Las chilenas debieron esperar casi tres décadas para reconquistar el derecho a elegir si interrumpen sus embarazos en caso de que su vida esté en peligro, inviabilidad fetal y violación.
En un histórico fallo que ha sido seguido y esperado tanto por las autoridades y como por la ciudadanía, el Tribunal Constitucional rechazó este lunes los requerimientos de la oposición de derecha que pretendían paralizar uno de los proyectos de mayor simbolismo del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Aprobado a comienzos de este mes por el Congreso, los diez ministros del organismo determinaron por seis votos contra cuatro que la iniciativa no vulnera la Constitución. «Hoy han ganado las mujeres, ha ganado la democracia, ha ganado Chile», señaló Bachelet, desde el Palacio de La Moneda, arropada por su ministra portavoz de la Mujer y de Salud.
El proyecto de ley, que queda listo para ser promulgado por la presidenta, representa un paso fundamental para las mujeres chilenas. Junto con Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras, Chile conformaba el grupo de siete países del mundo que prohíben las interrupciones del embarazo en todos los supuestos.
Estaban penalizadas desde 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet dictaminó que no podría ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Desde la llegada de la democracia, en 1990, una de las mayores luchas de los movimientos feministas ha sido cambiar la legislación. Por la oposición de la Iglesia católica y de los grupos conservadores de la derecha y del centroizquierda, sin embargo, en 28 años no fue posible. Hasta ahora no había existido voluntad ni condiciones políticas.
Con la promulgación de le ley comenzará a extinguirse una doble moral de Chile. Aunque se trata de una práctica clandestina, en el país se realizan unos 70.000 abortos anualmente en condiciones de extrema inseguridad.
Por utilizar medicamentos abortivos sin ayuda médica, es común que las mujeres lleguen a los centros asistenciales con complicaciones y desangramientos. Algunas han muerto en el intento, como la madre de 28 años, casada, que por desconocimiento se introdujo 56 pastillas por la vagina a fines de los años noventa, muriendo de una parada cardiorrespiratoria en el hospital.
Algunas, por miedo a las denuncias de los propios profesionales de la salud, prefieren quedarse en sus casas. El informe de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales relató el caso de una chilena que ayudó a abortar a su sobrina de 16 años. La muchacha se encerró en el baño y, cuando la mujer entró, la encontró con el feto colgando. “Fue terrible, porque no debió ser así.
Ella debió tener la posibilidad de hospitalizarse, tener apoyo, etcétera. Si las cosas fueran distintas, no habría llegado a ese punto”, recordó luego la mujer.
Es una realidad que sectores de la sociedad chilena prefieren ocultar. En 2014, a comienzos del Gobierno de Bachelet, la ministra de Salud, Helia Molina, debido a las presiones tuvo que renunciar a su cargo por haber desvelado un secreto a voces: “En todas las clínicas cuicas [pijas] muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”.
Porque aunque la prohibición del aborto afectaba a todas las chilenas, de diferentes edades y sectores socioeconómicos, las pobres son las más castigadas. De acuerdo a la Defensoría Penal Pública, que tiene en sus manos la defensa de un 80% de los imputados por diversos delitos que se cometen en Chile, entre 2006 y febrero de 2015 un total de 506 personas fueron acusadas por los delitos de aborto contemplados en el Código Procesal Penal.
La mayoría había sido denunciada en un hospital público, que en Chile es utilizado por los sectores con menos dinero que no tienen acceso a las clínicas privadas.
Con el proyecto de Bachelet no se terminará la clandestinidad del grueso de los abortos en Chile, pero representa un paso importante para las mujeres y resolverá los casos de mayor gravedad. La causal de violación, una de las que generó mayor polémica durante la discusión en el Congreso, evitaría situaciones como la de Belén, la niña de 11 años que era abusada desde los nueve por su padrastro, que quedó embarazada y que estuvo obligada a dar a luz en 2013. En Chile el 87% de las niñas agredidas sexualmente son menores de 14 años.
La decisión del Tribunal Constitucional chileno, que escuchó a unas 135 organizaciones de la sociedad civil antes, fue celebrada por organismos como Naciones Unidas que hace décadas solicitaban a Chile que adecuara su ley de aborto. “Hoy hemos avanzado en la protección de las mujeres y niñas. La legislación del país se está alineando a los estándares internacionales de derechos humanos”, indicó Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional en Chile.
El País
