informado por parte de la menor. “Es cierto que existen posiciones divididas sobre si la cesárea es un método válido para interrumpir un embarazo pero el equipo clínico consideró que era lo acorde para su cuadro clínico y contó con el consentimiento de la nena y su familia. También tenemos que respetar la autonomía de las mujeres dentro del marco legal, siempre y cuando se brinde toda la información necesaria”, remarcó la abogada.

Zonasur Noticias

Cabellos quemados, depilaciones definitivas que no son tales, y celulitis que no desaparecen lideran las denuncias en las redes sociales y las consultas en los organismos de defensa del consumidor. Cómo reclamar.

La falta de tiempo para el cuidado personal y la necesidad de verse bien han provocado un aumento de la demanda de tratamientos faciales, corporales y capilares. La fórmula que busca el cliente es lograr resultados visibles a corto plazo y a bajo costo.

En el mejor de los casos, el desenlace puede ser un notable rejuvenecimiento. En el peor, cabellos quemados, desembolsar más del doble de lo acordado en sesiones por una depilación que no es definitiva y que la celulitis no desaparezca.

La mayoría de estas situaciones terminan en escraches y reclamos a través de las redes sociales. Lo que muchos no saben es que estos hechos se pueden denunciar en la Dirección de Defensa del Consumidor y también llevarse a la Justicia a través de una demanda por mala praxis, logrando un resarcimiento económico por daños y perjuicios y lucro cesante.

Uno de los episodios más renombrados sucedió en octubre pasado cuando una mujer decidió expresar su enojo en Facebook mostrando fotos de cómo le quedó el cabello luego de ir a una peluquería y pagar $5.000. En su posteo, la clienta asegura que el profesional le quemó el pelo y que a pesar del reclamo no reconocía el problema. Incluso le dijo que sólo «estaba despeinado».

Otro antecedente se dio en 2015 cuando una médica mendocina fue condenada por no lograr, tras el tratamiento, el resultado estético prometido a la paciente que consistía en borrarse las cicatrices del acné.

Qué hacer

Desde Defensa al Consumidor, Adriana Parera indicó que las denuncias que llegan al organismo son pocas. Durante el 2018, dos reclamos fueron referidos al cabellos: una mujer no quedó conforme con la decoloración que se le hizo y en el otro, una joven pidió unas mechitas y no le hicieron lo que pedía, sólo recibió un toque de decoloración.

«Un tercer pedido se dio por publicidad engañosa pero la clienta había confundido la cantidad de sesiones del tratamiento», detalló Parera.

Las sanciones al comercio pueden ir desde el pago directo al consumidor por todo lo que gastó por el tratamiento más lo gastos administrativos y multas desde los $ 1.000.

En todos los casos, lo que se busca es la conciliación de las partes. «Si la empresa tiene una buena política de atención al cliente y éste no quedó conforme, se le ofrece un servicio paralelo o devolver el dinero. De no ser así, se abre un sumario de acuerdo a la prueba, si amerita ser sancionada o no», confió.

Desde el organismo recalcaron que las consultas se pueden hacer al 148 (opción 3) y es importante reunir pruebas. Es fundamental tener el ticket de compra y dejar asentado en el Libro de Quejas del local la situación vivida. Además, de tener la folletería o si fue vista por Internet, hacer un print de pantalla de la promoción para comprobar si no se trata de una publicidad engañosa.

«Hay que hacer hincapié en las pruebas que son difíciles de lograr porque el hecho de peluquerías y este tipo de prácticas sobre el cuerpo son obligaciones de medio que no pueden asegurar un resultado ya que depende de la forma en que reacciona el cuerpo. Pero no hay dificultad en evaluar cuando se trata de una publicidad engañosa, como por ejemplo que en 10 días vas a rebajar 10 kilos o se publica tantas sesiones», dijo.

En tanto cuando no se entregan facturas ni comprobantes se puede hacer una denuncia en el municipio para que controlen y apliquen una multa al negocio por realizar una actividad por la que no está autorizado.

«El consejo es que antes de contratar insista en saber de quién se trata, quién ofrece el servicio y esteticista matriculado», recomendó Parera.

El derecho a la información

Romina Ríos, de la ONG Protectora, señaló que se debe cumplir con el deber de información. «Tienen que informar antes de los productos a utilizar y el tipo de tratamiento. Además de llenar una ficha: si tiene marcapasos, reacciones alérgicas o si toma algún tipo de medicación», dijo.

El problema surge cuando no se utilizan los métodos establecidos y certificados y provocan un daño a la persona que busca verse mejor. Con respecto a los daños físicos, se puede denunciar a la clínica por mala praxis y al profesional en sede judicial.

«Recibimos muchas consultas de este tipo. A veces los clientes piden determinados resultados que no van a lograr, pero si no tenés una persona capacitada que no conoce el riesgo de aplicar determinadas prácticas, el daño puede ser peor», dijo Ríos.

En cuanto a tratamientos como depilaciones, la mayoría de los centros dicen que la eliminación es progresiva y definitiva, cuando en realidad lo que se logra es una reducción de la cantidad de vello.

«Tienen que entregar un plan donde se consigne la cantidad de sesiones y cuanto se pagará. Si pagaste por 6 sesiones y vas por la 5 y no ves resultados evidentemente algo falló y no siempre es el organismo del cliente, puede ser que las máquinas estén viejas o no se aplicó como debía aplicarse», agregó.

El Sol

El 24 de noviembre la conocida delincuente comodorense no volvió de su salida transitoria. Está acusada como cómplice de un crimen, quiso incendiar la Alcaidía, amenazó a su ex con un arma y quemó con agua hirviendo a un guardia.

Brenda Vargas (26) está prófuga desde el 24 de noviembre pasado cuando accedió al beneficio de las salidas transitorias para ver a su familia.

Desde ese momento no se tienen rastros de ella: nunca regresó a la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, donde estaba detenida. Su historia llegó incluso a los medios nacionales, incluso el diario Clarín tituló: “La historia de Vargas, la presa que quema comisarías cuando no la dejan fumar”.

Es que Vargas tiene un prontuario diverso, está acusada como cómplice de un crimen, intentó incendiar la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, amenazó a su ex con un arma y quemó con agua hirviendo a un guardia porque no le quiso convidar fuego para un cigarrillo.

Fue en octubre del año pasado, en el marco de un juicio abreviado, que le unificaron cuatro causas. Vargas aceptó la autoría de todos los hechos que se endilgaban y recibió la pena única fue 4 años y medio de prisión efectiva.

El 24 de diciembre Vargas cumplió un mes de libertad. El beneficio de salidas transitorias lo había conseguido apenas unas semanas antes de escaparse y ahora tiene pedido de captura internacional.

ADN Sur

Un tribunal de Birmingham ha condenado a penas de al menos cinco años de cárcel a una pareja que llamó a su hijo Adolf Hitler y que pertenecía al grupo neonazi Acción Nacional, ilegalizado en 2016 tras celebrar el asesinato de la diputada laborista Jo Cox.

El proceso ya había concluido en noviembre con la declaración de culpabilidad de la pareja -Adam Thomas, de 22 años, y Claudia Patatas, de 38-, así como de un tercer compañero de la organización, Daniel Bogunovic, de 27 años. Según alegó el fiscal, formaban parte de un grupo ilegal que promueve «un tipo específico de terrorismo» basado «en la creencia fanática y tribal de la supremacía blanca».

Los registros realizados por las fuerzas de seguridad se saldaron con la confiscación de gran cantidad de material neonazi, así como con imágenes en las que se aparece Thomas con el atuendo propio del Ku Klux Klan mientras sostenía al bebé. El joven intento explicar en vano que era «solo teatro».

Ahora, el tribunal ha condenado a Thomas y Bogunovic a seis años de cárcel, mientras que la madre del bebé ha recibido una pena de cinco años de prisión, según informa la radiotelevisión pública BBC.

Fuente: El Mundo

La familia de Kevin Oñatibia, el joven que fue asesinado en el barrio Abel Amaya de un disparo en la cabeza, aseguró que esperan la detención del menor involucrado en el homicidio y que se haga justicia. “Son personas conocidas. Nicolás Rúa vive a un edificio (en las 1008) del nuestro y sabíamos que tenían problemas pero nunca pasó más allá de una discusión“, manifestó la hermana de Kevin, Antonella Oñatibia.

Esperan justicia y que los culpables vayan presos. La hermana contó que el adolescente asesinado “hacía atletismo, boxeo e incluso me había dicho ‘llevame a hacer comerciales’ pero no pudimos. Me lo mataron”, lamentó.

En diálogo con Diario Crónica dijo: “nosotros conteníamos a hermano, tratábamos de sacarlo adelante y que hiciera actividades. El hacía atletismo, boxeo e incluso me había dicho ‘llevame a hacer comerciales’ pero no pudimos. Me lo mataron”.

“Queremos que Rúa y C.T paguen, porque él (por Kevin) no va a poder descansar en paz hasta que estén presos”, sostuvo y agregó: “no queremos hacer justicia por mano propia”.