Mayo se transformó, junto marzo, en el peor mes para las ventas de los supermercados de Chubut en lo que va del año. En mayo la caída de las facturaciones fue de 16,6% y quedó apenas a una décima del derrumbe de marzo. En los últimos doce meses las caídas fueron constantes y no muestran signos de recuperación positiva.
El INDEC reveló este martes los datos vinculados a las facturaciones de los súper localizados en la provincia del Chubut y nuevamente los números mostraron retrocesos abruptos en las ventas, las que cayeron un 16,6% respecto al mismo mes de mayo del año pasado como consecuencia de la menor cantidad de productos vendidos y los devastadores efectos de una inflación regional que llegó a casi el 58%.
Durante los primeros cinco meses del año, las ventas estuvieron en Chubut por debajo del 10% y se transformaron en los peores de la última etapa del gobierno macrista, junto al famoso segundo semestre del inicio de Cambiemos que tuvo retracciones aún más marcadas.
Según informa el portal de noticias El Extremo Sur, el desglosamiento de los datos permite observar un estrepitoso derrumbe de las ventas en el sector de los electrodomésticos, los que cayeron un 67,5% respecto de mayo del año pasado.
NI CARNE NI GASEOSAS
Con un impacto significativo se ubicaron las góndolas de carnes que tuvieron 21,6% menos de facturación que en 2018. Casi en un nivel similar se ubicó la retracción de las ventas de bebidas sin alcohol que perdieron 22% en su volumen de facturación.
En otro bloque de retrocesos, pero con menor impacto, se posicionaron los productos de almacén que cayeron el 6,6%; los lácteos que perdieron 8,3% de las ventas registradas el año pasado y los productos de limpieza que retrocedieron el 3,2%.
Como hacía bastantes meses que no sucedía, mayo mostró menores ventas en los seis principales rubros de facturación que tienen los supermercados de Chubut y constataron que en el consumo la crisis sigue impactando fuerte y aún no tocó su piso.
El consumo sigue sin reponerse a raíz de la marcada contracción económica y de la caída del poder adquisitivo de los salarios.
El consumo masivo volvió a experimentar una fuerte baja en mayo. De acuerdo a lo informado por el Indec, las ventas en supermercados cayeron 13,5% interanual, mientras que en los shoppings se derrumbaron 18,7%. De este modo, se concretan once meses consecutivos a la baja.
En tanto, en los autoservicios mayoristas las ventas durante mayo también se desplomaron 13,5%, en comparación con el mismo mes del año anterior.
La caída en las ventas de los shoppings es la más alta de los últimos dieciocho meses, si se exceptúa la de abril último, cuando llegó al 22,9%.
En supermercados, la baja de mayo es la más alta del año, y la segunda más importante desde enero del año anterior en volumen de caída. Solo había había resultado peor el descenso de 14,5% de marzo último.
Respecto de abril, en mayo las ventas en supermercados registran una caída del 1%, en los shoppings un aumento del 5,5% y en los autoservicios mayoristas un alza del 1,7%, en la misma comparación.
Si se toma lo ocurrido en los primeros cinco meses de 2019 respecto del mismo período del año anterior, las ventas en supermercados acumulan una baja del 12,7%, en los shoppings del 17,8% y en los autoservicios mayoristas del 14,1%.
El 36% de las ventas en los supermercados en mayo se efectuaron con tarjetas de crédito, mientras en los autoservicios mayoristas ese porcentaje alcanza al 52,4%.
Lo aseveró el doctor Marcos Nápoli, uno de los fiscales de la Causa Revelación al admitir que, la investigación que derivará en el juicio oral y público y en una eventual condena a ex funcionarios provinciales y empresarios por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas de la obra pública, abarca sólo a una mínima parte de la administración estatal. «Somos conscientes que esto era mucho más grande», sostuvo el fiscal sobre el fraude estimado en unos 50 millones de pesos. El juicio comenzaría recién a principios del 2020 y las audiencias se harían por la tarde.
La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.
Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.
«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.
Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».
«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.
«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.
«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.
La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.
Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.
«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.
Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».
«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.
«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.
«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.
“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,
“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.
“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.
CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES
Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».
«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.
«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.
«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..
LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS
Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.
“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.
OTROS ROLES
En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.
La Causa Revelación ya tiene formalizada la acusación para su elevación a juicio oral y público, después de 14 meses de ardua investigación, una tarea que encabezaron los fiscales Marco Nápoli y Héctor Iturrioz.
Son unas 400 páginas que sustancian el emblemático expediente: “ha sido un trabajo largo y concienzudo que termina de una manera lógica, con la acusación formal, con un escrito en el que se volcó no sólo el material testimonial, sino también los indicios de carácter pericial, documental e informático”, señaló Nápoli a Radio 3.
«La causa se basa en la constitución de una asociación criminal, ilícita, que tenía como fines recaudar dinero de manera espuria, de conformar una caja dineraria proveniente de la obra pública, de pagos de coimas que hacían empresarios para tener el derecho de cobrar antes que otros acreedores del Estado», explicó.
Hizo un análisis llamativo: «hay que hacer la salvedad que no se perjudicaban directamente las arcas del Estado, sino también el patrimonio de las empresas que tenían que pagar para acceder a cobrar los certificados de obra».
«Lo que pune el derecho penal es la conducta de los funcionarios, de aquellos que no se comportan como indican las normas de ética y como corresponde en el manejo de la cosa pública», argumentó.
«Uno siempre tiene la sospecha que los grandes empresarios rara vez pierden desde el punto de vista patrimonial, y probablemente este impuesto anómalo que se les cobraba estaba cargado previamente en la licitación propia o en la redeterminación de precios», aclaró.
«Estos certificados, producto de la inflación, se van indexando a medida que los precios aumentan en su generalidad, lo que permite algún tipo de defasaje. Esto permite dibujar números, por decirlo así», remarcó.
“La situación resulta compleja para determinar que empresarios pagaron coimas para cobrar certificados porque estaban ahogados financieramente, en un estado de extorsión, o que empresarios lo hacían de una manera continua y hasta lo incentivaban”, admitió,
“La coima está en este caso comprobada y documentada, porque por ejemplo en la Causa de los Cuadernos de Bonadio tiene fotocopias y anotaciones que se cuestionan. En cambio acá tenemos la documentación del control que llevaba Diego Luthers, pero también los cheques originales, lo que nos permitió trazar un camino, un seguimiento, sobre el emisor, el dosante y en qué cuenta terminó ese cheque”, destacó Nápoli.
“Hay hilos conductores que son comunes como las empresas de Diego Correa, Cepat o Dual Core, o en la financiera de Comodoro Rivadavia en la que se pagaban acciones para la compra de Canal 9, de la sociedad Protel. Todos estos cheques eran emitidos por empresarios de la construcción, no parecían otros prestadores del Estado, todos eran de la obra pública”, argumentó.
CONDENAS SEGÚN LAS RESPONSABILIDADES
Sobre la diferencia en los pedidos de condena; ocho años de prisión para Diego Correa, Víctor Cisterna y Gonzalo Carpintero; siete para Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray y seis para Diego Luthers, Nápoli puntualizó: “la diferencia tiene que ver con la responsabilidad que le imputamos a cada uno de ellos en la asociación criminal. No sólo con la intensidad con la que maniobraban dentro de la organización, sino que grado de responsabilidad tenían».
«Nosotros le achacamos a Cisterna que era uno de los fundadores y el ideólogo de cómo generar este tipo de fraudes y como continuadores de ellos a Correa y Carpintero», aseveró Nápoli.
«Y los demás ingresaron posteriormente a la asociación ilícita como el caso de Bortagaray, o tuvieron una menor injerencia dentro de la organización, como el caso de Luthers, que mostró una conducta muy reprochable, era muy activa su participación, pero en la línea jerárquica de mando y obediencia, no tenía a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones, por el contrario, las obedecía, aunque lógicamente era funcional a la asociación», profundizó el fiscal.
«Como el impacto de la pena es bastante conflictivo, en este caso en particular es interesante es transmitir la garantía de que estas personas no vuelvan a ejercer cargos públicos. Y esto es una forma de responder a quienes se preocupaban con un sano interés, como los doctores Pérez Galimberti o Eduardo Hualpa, que no haya posibilidad de repeticiones. Y no la habrá al menos con estas personas, porque si la condena se confirma, no podrán ser reelectos o nombrados a dedo para ejercer cargos públicos», aseguró..
LA IMPLICANCIA DE LOS EMPRESARIOS
Nápoli aclaró respecto de los empresarios imputados que “hay distintas situaciones: hay quienes no accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba porque saben que aún tienen tiempo de pedirlo hasta que se inicie el debate oral y público. Otros que consideran que es injusto reparar una suma millonaria o hacer una obra cuando se sintieron extorsionados por el Estado y quieren demostrar esta situación. De llegar a comprobarse en el debate, van a resultar absueltos”.
“También hay empresarios que se consideran totalmente inocentes y descreen que nosotros podamos probar que formaron parte de este tipo de maniobras”, agregó.
OTROS ROLES
En el caso de quienes oficiaron de valijeros, Nápoli explicó que “en este entramado siempre hay personas que cumplen esa función porque son dineros que no provienen de licitaciones públicas o partidas presupuestarias, y no pueden transferirse a través del sistema o entidades financieras, y llevan el dinero de un lugar a otro o de un interesado a otro”.
“Tenemos a tres personas, o básicamente a dos, porque Andrés Minín forma parte de la asociación ilícita por intervenir en la compra de Canal 9. Las otras dos personas son Pablo Bastida y Federico Piccione, a quienes se les achaca el rol de movilizar los dineros mal habidos”, apuntó.
SÓLO UNA PARTE DEL UNIVERSO DE COIMAS
En cuanto a una recaudación total estimada, Napoli dejó otra frase para llamar la atención: “de acuerdo a las maniobras que hemos probado, son alrededor de 50 millones de pesos. Suena fuerte desde el punto de vista numérico, pero no es relevante desde el punto de vista del entramado de esta asociación”.
«Tenga en cuenta que vamos a poder probar aquellos hechos donde contamos con cheques, donde ha confesado algún que otro empresario o los que estaban anotados en las planillas que Luthers prolijamente llevaba. Pero todo el universo de pago de coimas que estaba circunscripto a la administración pública central no está inserto en esta investigación”, reconoció Napóli.
“No somos sonsos y somos conscientes que esto era mucho más grande y que probablemente este sea uno de los kioskos dentro de un supermercado. No podemos dimensionar exactamente hasta qué punto se llegaba con todos”.
“Los viejos comentarios de pasillos decían que en cada escritorio de la administración pública había que dejar algo. Nosotros tomamos solamente un ministerio, una parte de otro y las vinculaciones con el Instituto Provincial de la Vivienda. Lejos estamos de cubrir todo el espectro”, enfatizó Nápoli.
Enseguida confirmó que la recaudación permitía financiar el aparato político: «estos pagos de sobresueldos que lucen veraz en las planillas solventaba ese mecanismo”.
CONVENCIONES PROBATORIAS
Respecto de si algún funcionario podría romper el silencio en el juicio, analizo que “tenemos expectativas de hacer convenciones probatorias, aunque con los funcionarios públicos no podemos hacer juicios abreviados. Como también hubo una ardua discusión con los fueros de Bortagaray, hemos declinado esa alternativa. El juicio abreviado tiene la ventaja que el imputado reconoce la responsabilidad y se acuerda la pena».
“Pero sí podemos hacer convenciones probatorias, en las que los funcionarios se pongan de acuerdo con los fiscales en reconocer los hechos, lo que permitiría no dilatar discusiones como el camino de los cheques”, adelantó.
“Los pactos de silencios en estos casos en los que las maniobras han sido tan públicas son difíciles de pergeñar, aunque consideramos que los funcionarios saben cosas que nosotros desconocemos», advirtió.
«Creo que hemos podido desentrañar el manejo que han tenido y ellos saben que nosotros tenemos esa información y que a través de la acusación quedará sobre la mesa», confió Nápoli.
«Las escuchas telefónicas existen, pero no son el fuerte de la Causa Revelación. Las vamos a usar sólo si fuera necesario», aclaró.
CASI 300 TESTIGOS
«Son casi 300 testigos, muchos de ellos personal policial, que se dedicó a la investigación y recopilación de datos, y otros son civiles que han vivido en carne propia situaciones interesantes para el caso; como quienes han visto pasar dinero, o funcionarios pergeñando maniobras en determinados lugares, los choferes de la Unidad Gobernador que iban a cambiar los cheques constantemente, personal del Instituto Provincial del a Vivienda, del Ministerio de Economía o de Infraestructura, trabajadores de carrera que cayeron en la cuenta que esto ocurría a partir de lo que nosotros le mostrábamos del caso», detallo Nápoli.
Respecto de la reparación de las probation, admitió que “no es una cuestión directamente proporcional, pero la cantidad de dinero ronda el mismo monto, de entre 50 y 60 millones de pesos, aunque hay un defasaje por la inflación”.
AUDIENCIAS POR LA TARDE
“No creemos que vamos a llegar al inicio del juicio este año, porque todavía hay audiencias largas, y después se elevará la causa a juicio, que podría comenzar a principios del año próximo. Conversando con la Oficina Judicial y teniendo en cuenta que algunos imputados forman parte de más de una causa, ya hemos acordado hacer las audiencias de tarde para no superponerlas con las de las otras causas”, reveló Nápoli sobre el final del extenso diálogo.
Hace algunas semanas, el Gobierno nacional lanzó el programa Precios Esenciales, mediante el cual habrá 64 productos a precio más bajo en las cadenas de supermercados.
Sin embargo, según indicó el concejal de Cambiemos en Puerto Madryn, Claudio Tortoriello, a nuestra región no llegarán los cortes de carne que a 149 pesos el gobierno había anunciado. “La carne no va a llegar aquí porque está dado para frigoríficos que sean exportadores, ya que ellos exportan todo lo que es pulpa y no hueso, entonces el remanente de la res que queda es el que se comercializa con los precios esenciales. El resto de los artículos llegarán a las góndolas desde esta semana como está convenido”.
Barrera sanitaria
Según Tortoriello, el hecho de que la carne no llegue a nuestra zona tiene que ver con la barrera sanitaria que existe y que impide el paso de la carne con hueso. “Por la barrera sanitaria no puede ingresar ganado ni carne con hueso, ya que estamos en una zona de libre vacunación de aftosa”. Ante esta situación, se deberá seguir pagando cortes como el asado, vacío y matambre en valores que, generalmente, superan los 350 pesos el kilo.
Fuera de control
Respecto al resto de los artículos, el concejal de Cambiemos aseguró que estarán a disposición “porque tengo entendido que están todos los convenios firmados con las empresas productoras de alimentos para que esto suceda”.
Otro de los temas claves en este programa es la fiscalización de que este “pacto de caballeros”, como lo catalogó el gobierno, sea cumplimentado: “La oficina de Defensa del Consumidor, el Ejecutivo Municipal y el Provincial serían los que están a cargo del control de estas medidas para que la gente tenga este beneficio”. Así las cosas, Nación no hará ningún tipo de control al respecto.
Medidas coyunturales
Por último, Tortoriello brindó su opinión respecto a este programa de Precios Esenciales: “Es una medida que no es para controlar la inflación, sino que es para dar un alivio a ciertos sectores de la población. No es una medida como las que se hacía anteriormente como Pescado para Todos, Verdura para Todos, Carne para Todos, que impactaba en la cadena de comercialización, sobre todo en los locales de los barrios”, dijo el edil quien agregó que “estamos casi a seis meses de las elecciones y esto tiene que ver con medidas que son coyunturales y que atienden una situación en un momento particular”.
Se trata de la continuidad del descuento del 15% destinado a empleados públicos, jubilados y pensionados, que se extendió a las tarjetas sociales. El mismo fue rubricado por el gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, este martes.
La ministra de la Familia y Promoción Social, Valeria Saunders, destacó el acuerdo concretado con supermercados de toda la Provincia que alcanza a los beneficiarios de la Tarjeta Social.
El mismo fue firmado por el gobernador, Mariano Arcioni, y representantes de las cadenas de supermercados “La Anónima”, “Carrefour”, “Vea”, “Jumbo”, “Walmart”, “Chango Más”, y “AutoServicio Todo”, y establece la continuidad del 15 % de descuento en la compra de productos de almacén y bebidas para empleados, jubilados y pensionados del Gobierno provincial. Además, se incluye a los más de 10 mil beneficiarios de la Tarjeta Social.
De este modo, las familias más vulnerables que poseen el beneficio podrán acceder al descuento en las compras que realicen en esos supermercados.
Descuento importante
Sobre el acuerdo rubricado la ministra, Valeria Saunders, valoró que «en este contexto de difícil situación económica e inflación que se está viviendo este beneficio de un descuento del 15% para las Tarjetas Sociales es muy importante».
Expresó que “en el marco de un trabajo conjunto realizado con el ministro de la Producción, Hernán Alonso, propusimos que los acuerdos de descuentos también lleguen a las familias que tienen la Tarjeta Social”.
“Estamos muy satisfechos porque a raíz de la decisión del Gobernador esto se pudo concretar”, enfatizó la responsable de la cartera social provincial.
Asimismo, la funcionaria manifestó que “actualmente tenemos más de 10 mil beneficiarios de la tarjeta social en toda la Provincia, que van a poder acceder al descuento en su compra».
«Sabemos que no es una solución definitiva pero estamos brindando respuestas y aportando las herramientas para poder afrontar la difícil situación económica que se vive en todo el país”, sostuvo la Ministra.
Saunders además destacó que en los acuerdos que firmó el Gobernador también se “incluye a pescaderías y supermercados para descuentos en los productos tradicionales de Semana Santa”, y agregó que “desde el Gobierno provincial ya se han impulsado diez acuerdos con diferentes sectores y rubros”, valorando que “es otra muestra de una política de acompañamiento a los sectores que más lo necesitan”.
En ese marco, la Ministra señaló que “desde el Ministerio vamos a seguir trabajando de forma articulada con otras áreas del Gobierno para ofrecer programas e impulsar proyectos que generen beneficios directos para las familias más vulnerables, y que tengan la oportunidad de tener ingresos genuinos”.
El acuerdo de precios que está tejiendo el Gobierno con las cadenas comerciales de retail y las empresas de consumo masivo se sustenta en un “acto de fe”, según la mirada de los supermercadistas. Los empresarios de este sector consideran vital que la cotización del dólar se mantenga controlada a lo largo del acuerdo para que todo funcione bien. Voceros advirtieron que si el dólar tiene una nueva escapada lo primero que va a ocurrir es que haya faltantes de productos. Los supermercados se desligan de esa responsabilidad y temen que el público los termine por culpar. La mirada de las grandes cadenas de consumo masivo es que ellas no son formadoras de precios y que el abastecimiento corre por cuenta las industrias. De modo que están en el medio de una disputa.
Contrato. Copy del modelo de acuerdo para supermercados, mayoristas y cadenas de proximidad que fue oficializado el pasado 7 de marzo.
El Gobierno aspira este miércoles a anunciar un nuevo acuerdo de Precios Cuidados que reemplace al actual que vence el próximo 6 de mayo. El anuncio lo va a hacer el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, y se conocerá 24 horas después de que el INDEC informe la inflación de marzo, que se ubicará cercana al 4%. Con ello el gobierno procura contrapesar el mal trago antes de que se inicie el feriado largo de la Semana Santa.
La idea es ampliar una lista de 566 productos y consolidar un núcleo de entre 40 y 60 bienes de consumo masivo, para que lleguen sin mayores cambios de precios hasta un eventual balotaje. Los supermercados consideran que ese plazo es bastante “excesivo” para sostener los precios. Advierten al gobierno que si el dólar vuelve a manifestar una corrección brusca durante ese plazo, lo más probable que ocurra es que las empresas fabricantes ajusten por cantidad, si no lo puede hacer por precio. En el medio quedarían las cadenas expuestas a las críticas del público.
El pasado 7 de marzo el Ministerio de la Producción aprobó nuevos modelos de contrato para Precios Cuidados, en su intención de mantener vigente el programa. Allí se determina que en caso de faltantes de productos las cadenas tienen un plazo de 72 horas para denunciarlo ante la Secretaría de Comercio Interior. Y se determina que habrá una especie de núcleo duro del acuerdo, que lo componen productos considerados de “primera necesidad”.
El artículo 1 del contrato dice expresamente que “la Empresa de Supermercados se compromete a vender al consumidor final, de forma constante e ininterrumpida” los productos que forman parte de la canasta acordada, teniendo en cuenta cuestiones de logística debido a las distancias en el interior.
Si bien la palabra “congelamiento” está excluida del vocabulario de los funcionarios del Ministerio de la Producción, el contrato de Precios Cuidados indica que el supermercado se compromete a vender los productos a “un precio final, único y constante acordado con la Secretaría, conforme las condiciones establecidas en el Convenio”.
El contrato admite que se pueden llevar a cabo “revisiones periódicas” pero no indica plazos, Se menciona que las revisiones se podrán llevar a cabo de manera “convenida en base a la evolución de las condiciones de producción, comercialización y distribución de los productos que lo componen”.
Se aclara que “las partes acuerdan que las revisiones aludidas tendrán en cuenta el impacto en la estructura de costos de la variación de los precios de venta de los proveedores, costos salariales de distribución y comercialización de los productos, valores de energía y combustible, cargas tributarias y tasas, y/o cualquier otro concepto que pudiere interferir en el precio final del producto”. Si bien la cotización del dólar no se menciona como causal se entiende que el tipo de cambio subyace en la estructura de costos de cualquier empresa, en mayor o menor medida.
Por otro lado, de acuerdo con el modelo de contrato de Precios Cuidados que está oficializado por el gobierno, los supermercados se comprometen a informar a la Secretaría de Comercio de manera inmediata en caso de que por necesidades de fuerza mayor tenga que racionar la oferta. Es decir, poner un tope a la cantidad de productos que puede llevar un consumidor. Eso podría ocurrir por un incremento de la demanda muy fuerte o que haya escasa oferta. El contrato reafirma la calidad de oferta “familiar” que tiene el Programa.
Por ello, las aspiraciones del Gobierno a que se mantengan los precios por seis meses y que no se produzcan faltantes es visto por los supermercados como de muy difícil cumplimiento. En la Jefatura de Gabinete piensan que un faltante de primera necesidad en medio de la campaña electoral puede afectar al desarrollo de la misma y hasta condicionar el resultado.
En tanto, el contrato indica que el supermercado no cumplió con el compromiso cuando:
a) No se encuentren ofertados en una o más sucursales uno o más de los productos que forman parte del grupo de primer necesidad (núcleo duro) y no se encontrare ofertado un sustituto conforme los términos del mismo.
b) No se encuentren ofertados, en una o más sucursales al menos el 80 % de los productos previstos que no forman parte del grupo de primera necesidad.
c) No se encuentren correctamente identificados mediante el isologotipo y “Saliente de Góndola” en una o más sucursales, al menos el 80 % de los productos de la oferta
d) Utilice el “isologotipo” o el “Saliente de Góndola” en la oferta de productos objeto de fiscalización, que no se encuentren incluidos en el acuerdo.
Las negociaciones seguirán con las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo durante las próximas 48 horas. Será empresa por empresa, sin participación de las cámaras sectoriales como la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Durante el Gobierno anterior estas cámaras participaron más de una vez en negociaciones para contener los “aprietes” de los funcionarios de entonces.
También se prevé anunciar un relanzamiento del Programa Ahora 12, para las compras con tarjetas.
El intendente Carlos Linares presentó la lista de los productos incluidos en el Programa Precios Cuidados, que se acordó con las grandes cadenas de supermercados de la ciudad. En ese marco, destacó el acompañamiento del empresariado del sector y, por otra parte, aseguró que “es la única herramienta que tenemos como Estado para minimizar el impacto de la inflación en el bolsillo de la gente”.
Este lunes, en el despacho municipal, el intendente Carlos Linares, junto al subsecretario de Fiscalización, Daniel Campillay, convocó a los referentes de las grandes cadenas de supermercados para definir y presentar a la comunidad el listado de los 30 productos incluidos en el Programa Precios Cuidados. Los descuentos van desde un 5% hasta un 14% sobre el precio de oferta, y permanecerán vigentes durante un período de 60 días, desde el 1º de abril.
En la ocasión, el intendente Linares destacó el acompañamiento de las 6 empresas que se sumaron a Precios Cuidados y subrayó que “sin lugar a dudas, es un enorme gesto de voluntad y compromiso para con los vecinos, ante la complicada situación inflacionaria que se está viviendo en todo el país y que impacta profundamente en Comodoro”.
“Entendemos lo que está pasando la gente y cómo las políticas económicas nacionales complican, todos los días, el bolsillo de los comodorenses; y en ese sentido, trabajamos en la generación de esta propuesta, con una excelente recepción por parte de las cadenas de supermercados”, explicó.
En ese tenor, sostuvo que “desde el Municipio no podemos revertir la realidad económica, pero sí poner a disposición de la comunidad estas acciones paliativas, con una canasta básica familiar estable por 60 días; que permita a la gente llevar a su casa los productos de primera necesidad”.
Por último, Linares dijo que “esta propuesta de Precios Cuidados va a seguir creciendo, con la fijación de precios accesibles para la compra de verduras y cortes de carne, que próximamente serán presentados a la comunidad”.
Compromiso empresarial
Por su parte, el subsecretario Campillay coincidió con el intendente Linares al destacar los alcances del convenio rubricado con las cadenas Diarco, La Proveeduría, Walmart, Jumbo, La Anónima y Carrefour, que permitirá congelar los precios durante 60 días, con un esquema superador al implementado durante el año pasado.“A sabiendas de que la situación económica es mucho más crítica que el año anterior, se ha logrado acordar un sistema de precios cuidados, rebajando la oferta desde un 5% hasta un 14% de descuento, en el caso de los mayoristas”, indicó al respecto.
Asimismo, explicó que “se trata de una forma de ahorro que permite el acceso al mínimo de los productos correspondientes a la canasta básica familiar, incluyendo alimentos aptos para celíacos y artículos de limpieza; de cara a ayudar a la economía de los comodorenses”.
Por último, Campillay recordó que “los precios acordados en esta oportunidad estarán congelados a partir de este lunes 1° de abril, con la cartelería correspondiente; que será verificada en controles permanentes a cargo de los inspectores de Defensa del Consumidor”.
Las ventas minoristas no encuentran piso y en enero marcaron una baja superior a la del último mes del 2018.
El derrumbe de las ventas minoristas no encuentra piso y tras el fuerte retroceso del 2018, comenzaron este año con una nueva baja interanual del 10,5% en supermercados y 15,1% en shoppings.
En ambos casos, el dato de enero representa una caída notablemente mayor al mes anterior -cuando habían retrocedido un 8,7% y 13,3%, respectivamente- en un indicador que vuelve a cuestionar las optimistas estimaciones del Gobierno, que aseguró que la recesión había terminado.
De acuerdo a datos del Indec, las ventas a precios constantes de supermercados sumaron un total de $23.920,8 millones en el primer mes del año, acumulando siete meses consecutivos en baja.
Los rubros de artículos que tuvieron los aumentos más significativos a precios corrientes -sin descontar la inflación- fueron almacén (47,6%), carnes (46,9%), y artículos de limpieza y perfumería (46%), mientras que los sectores más perjudicados fueron electrónicos y artículos para el hogar (9,7%) y verdulería y frutería (23,1%).
Respecto al orden geográfico, las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes fueron Misiones (50,5%), Entre Ríos (48,3%) y Tierra del Fuego (48,2%); en cuanto que las provincias menos dinámicas en materia de ventas minoristas fueron Santiago del Estero (25,8%), Tucumán y Chaco (28,2%).
Otro de los datos preocupantes se dio en el mercado de trabajo sectorial que viene transitando un sendero contractivo desde antes de la crisis cambiaria, aun cuando las ventas supermercadistas mostraban un destacado comportamiento.
En dicho mes, se perdió el 2,8% de los puestos laborales respecto al mismo mes del 2018, donde también había retrocedido el empleo sectorial. En rigor, se trata del cuarto enero consecutivo con pérdida de puestos de trabajo sectoriales que acumulan una caída del 13,40%. Al mismo tiempo, los sueldos y salarios brutos subieron el 30,9% en términos nominales, lo que implica una merma real del 12,3%.
En cuanto al desempeño de los shoppings, sus ventas a precios constantes alcanzaron un total de $3.116 millones, lo que representa una disminución del 15,1% respecto al mismo mes del año anterior, también en el séptimo mes seguido de caída.
Uno de los sectores más castigados fue el de diversión y esparcimiento con alza nominal del 31,8%, muy por debajo de la inflación interanual del 49,3% que indicó el Indec para dicho mes. Esto se vio reflejado en la concurrencia en salas cinematográficas que se contrajo un 3,90%, producto de la merma en 56.183 espectadores respecto al mismo mes del año anterior.
El resto de los rubros más afectados fueron “electrónicos, electrodomésticos y computación” con una caída nominal del 17,4% que descontando la inflación alcanza cifras siderales, “amoblamientos, decoración y textiles para el hogar” con una suba del 19,1% y “juguetería” (21,7%).
Al igual que en el sector supermercadista, los centros de compras también marcaron una contracción del personal ocupado. En relación a enero del 2018, se perdieron 60 empleos que significan una merma del 4,8%.
El ejecutivo municipal está trabajando en un proyecto de ordenanza tendiente a lograr que la comunidad pueda adquirir en las góndolas de los supermercados los productos producidos en la Reserva Agroforestal. Esto permitirá ampliar los niveles de producción, generar mayor mano de obra y garantizar a los vecinos productos de calidad. Esa es la conclusión de la visita que el intendente Ricardo Sastre realizó junto a sus funcionarios a la reserva y donde diálogo con los productores.
Uno de los ejes que el municipio está terminando de desarrollar es la generación de un marco regulatorio para lograr que las cadenas de supermercados pueda comercializar en sus góndolas las producción generada en la reserva agroferestal.
Esto lo confirmó el intendente al plantear que “los supermercados deberían adquirir por ordenanza lo producido en el parque agroforestal” porque “dará mayor trabajo a la gente que está radicada y, además, mostraremos productos de primera calidad como los producidos en el parque”.
El proyecto de ordenanza está en pleno proceso de elaboración y una vez cumplida todas las instancias será elevado al Concejo Deliberante para su aprobación. “Si lo podemos concretar en las primeras sesiones del año sería mucho mejor” dijo el jefe comunal, quien aclaró que lo producido en la reserva deberá contar con “los rotulados, cumplir con todos los requisitos que se les exige a los productos alimenticios que están en las góndolas de un supermercado”.
Desde la conducción de la asociación se han fijado como próximo proyecto el poder contar con un predio ferial donde los fines de semana los vecinos de Madryn puedan concurrir a comprar los productos que son producidos y criados en el parque.
