Los diputados provinciales recibieron a los ministros Coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli, y de las áreas de Economía e Infraestructura, Pablo Oca y Alejandro Pagani a quienes le plantearon dudas e inquietudes en torno al paquete de leyes económicas y tributarias, el Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2018 y, fundamentalmente, el controvertido Pacto Fiscal suscripto por la Provincia con la Nación.
Los ministros ocuparon el estrado del Salón Auditorio de la Legislatura ante la presencia de presidentes y legisladores de los distintos bloques políticos, asistentes y asesores.
Pacto Fiscal con marcada divergencia ideológica
Inicialmente se consideró el Pacto Fiscal firmado por el mandatario chubutense con el gobierno nacional macrista, que mereció cuestionamiento ideológico por parte de los diputados del PJ-FPV, Meza Evans, Gustavo Fita, Gabriela Dufour, Estela Hernández, Viviana Navarro y Alejandra Marcilla quienes expusieron reparos y distintas consultas sobre qué beneficio depara a Chubut el acuerdo fiscal y cómo afecta ello a los municipios y a los trabajadores de esta zona patagónica, en el marco de crisis económica.
El preside del bloque UCR-Cambiemos, Eduardo Conde realizó consultas puntuales para interiorizarse sobre el espíritu normativo de los proyectos enviados por el Ejecutivo, destacándose la vía del diálogo democrático para dilucidar cuestiones políticas en torno a estas leyes.
Papaiani criticó falta de diálogo
La preside del bloque Frente de Agrupaciones, Florencia Papaiani aludió a la falta de diálogo con sectores gremiales y municipios para despejar sus preocupaciones acerca de las consecuencias del Pacto Fiscal en Chubut, y a la responsabilidad que afronta la Legislatura para aprobar de apuro proyectos que se pretende consensuar a último momento en la Sesión Extraordinaria.
La propuesta de girar este controvertido tema a Comisión para su exhaustivo análisis tuvo la aprobación de todos los legisladores y al respecto se comentó que en otras provincias los respectivos Pactos Fiscales se tratarán en los meses de Febrero y Marzo. El ministro Coordinador manifestó su predisposición al planteo de Papaiani más allá de los divergentes enfoques ideológicos con la oposición del PJ-FPV. Mammarelli defendió el Pacto Fiscal porque se enmarca en una línea programática federal en la concepción política del gobierno nacional de achicar la carga fiscal para generar mayor actividad económica en el país, revirtiendo anteriores desajustes de política fiscal.
Recalcó ante las críticas, que la mayoría de las provincias suscribieron dicho pacto fiscal (excepto San Luis) y fue avalado por el Congreso de la Nación.
Apriete
La posición de Mammarelli motivó réplicas políticas de legisladores del FPV que cuestionaron la política nacional de “apriete” a gobernadores con urgencias económicas y entonces se le preguntó sobre el alineamiento político del gobierno chubutense con la gestión nacional en el apuro por aprobar un acuerdo fiscal que genera preocupación en los ámbitos municipales y sindicales. Se le planteó si se estaba “cambiando guita por esperanzas” en un contexto de cuestionamientos por frustrados “brotes verdes” de grandes inversiones prometidas por el gobierno nacional.
Mammarelli y Oca destacaron que las leyes tributarias son facultades de la provincia y municipios, sobresaliendo Chubut en la potestad municipal, despejando la gravitación del pacto fiscal acordado que se caracterizó como un avance en el reordenamiento tributario y favorecer las actividades económicas, sin afectar las facultades constitucionales de Chubut.
No obstante destacar el ministro coordinador el acompañamiento de las provincias y el aval del Congreso, hubo reparos por las expectativas inflacionarias y cómo se resguarda a las economías regionales.
Alentar la promoción industrial
En la reunión que duró casi cinco horas, los legisladores concidían en la necesidad de avanzar en normas específicas de promoción industrial para favorecer las radicaciones de plantas industriales y fuentes laborales en la Región Patagónica en resguardo de una política nacional que alienta las importaciones extranjeras.
Presupuesto
Con relación a la proyección presupuestaria para el año 2018, la diputada Dufour formuló diversas consultas al ministro Pablo Oca sobre la obtención de recursos económicos para el desarrollo del Chubut en un contexto de menor carga tributaria (según pacto fiscal) y cómo se afrontará el mayor endeudamiento provincial con perspectiva de futuro.
Tras explicar Oca sobre disponibilidad de fuentes de financiamiento, el ministro coordinador salió al cruce de los planteos señalando que no se debe temer por el pacto fiscal dado que no implica desbalanceos para el presupuesto provincial.
En severa réplica, los diputados de extracción sindical, Fita y Gómez, aludieron a las pérdidas de fuentes de trabajo en Chubut y reiteraron sus críticas a la política económica nacional en un contexto inflacionario.
Sobre la posible incidencia que podría tener el Pacto Fiscal acordado con Nación en la política de combustibles para esta región patagónica y en la aplicación del Fondo Estímulo del Trabajo, Oca aseguró que no están afectados.
Cuestionan artículo del presupuestario
También los diputados plantearon la intención del gobierno de introducir un polémico párrafo en torno a modificación del espíritu del artículo 18 del proyecto de ley presupuestaria para el ejercicio 2018, en torno al destino específico del bono hidrocarburífero.
No obstante explicar los ministros que no había cambios en lo que concierne al primer párrafo, respetándose a municipios y comunas, en lo que respecta a la parte provincial, se trata de un concepto estructural, lo que se interpretó legislativamente como una redacción confusa por considerarse específicamente a sugestivo criterio de “políticas públicas”.
Ante consultas puntuales sobre destinos de esos recursos, el ministro Oca se refirió a obras y servicios públicos, y no se trata de transferencias para gastos corrientes, por caso pago de sueldos.
Por las dudas expuestas, se propuso a los funcionarios del PEP desterrar esa polémica redacción que lleva a confusión y establecer con claridad el criterio de disponibilidad para fines específicos, por caso obras de infraestructura y bienes de capital, evitando así una polémica en la propuesta presupuestaria que hace “muchos ruidos”, según coincidieron los diputados Meza Evans y Touriñán.
La diputada Navarro expresó también conceptos críticos a ese polémico artículo.