Se trata de Gustavo Toquier, de Comodoro Rivadavia, a quien el juez nacional en lo Comercial Hugo Vitale le pidió que se inhiba de continuar con el concurso de acreedores de Oil. ¿Cómo sigue la investigación?
Mientras Lázaro Báez sigue desde la cárcel la caída del imperio que supo construir en doce años, el empresario más identificado con el kirchnerismo, Cristóbal López, por ahora logró contener los embates del nuevo gobierno macrista.
Según indica un diario nacional, un juez provincial chubutense se niega a declinar la competencia en el concurso de acreedores de Oil Combustibles pero tampoco remite el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que defina el asunto.
Se trata del juez de Ejecución Gustavo Toquier, de Comodoro Rivadavia, a quien el juez nacional en lo Comercial Hugo Vitale le pidió que se inhiba de continuar con el concurso de acreedores de Oil o, caso contrario, envíe el caso al único tribunal superior común a ambos, es decir la Corte Suprema nacional.
Toquier primero le preguntó a Vitale si su declaración de competencia estaba firme, lo que era obvio ya que se había hecho a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sin contraparte y sin apelación.
Luego se presentó Oil ante el juzgado y, aún sin ser parte, pidió la nulidad de lo resuelto por el juez porteño, a quien también recusó. Vitale rechazó ambas cuestiones pero Oil fue en queja a la Cámara de Apelaciones del fuero Comercial.
Mientras tanto, López consiguió tiempo para lograr que varios jueces federales de Ejecución Fiscal porteños frenaran juicios encaminados a embargarparte de la multimillonaria deuda de la firma con el Fisco y los remitieran al juzgado de Comodoro Rivadavia porque allí todavía se tramita el concurso, pese a que sería ilegal y con graves consecuencias legales y hasta penales tanto para Toquier como para Oil, según advirtieron fuentes judiciales.
Ocurre que Oil Combustibles no perfeccionó su cambio de domicilio -presumiblemente destinado a tener un trato más favorable en el Sur- ya que para la Inspección General de Justicia (IGJ) aún sigue radicada en las oficinas de la Avenida Córdoba al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en Comodoro Rivadavia.
Las fuentes recordaron que la jurisprudencia de la Corte es que un cambio de domicilio como el realizado en este caso puede constituir una maniobra defraudatoria de los derechos de los acreedores de la empresa que pide ordenar sus números en la Justicia.
Oil se presentó en concurso de acreedores luego que la AFIP la denunciara penalmente por “insolvencia fraudulenta” a raíz del traspaso de sus activos a otras firmas del Grupo Indalo.
Además, el organismo recaudador logró una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo que prohíbe modificaciones en varias empresas del grupo.
La AFIP persigue el cobro de unos $ 8 mil millones adeudados por Oil pero perdonados por el kirchnerismo a través de planes que le permitieron así financiar la compra de otras empresas, entre ellas de medios de comunicación.
Nexofin