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El ex diputado provincial aseguró que en mayo declarará en forma testimonial sobre la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la extensión del contrato de Cerro Dragón. “Tendré que brindar información sobre los motivos por el cual yo no veía bien en el año 2007 que se firmara este contrato”, y reiteró que deberían revisarlo y renegociarlo.
La justicia continúa la investigación sobre el posible pago de coimas que habría hecho el accionista principal de la empresa Pan American Energy (PAE) a funcionarios y legisladores argentinos para que se le entregase la concesión del yacimiento hidrocarburífero Cerro Dragón.
En este sentido, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a tres referentes de la Unión Cívica Radical: el ex diputado provincial, Carlos Lorenzo y los senadores Mario Cimadevilla y Laura Montero. Además de los abogados Roberto Dromi y Jorge Vanossim a brindar testimonial.
La decisión fue tomada conforme a los pliegos de interrogatorios presentados por el fiscal federal Guillermo Marijuán. De esta forma, los dirigentes radicales deberán presentarse el 5, 6 y 7 de mayo, respectivamente, o bien declarar por escrito, mientras que los abogados deberán hacerlo el 11 y 12 de mayo.
“En mi caso particular tendré que brindar información sobre los motivos por el cual yo no veía bien que se firmara este contrato. El tiempo demostró que era un contrato inconveniente a los intereses de la ciudadanía chubutense, yo no tenía inconveniente en el avance del contrato, sino en la manera en que se hacía”, explicó esta mañana Carlos Lorenzo y aseguró que en mayo hará la declaración correspondiente.
“Era un contrato que era ajeno a los intereses de los ciudadanos chubutenses. Obligaciones que se habían fijado para la provincia y no para la empresa. Yo hice una denuncia penal que está llena de indicios. Varias leyes violada, denunciando cuestiones que hay por parte de la justicia provincia y negación de avanzar con este tema. Estoy convencido de que responden a cuestiones políticas”, señaló el ex legislador.
Lorenzo dijo que expondrá sobre la denuncia presentada en 2007, donde advirtió que el gobierno provincial encabezado por Mario Das Neves, comprometió la concesión y sucesivas prórrogas de los yacimientos petroleros Anticlinal Grande – Cerro Dragón y Chulengo, en forma directa, sin respetar los principios básicos en materia de contrataciones tales como la publicidad y la transparencia, sin efectuar ningún tipo de licitación ni concurso público.
En el mismo sentido, el dirigente radical también planteará que en aquella oportunidad en la que se desempeñaba como diputado provincial, el gobierno no respetó el mandato legal contenido en el artículo 35 de la Ley de Hidrocarburos, porque se dispuso una primera prórroga del contrato, a partir de 2017, sin realizar la evaluación del desempeño del concesionario conforme lo manda el último párrafo de la norma. Por lo tanto, no existió la posibilidad de evaluar la performance del período 2007/2017 antes de que el mismo transcurra.
Además, entre otra larga lista de cuestionamientos, Lorenzo planteará que en todos los casos se otorgó una concesión que con sus prórrogas concede cuarenta años, excediéndose de este modo los topes legales de concesión de la Ley petrolera.
Lorenzo dijo que “le preocupa la investigación en lo contencioso administrativo donde se pide la nulidad del contrato” y consideró que “hay que lograr revertir el contrato en aquellas cuestiones que uno estima que están pendientes para una buena seguridad de la explotación del recurso para los chubutenses”.
Fuente: El Patagónico
