La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) suman más de una docena de trabajadores/as con causas judiciales. En lo que va del año se produjeron más de 10 represiones con heridos y detenidos en manifestaciones.
Por Iván Marín, para Cholila Online
La provincia del Chubut fue, posiblemente, la primera del país en sentir el ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri. Primero con el exgobernador Mario das Neves, y luego con su sucesor, Mariano Arcioni, los cierres de fábricas, miles de suspensiones y despidos se desplegaron por todo el territorio. Desde ya, para que estas políticas se impongan se hace imprescindible la mano dura del Estado.
En este sentido, quienes primero resultaron víctimas de estas decisiones fueron los que estuvieron al frente de la resistencia. Nos referimos, obviamente, a los y las trabajadores/es, pero la cosa no se reduce a este sector: hasta los y las vecinos/as que movilizaron a Telsen a manifestarse contra la Cumbre Minera, impulsada por el exministro Juan José Aranguren y los intendentes de la meseta, fueron reprimidos en la puerta de la capilla de la localidad.
En lo que va del 2.018 el gobierno de Arcioni, con Federico Massoni a la cabeza, reprimió más de 10 veces la protesta social, dejando como saldo no solo heridos entre los y las luchadores/as, sino también la muerte, producto de un infarto, del excomisario Néstor Chavez, quien se desempeñaba en Asuntos Internos de la Policía del Chubut justamente por sus problemas de salud. Al actual ministro de Gobierno no le importó este “detalle” e irresponsablemente lo envió como carne de cañón a reprimir, donde perdió la vida producto del estrés que le ocasionó la situación.
A lo largo y ancho de la provincia las causas judiciales a quienes estuvieron al frente de acciones de lucha proliferaron por doquier, en particular cuando se afecta la producción de las grandes multinacionales, como pueden ser las petroleras en el sur. En Comodoro Rivadavia se encuentran procesados Gerardo Coronado, Verónica Rosales y Armando Vargas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Daniel Murphy y Carlos Magno (CTA y ATECh), Marcelo Barab (PTP) y Fernando García (Corriente Clasista y Combativa).
“Son procesamientos que tienen que ver con movilizaciones a las rutas y a las calles de Comodoro durante el periodo de lucha de la primera mitad del año. En el caso mío son cuatro causas, hay otros compañeros que tienen una o dos. Somos en total 7 los compañeros que tenemos las causas por, según dicen ellos, infringir el artículo 194 del código penal, que es el que usualmente se utiliza para penalizar el corte de ruta”, describe Daniel Murphy, secretario General de la Regional Sur de ATECh.
Consultado si se recrudeció la criminalización a la protesta social en el último tiempo en Chubut, el dirigente sindical responde: “Sí, totalmente. Se ha profundizado la criminalización. Y ahora tenemos la resolución 172 del ministerio de Gobierno de la provincia. Justamente hablamos con otros sindicatos, de la CGT y otros lugares, y como CTA vamos a impulsar que se anule porque realmente es muy grave el texto de esa resolución, es avanzar mucho más todavía la persecución de la protesta”.
Ver Resolución n° 172
Sobre el particular, amplía que la resolución fue publicada en el Boletín Oficial la semana pasada, y entre otras cosas “instruye a la policía para desalojar la calle cuando haya interrupción del tránsito, no importa si es una movilización o corte; instruye a la policía para comunicarse con los dirigentes y negociar con ellos para que se desaloje la calle; para aprehender a quienes no acaten las órdenes policiales, o sea para detenerte; y considera delito cualquier interrupción del tránsito y por lo tanto te hace pasible de ser detenido en flagrancia, o sea sin orden judicial ni ningún tipo. Es una barbaridad, totalmente inconstitucional, violatorio de los derechos a manifestarse, y por supuesto en este contexto es gravísimo”.
Quien también dialogó con Cholila Online sobre la criminalización de la protesta social fue Guillermo Quiroga, recientemente electo secretario General de la CTA Autónoma del Chubut y delegado normalizador en ATE. Quiroga destacó con la inmensa mayoría de los procesados en la provincia pertenecen a la CTA Autónoma, a la vez que resaltó que considera que esa es la respuesta gubernamental a los momentos de mayor tensión, y que en algunos casos la acusación no llega a la imputación o el procesamiento por la liviandad de las pruebas.
Quiroga repasó que se encuentran procesados con al menos tres causas, Felix Curapil, Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Sarmiento; Roberto Cabeda y Julio Belascuen, secretarios General y Adjunto, respectivamente, ambos de ATE, en Puerto Madryn. A ellos se le suman otros dirigentes en la misma ciudad. Por otra parte, en Esquel, el secretario General de ATE, Felix González, fue sobreseído en una causa. Debe recordarse, además, que por la muerte del comisario Chávez, Massoni acusó públicamente al propio Quiroga, a Santiago Goodman, secretario General de ATECh, y cuatro personas más, aunque el entrevistado aclara que nunca llegaron a imputarlos, más allá del uso político público que hace el funcionario provincial del tema.
“Con Massoni hemos visto que pasan cosas que no pasaban antes”
La exposición pública del ministro de Gobierno, Federico Massoni, en particular por haber estado presente en varias de las represiones que se produjeron durante el año, no pasó desapercibida para los entrevistados. Ante la pregunta si consideran que tiene responsabilidad en actual situación de persecución y criminalización de la protesta social, los dirigentes fueron contundentes: “Sí, por supuesto. Además, en algunas de las causas donde somos procesados él estuvo presente. En la primera actividad en la ruta que se hizo él estuvo presente con Gómez e hicieron un despliegue policial importante. También estuvo presente cuando se reprimió en Comodoro en la ruta 26 y algunas compañeras de ATE resultaron golpeadas, compañeros docentes recibieron gases en la cara, que fue el primer hecho de represión que tuvimos este año”, señala Murphy.
Por su parte, Quiroga manifestó que Massoni “tiene ese perfil (de criminalizar la protesta social), esa impronta, más cercana a la política de Cambiemos. Creo que de alguna forma es la clara visible de eso, de toda esa expresión política. Es una persona que es la mano derecha del gobierno, o por lo menos muchas veces habla en nombre del gobierno, con mucha exposición mediática, y obviamente lo hace porque alguien lo está bancando”. Y enfatiza que con “Massoni hemos visto que pasan cosas que no pasaban antes. Esto, justamente, que haya una persecución permanente a ciertos sectores de trabajadores”.
